La descripción pertenece a un interno de 32 años del centro penitenciario de Badajoz, y forma parte del informe que el 7 de junio de 2013 emitieron los jefes de servicios de esa cárcel. Cinco días después, la Junta de Tratamiento, por unanimidad, vio la necesidad de trasladar a este recluso de Badajoz. Propusieron enviarle al centro penitenciario Sevilla 2 (está en Morón de la Frontera), o al de Córdoba o al Puerto III; pero al final se le destinó al centro penitenciario de Cáceres. El preso problemático, está encarcelado en Badajoz desde el 18 de marzo de 2010, es multirreincidente, cumpliendo once penas que suman 13 años y 11 meses de cárcel. Los delitos que ha cometido son: estafa, falsificación, contra la propiedad y apropiación indebida. Durante su estancia en la prisión de Badajoz ha acumulado 12 expedientes disciplinarios, por lo que se propuso su traslado por su inadaptación al centro. El 16 de julio de 2013 la Subdirección General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria del Ministerio del Interior acordó su traslado a la cárcel de Cáceres. El preso considerado violento recurrió en los tribunales esta decisión, al considerar que no se tenía en cuenta la finalidad de reeducación y reinserción que corresponde a las penas privativas de libertad, «pues el alejamiento de su entorno familiar y afectivo infringe su derecho a la vida familiar». El Tribunal Supremo indica que el traslado a Cáceres es totalmente legal, ya que es una decisión que entra dentro de las competencias de Instituciones Penitencias. También se advierte en la sentencia que le envían a una cárcel dentro de su comunidad autónoma.