La semana comenzó en Lehendakaritza con la nueva presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, recordando ante Iñigo Urkullu su "influencia" en el Gobierno de Rajoy. Dos días después, la presentación del Plan de Paz y Convivencia vuelve a llamar a las puertas de La Moncloa, esta vez para buscar una sintonía que permita al Ejecutivo vasco activar por primera vez en la historia su propio programa de reinserción de presos.

Este proyecto, bautizado como Hi-tzeman, forma parte de las iniciativas inéditas que el lehendakari presentó ayer "esperanzado", pese a que a nadie se le escapa la dificultad de la empresa. El mayor escollo aparece en este programa de reinserción de presos que el Gobierno Vasco quiere poner en marcha antes de que acabe la legislatura, una iniciativa con la que busca quebrar el inmovilismo en la política penitenciaria que desde el cese definitivo de la violencia anunciado por ETA, hace año y medio, se ha convertido en el nudo gordiano que, junto a la negativa de la organización terrorista a entregar las armas, paraliza el avance de nuevos pasos.

Para echar a andar, el programa requiere del visto bueno del Gobierno español y de los jueces de vigilancia penitenciaria, titulares y ejecutores de esta competencia histórica e infructuosamente demandada por la Administración vasca.

A la espera de que este alambicado trabajo de cocina dé sus frutos, con mediación de los populares vascos o sin ella, el boceto diseñado por el Gobierno de Urkullu recoge como primera cláusula el "compromiso genérico" con el nuevo tiempo ausente de violencia que los reclusos que quieran acogerse a esta vía estarán obligados a suscribir.

Esta iniciativa se enmarca en el paquete de 18 proyectos establecidos en el Plan de Paz y Convivencia, una batería de fórmulas donde también figura un inédito estudio sobre la tortura. Desde la Secretaría general encargada de la elaboración de este texto recordaron que en relación con el contencioso vasco existen cerca de 5.500 denuncias documentadas y 20 casos de sentenciados. Así las cosas, el Gobierno tiene previsto acometer un estudio sobre fiabilidad de las denuncias basándose en el llamado protocolo de Estambul.

El primer proyecto que verá la luz llegará pasado mañana a las manos del lehendakari en forma de informe donde se reunirán las vulneraciones de Derechos Humanos recogidas desde 1960 hasta este año.

La meta de este proyecto es, según se recoge en el Plan de Paz, ofrecer una "primera aproximación a los datos objetivos que fundamentan la necesidad de una memoria crítica del pasado sin equiparar ni excluir ninguna vulneración de derechos humanos", así como disponer de una "herramienta autorizada" que habilite la acción posterior del Gobierno en esta materia.

los autores Pero además de la riqueza que encierran estos objetivos, el informe cobra especial importancia dada la identidad de los cuatro autores ajenos a la dinámica del Gobierno que recibieron el encargo del lehendakari para completar esta tarea. Monseñor Juan María Uriarte, el profesor universitario Jon Mirena Landa y el exedil del PP en Bilbao Ramón Múgica se han encargado de este proyecto, junto a la exjueza progresista y exmiembro del Consejo General del Poder Judicial Manuela Carmena.

Esta no es la primera vez que la letrada asume un encargo del Gobierno Vasco, ya que durante la pasada legislatura, con el PSE al frente del Ejecutivo, Carmena tomó las riendas de la Oficina de Víctimas de abusos policiales.

Junto a estos proyectos, a lo largo de las 18 iniciativas contempladas por el Gabinete Urkullu también se recoge el desarrollo del Instituto de la Memoria, cuya aprobación en el Parlamento Vasco está prevista para antes de octubre, o la contribución al Memorial de las Víctimas del Terrorismo, tal y como contempla la ley de reconocimiento y protección a este colectivo, que se prevé aprobar el próximo año.