Cada vez son más las personas condenadas a realizar trabajos en beneficio de la comunidad. Son muchos los sentenciados con 20 a 40 días de trabajo por conducir bajo los efectos del alcohol, o los que tienen que trabajar más de 100 días por cometer delitos relacionados con la violencia de género. El problema del Centro Penitenciario de Cáceres, que gestiona que se cumplan estas medidas, es encontrar las suficientes instituciones y empresas en donde cumplir estas penas.

Lo dice con claridad José Pedro Rejas, director de la prisión de Cáceres: «Hago una súplica a las instituciones públicas y a empresas privadas para que colaboren, porque estas personas tienen que cumplir su pena».

Lo indicaba en la mañana de ayer tras firmar un convenio con el decano del Colegio de Abogados de Cáceres, Carmelo Cascón, y con el del Colegio de Procuradores, Antonio Roncero. Las dos instituciones tratran de dar ejemplo y acogerán, respectivamente, a tres y un penado.

María Ángeles Sánchez, subdirectora del Centro de Inserción Social Dulce Chacón de Cáceres, y el director del centro penitenciario agradecían la ayuda a los dos colegios profesionales, esperando que sirva para animar a otros colectivos.

José Pedro Rejas daba datos con los que se comprueba que cada vez se aplican más las medidas de penas alternativas a la cárcel, que han aumentado sobre todo a partir del 2004 cuando el legislador potenció esta medida en vez de las multas. «En el año 2000 no hay ninguna ejecutoria de cumplimiento, pero en el 2004 aparecen 2.504 y en 2010 ya son 234.000 las ejecutorias. En 2011 y 2012 la cifra ha bajado a 140.000 pero sigue siendo muy elevada».

Una manera de ver las muchas personas condenadas en la provincia de Cáceres con penas alternativas a la cárcel es saber que ayer había 522 presos en el centro penitenciario, mientras que otros 506 cumplían penas que no incluyen la privación de la libertad. De ellos, 367 estaban realizando trabajos en beneficio de la comunidad, 73 por violencia de género, 32 en medidas de seguridad y 34 en suspensión de condena por delitos menores.

Hay 100 personas que están esperando que se le designe en qué lugar trabajarán en beneficio de la comunidad.

Rejas señala que en toda la provincia cuentan con 283 instituciones y empresas a los que enviar a este tipo de penados. Entre estos se encuentran 231 ayuntamientos, en el que el que más colabora es el de la ciudad de Cáceres con 22 plazas; hay 12 instituciones públicas; 22 asociaciones y 13 oenegés. Cuentan con 54 plazas dentro del propio centro penitenciario de Cáceres, en donde hacen funciones como atender la biblioteca.

Las instituciones y empresas que colaboran no tienen que pagar nada, al asumir Instituciones Penitenciarias el gasto de Seguridad Social y el seguro de accidentes. El penado trabaja cada día tres horas.

Tanto la subdirectora del Centro de Inserción Social Dulce Chacón como el director del centro penitenciario de Cáceres, insisten en que hay un control para que la pena de estos sentenciados no suponga disminuir los puestos de trabajo de la institución pública o empresa.