Según pudo saber ABC, desde 2003 se han contabilizado un total de 377 ataques de reos a trabajadores del complejo carcelario. El año más negro fue 2007, cuando hubo 60 agresiones, 41 sin resultado de lesión y 19 en las que fue necesaria la atención médica.

El año que acaba de terminar se ha cerrado con tan sólo seis incidentes de este tipo, frente a los 20 que se produjeron en 2012. Pero no se puede hablar de una tendencia bajista, puesto que en 2011 se registraron 10, mientras que en 2010, fueron 26. Es decir, el número de incidentes va oscilando.

En lo que respecta a las agresiones entre los propios internos, 2013 finalizó con 38, frente a las 59 con las que acabó el ejercicio anterior. Aunque en este capítulo el total contabilizado va variando y tampoco existe una tendencia, lo cierto es que las últimas cifras registradas en relación a este tipo de altercados están muy alejadas de los 90 incidentes de 2010.

Módulos conflictivos

La mayoría de los episodios violentos se producen en cuatro módulos: 9, 10, 13 y 14. Se denominan «zona cero», porque en ellos se concentran los internos que están peor adaptados al reglamento penitenciario, y son los reos más agresivos los que suelen ocasionar más problemas.

La falta de personal suficiente propicia una patente falta de control sobre los condenados, según denunciaron los trabajadores en más de una ocasión. Así, cada uno de los 17 módulos de celdas del recinto, con capacidad para 144 internos, cuenta con tan sólo dos funcionarios para vigilar a los penados y atajar cualquier incidente. «Las peleas, intentos de motines y altercados son constantes y resulta muy peligroso y complicado que esos sucesos se puedan controlar con ese número de personas», advirtieron fuentes del complejo a ABC.

En este sentido, se dan situaciones chocantes, como que haya días en los que «sólo hay un trabajador por módulo, de modo que no puede estar continuamente con un ojo puesto en los reclusos. La verdad es que nos sorprende que aún no haya pasado nada más grave», añadieron las mismas fuentes.

Pero eso no es todo. El personal del que se surte el Centro de Inserción Social (CIS) Carlos García Valdés, ubicado en Las Quemadas, procede de la prisión de Alcolea. Es decir, que no dispone de empleados propios, sino que «cuando, por ejemplo, hace falta un sanitario, acude el de la prisión».

El presente año ya ha sumado el primer altercado a la lista negra de incidentes. El pasado 2 de enero, tres funcionarios del centro penitenciario resultaron heridos como consecuencia de una agresión protagonizada por un interno clasificado de primer grado, ante la negativa de ser cacheado.

Según el sindicato Acaip, el incidente tuvo lugar cuando el interno ingresó en la cárcel cordobesa procedente de Madrid y con destino al centro gaditano el Puerto III.

El recluso, J.M.C., propinó un golpe a unos de los trabajadores en el pómulo, rompiéndole las gafas. «Lejos de deponer su actitud, el preso continuó dando patadas y puñetazos, lesionando a otro funcionario en el labio inferior, y al tercero, en una muñeca, a la par que insultaba y amenazaba de muerte a los empleados», y finalmente tuvo que ser reducido por medios mecánicos, añadieron las fuentes.