Los presos a los que se les ha denegado el tercer grado son Iñaki Rekarte, Kepa Pikabea y Aitor Bores, tres históricos de ETA y desde hace tiempo destacados disidentes de la organización. Expulsados de ETA y de su Colectivo de Presos, se encuentran internos en la cárcel alavesa de Zaballa, sustituta de la prisión de Nanclares de Oca que dio nombre a esta corriente en la que internos de la banda manifestaban su ruptura con la organización criminal a cambio de beneficios penitenciarios.
La Junta de Tratamiento de esa prisión vasca aprobó el 13 de septiembre de 2012 una propuesta de concesión de tercer grado en virtud del artículo 83 del Reglamento Penitenciario para Pikabea. El 25 de noviembre aprobó para Rekarte una propuesta de tercer grado en virtud del artículo 86, que prevé control telemático por el que ni siquiera tendría la obligación de acudir a la cárcel a pernoctar.
En el caso de Bores la propuesta formulada, también en noviembre, es de un 100.2, artículo por el que se permite salir a diario unas horas de prisión para estudiar o formarse, excepto los fines de semana. En esa situación se encuentran ahora Pikabea y Rekarte así como otros dirigentes como el histórico José Luis Álvarez Santacristina, alias Txelis. La propuestas de las Juntas de Tratamiento de las prisiones deben ser elevadas a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para que otorgue su visto bueno o se oponga como ha sido este caso. En una decisión conjunta, el Departamento que dirige Ángel Yuste rechazó el pasado 13 de enero las tres propuestas. Las defensas de los tres presos han recurrido esta decisión por lo que la última palabra la tendrá el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional.
Según las fuentes consultadas, entre las razones esgrimidas por Prisiones figuran las largas penas a las que fueron condenados los tres terroristas así como la elevada responsabilidad civil que les resta por abonar (se trata de uno de los requisitos para acogerse a medidas de reinserción). En el caso de Rekarte abona en torno a 40 euros al mes y aún adeuda 1.200.000 euros en concepto de indemnizaciones por sus delitos. En el caso de Bores, la deuda asciende a 600.000 euros.
Desde el Ministerio dan por amortizada la denominada Vía Nanclares potenciada en la anterior administración socialista con la intención de fomentar las deserciones en ETA y dividir al colectivo. Sin embargo, las expectativas generadas en torno a la declaración de cese definitivo de ETA frenaron en seco el goteo de disidencias.
fracaso del plan de reinserción El Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz admite abiertamente que la Vía Nanclares forma parte del pasado. En su lugar apostaron por un plan de reinserción para presos de bandas terroristas y crimen organizado que un año después de su presentación no ha dado ningún resultado y que generó el rechazo de las víctimas del terrorismo.
Esta oposición de Interior a las propuestas de la Junta de Tratamiento de Zaballa se produce después de que Prisiones también se opusiera entre marzo y septiembre a la concesión de permisos penitenciarios para otros tres presos disidentes, José Luis Urrusolo Sistiaga, Rafael Caride Simón y Valentín Lasarte. El juez terminó aceptando el criterio de Interior y los permisos no fueron concedidos.
El argumento en los tres casos fue el mismo: el magistrado reconoce que la evolución de los presos "es positiva", pero "la cuantía de la condena aleja en este momento las fechas legalmente exigibles para obtener cotas de semilibertad. Por lo que resulta prematuro el permiso pretendido". Desde Interior comentaron entonces que "es un error interpretar la decisión del juez de Vigilancia Penitenciaria en clave de mensajes, es una clave de estricta legalidad". Lo cierto es que existen otros casos en los que presos de otras organizaciones terroristas si están recibiendo permisos penitenciarios. Al menos dos presos de los GRAPO, Guillermo Vázquez Bautista e Israel Moleón Martínez, han disfrutado de varios permisos de salida durante los últimos meses, llegando a salir de la cárcel unos días durante las fechas navideñas, según informan fuentes jurídicas y penitenciarias.