Hoy en día, con el número de internos disminuyendo poco a poco desde 2010, parece improbable que el Estado retome aquel plan. Ni siquiera Acaip, el sindicato mayoritario entre los funcionarios, consideraría lógico hoy que se acometiera la ampliación, pese a que la ratio de celda por persona que establece la legislación está lejos de cumplirse, aun reduciéndose la población reclusa.
La cárcel ha bajado de 500 presos, la menor cifra de su historia reciente. Y lo ha hecho, como causa principal, porque numerosos reos extranjeros se han acogido a la posibilidad de conmutar sus penas a cambio de ser expulsados de España. En 2011 entraba en vigor una instrucción de Justicia para promover el regreso a su país de origen de los presos extranjeros con escasas posibilidades de permanecer legalmente en España. Al cumplir la mitad de la pena impuesta en sentencia, se les ofrece la posibilidad de cumplir la libertad condicional en su país de origen, lo que siempre requiere el beneplácito del recluso.
El propio Código Penal establece que la pena privativa de libertad inferior a 6 años puede sustituirse por la expulsión del territorio nacional. En época de vacas gordas, los inmigrantes se negaban a regresar a su país. «Siempre era mejor encontrarse en España, aun habiendo pasado una temporada en prisión, que volver a un lugar sin posibilidades», indican desde Acaip Burgos. Ahora, sin embargo, todo ha cambiado. «Muchos extranjeros no tienen esperanza de encontrar trabajo aquí cuando concluyen la condena y prefieren regresar con sus familias a sus estados de origen», resumen las mismas fuentes.
Además, «algunos jueces están  imponiendo para determinados delitos trabajos en beneficio de la comunidad en lugar de penas de cárcel», lo cual también está desahogando algunas cárceles, como la de Burgos.
Desde 2010, según los datos que maneja Acaip, la población penitenciaria de Burgos no ha hecho más que decrecer. En ese año había en prisión un total de 539 presos, pero a lo largo de la primera década del siglo llegaron a superarse los 600 en algunos periodos. Al año siguiente bajaba la cifra a 504; en 2012, se situaba en 491, y en estos precisos momentos hay 482. Aun así, desde el sindicato explican que en la mayoría de las 270 celdas individuales de la prisión hay dos reos. «Si no sería imposible acoger a los 482», pues aparte solo hay 3 celdas dobles y una habitación colectiva. Las cámaras de aislamiento -utilizadas presos que han creado algún conflicto o que necesitan protección- no están contabilizadas en el cómputo global. Tampoco las de enfermería.
Los funcionarios perciben en su trabajo esa disminución de presos, «entre otras cosas porque baja mucho la tensión». «Lógicamente, con 70 personas menos en un recinto como éste hay menos posibilidades de que surjan conflictos», indica Acaip. Pero lo lógico es que hubiera «uno por celda», porque los problemas de convivencia «obligan a hacer cambios continuos, y no siempre se acierta».
En la actualidad hay en la prisión de Burgos 222 funcionarios. Lo cual no quiere decir que toquen a casi uno por preso, ya que muchos de ellos se dedican a labores que no tienen que ver con la vigilancia de la población reclusa. Para el control de presos hay actualmente 86 trabajadores, si bien no todos trabajan en el mismo turno, solo lo hacen 17. Además, en los próximos días 2 compañeros que cumplen 57 años -edad a la que pueden optar a otro puesto distinto al de vigilante- abandonarán la actividad, con lo que se quedarán en 84. «Tenemos una plantilla experimentada, eso es una ventaja, pero mucho personal está a punto de ‘jubilarse’», se lamentan.
La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) contempla que para estas labores ha de haber 15 encargados y 85 efectivos de vigilancia interior, «con lo que serían necesarias al menos 14 personas más», indican desde el sindicato mayoritario. Acaip está a la espera de si el Gobierno fija para su sector una tasa de reposición de funcionarios similar al de las fuerzas de seguridad, «porque si no en unos años la cárcel se va a quedar en cuadro».