No entraba en los planes que este personal decidiera vivir lejos del municipio y subiera en autobús desde Castellón ciudad todos los días a trabajar. Así que el alcalde de la localidad, Antonio Querol, reclama a Instituciones Penitenciarias que elimine este servicio para que los empleados se queden a vivir en el pueblo y, de este modo, se note cierto impacto económico.

“El Ministerio nos dice que no puede quitar esta prestación porque tiene un convenio con el sindicato de funcionarios de prisiones, pero cuesta entender que les paguen el transporte para ir a su puesto de trabajo”, señaló Querol, quien remarcó que esta conexión funciona justamente en los tres turnos del centro penitenciario y “perjudica” a la economía local.

sectores // “Si no existieran estos autobuses la gente se quedaría a vivir en Albocàsser, alquilaría o compraría viviendas aquí, haría negocio en las tiendas o iría a los bares”, explica el primer edil. Y recuerda que, ante la construcción de la cárcel y el hipotético aumento de habitantes que esta instalación traería consigo, se construyeron varias promociones de inmuebles que hoy están vacías.

“En el pueblo se levantaron hasta 150 casas a la entrada y en el centro que están sin ocupar y ya son del banco porque no han podido venderse ni arrendarse”, critica Querol, a la vez que acusa a las administraciones de no fomentar la población en el interior y mirar hacia otro lado.

“En el colegio cada vez hay menos niños, ahora no llegan a 100 alumnos, y nos van quitando líneas por falta de escolares, problema que se resolvería si parte de los funcionarios viviera aquí”, subraya el alcalde de Albocàsser, quien reconoce que la agudeza de la crisis económica, que coincidió con la apertura de la prisión, también ha podido ser clave a la hora de que los empleados hayan optado por no invertir en el municipio.

COMARCA // El escaso impacto económico de la prisión de Albocàsser es extensible a toda la comarca, ya que municipios cercanos como Vall d’Alba tampoco han experimentado un aumento de habitantes. “Aquí no se puede hablar de impacto económico, hay algún funcionario que vive alquilado, pero no es lo más habitual”, explica el alcalde de Vall d’Alba, Francisco Martínez. H