La prisión llegó a tener en 2010 un total de 1.628 reclusos, con una tasa de hacinamiento del 183,1 por ciento, superior a la media nacional. En 2011, la revisión de sentencias de drogas y de tráfico (que permitió a los reclusos optar entre la prisión y los trabajos en beneficio de la comunidad), hizo que esa cifra se redujese a 1.490 reclusos.

El descenso ha seguido profundizándose, hasta alcanzar los actuales 1.403 presos. No obstante, la capacidad operativa de la prisión, que cuenta con un total de 840 celdas, está situada en 1.300 reclusos. Este descenso de la población reclusa es general en todo el noroeste español, donde también se aprecia un desahogo de prisiones como Mansilla de las Mulas (León), Teixiero (La Coruña) o Bonxe (Lugo).

Según fuentes de la dirección de Villabona, la prisión asturiana acogía muchos presos procedentes de Andalucía y Levante, y la puesta en funcionamiento de nuevas cárceles en Madrid y el sur del país ha hecho que esos traslados se reduzcan a la mínima expresión. Por otro lado, la cifra de 1.403 presos es engañosa, puesto que más de 200 de esos reclusos se encuentran en el Centro de Inserción Social (CIS), situado físicamente fuera de los muros de la prisión. De los aproximadamente 1.200 presos restantes, la mitad están ingresado en los módulos libres de drogas, las unidades terapéuticas y educativas (UTE). Las mismas fuentes llamaron la atención además sobre el descenso de las condenas de prisión que se viene registrando en los últimos años.

Mientras las prisiones del noroeste van perdiendo población, las de Andalucía, Cataluña y Madrid acogen la mitad de los presos del país, en concreto 33.000 reclusos. El número total de presos en España asciende a 68.210, de los cuales 58.705 son penados y 9.505, preventivos. Asturias es la quinta autonomía con menor número de reclusos del país.

La reducción de los presos redunda en beneficio de los funcionarios. «Lo ideal sería que hubiese un preso por celda, pero para eso queda muchísimo. Es evidente que con un menor número de presos se reduce la conflictividad y es más fácil controlar a los reclusos», indicó Joaquín Alonso, de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), el sindicato mayoritario de funcionarios.