El acuerdo fue uno de los últimos protocolos firmados por el anterior ministro del Interior, Antonio Camacho (PSOE), en funciones en el momento en el que se produjo su aprobación en diciembre de 2011, con el anterior consejero de Interior, el también socialista Rodolfo Ares. Su firma se produjo un mes después de las elecciones generales en las que el PP ganó los comicios nacionales por mayoría absoluta —exactamente una semana antes de la toma de posesión de Mariano Rajoy— y fue publicado en el Boletín Oficial del Estado dos meses después, en febrero.
El protocolo aglutina un doble objetivo: por un lado, la reinserción de los presos de Zaballa, en la que se encuentran la mayoría de los presos de ETA y todos los de la conocida como vía Nanclares y, por otro, el impulso del voluntariado en materia de protección civil, “lo que redundará también en una mayor capacidad y eficacia en el rescate de las personas desaparecidas o extraviadas”.
En el año y medio que ha transcurrido desde su firma, el Departamento de Interior, ahora denominado de Seguridad, no ha contabilizado, ni con el PSE en el Gobierno ni con el PNV, ningún caso en el que un preso se haya sumado a las iniciativas que recoge el protocolo. Así lo explican portavoces del departamento, que explican que sí se dio el paso de formar a 15 reclusos como paso previo para incluir a algunos de ellos en el proyecto social.
Estos debían ser seleccionados por los responsables de la cárcel, mientras que el Ejecutivo autonómico se comprometía a facilitar la formación, la vestimenta — “no denotará, en modo alguno, la condición de recluso”—, la alimentación, el transporte y el seguro de accidentes. La participación de los presos en las labores de búsqueda supondría para el recluso, según el protocolo, un informe sobre su actuación para que forme parte de la valoración de la junta de tratamiento —encargada de conceder los permisos penitenciarios y de revisar el grado del recurso—.
Este mecanismo fue planteado con el objetivo de “incentivar e incrementar la formación” de los presos y ambas instituciones consideraron en el momento de su firma que es preciso “el establecimiento de vías concretas que posibiliten su participación social”. Son “vías que permitan que los reclusos se sientan orgullosos y fortalecidos en su autoestima al tener la oportunidad de colaborar con la sociedad a la que deben retornar y que les permita ayudar a terceras personas en situación de necesidad”, reza el protocolo, de tres páginas de extensión.
Sin embargo, desde la formación de ese grupo de reclusos, poco más se ha avanzado, explican fuentes de la consejería. El departamento de Estefanía Beltrán de Heredia está estudiando en la actualidad la viabilidad de poner en marcha esta iniciativa, ya que hay importantes peros en cuestiones de operatividad. La consejería explica que, en el caso de las búsquedas de personas desaparecidas, un elemento de crucial importancia es la inmediatez en la configuración de los equipos para realizar el rastreo, un elemento que en el caso de un preso sería difícil de materializar, indican. El protocolo indica que el Gobierno autonómico debe establecer junto con la cárcel cómo deben movilizarse los reclusos en el momento en que se activara una alerta por desaparición de una persona.