Con este fin, Instituciones Penitenciarias abonará una cantidad o módulo por cada recluso para atender sus necesidades de atención médica y sanitaria que puedan surgir. Este acuerdo, según el Gobierno, “supondrá un ahorro para la Administración Penitenciaria, al evitarle tener que pagar a la administración sanitaria autonómica correspondiente cada una de las facturas por cada acto de atención que preste a los reclusos en un centro penitenciario”.

En los textos que se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE) figuran las diferentes áreas de actuación (educación para la salud, medicina preventiva y vigilancia epidemiológica, salud ambiental, salud mental, etcétera), así como las obligaciones de las partes con respecto a cada una de dichas áreas.

La cantidad a aportar por el Ministerio del Interior es: para Andalucía, en el ejercicio 2013, 2.600.239,18 euros, y en el ejercicio 2014, 1.300.119,59 euros; para Extremadura, en el ejercicio 2013, 216.033,40 euros, y en el ejercicio 2014, 108.016,70 euros; para la Región de Murcia, en el ejercicio 2013, 269.563,80 euros, y en el ejercicio 2014, 134.781,90 euros; y para la Comunidad de Madrid, en el ejercicio 2013, 2.004.750 euros, en el ejercicio 2014, 4.009.500 euros, y en el ejercicio 2015, 1.002.375 euros.