Fuente: Huelva Información Digital

El aumento de la población reclusa, que a fin de año se situó en 1.735 internos (y a fecha de hoy sobrepasa los 1.830 reclusos), ha tenido como consecuencia que se disparen algunas estadísticas en el centro, como los expedientes de libertad condicional, que pasaron de los 188 del año 2005 a los 203 del pasado año. En paralelo, según el análisis de la Fiscalía, se ha registrado un incremento de revocaciones de la libertad condicional, y en 2006 se duplicó la cifra, que ha saltado de doce a 24, un salto que el Ministerio Público considera “preocupante” y que guarda relación con la actuación del centro. “En el momento en que se propone al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria la concesión del beneficio, existe cierta precipitación por parte de la Junta de Tratamiento de la cárcel -subraya- a la hora elevar al juzgado el informe favorable de pronóstico de integración social en los diferentes expedientes. Tal es así que el fiscal ha informado desfavorablemente en numerosas ocasiones respecto a la concesión de la libertad condicional y simultáneamente ha solicitado la regresión a grado del interno.

La Fiscalía ha detectado además “la falta de un ejercicio efectivo y recto de las funciones tutelares atribuidas a los Servicios Sociales Penitenciarios”, punto en el que destaca deficiencias en el seguimiento de los liberados (hasta el punto de desconocer si ha cometido delitos, falta del domicilio o ha incumplido las pautas de desintoxicación), además de faltar a la obligación de remitir informes trimestrales algunas veces, con importantes demoras en las comunicaciones.

En el último ejercicio, en el que fallecieron seis internos, aumentaron igualmente los expedientes disciplinarios administrativos incoados, pasando de los 962 del año 2005 a los 1.196 del año 2006, lo que a su vez ha repercutido en el volumen de expedientes judicializados, que ha sido de 315, frente a los 247 expedientes que arrojó el año 2005. En cuanto al uso de medios coercitivos en la prisión, se ha registrado un notable incremento de los expedientes tramitados, de 416 del año 2005 a los 510 del año 2006, “lo que viene a ser fiel reflejo del aumento del nivel de conflictividad en el centro, en gran medida fruto de la masificación”.

Pese al incremento, aproximadamente en cien de internos respecto del año 2005, “paradójicamente -remarca- tan sólo se ha incrementado en cinco el número de trabajadores totales, por lo que la Fiscalía urge a la Administración forma urgente a los organismos a crear empleo público, al tiempo que aplaude “la dedicación profesional” tanto del director del centro como de los diferentes responsables y el trabajo realizado para “adaptar los medios personales a las necesidades del momento”.

Tras hacer un paréntesis en el progresivo crecimiento de internos con problemas psiquiátricos en la macrocárcel de Huelva, considera un asunto de primera línea las conducciones de los internos a los hospitales tanto para someterse a pruebas médicas o para ingresar. La Fiscalía insiste en los múltiples problemas que se habían suscitado ya que “las que hasta entonces eran faltas puntuales y justificadas de conducción” por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se habían convertido en el ejercicio anterior en “una tónica habitual”. Concretamente, precisa que fueron un total de 114 los internos que, contando con cita previa, en el curso del año 2006 no pudieron ser atendidos por los profesionales médicos ajenos a Instituciones Penitenciarias.

En su análisis, deja a un lado el coste económico anual que supone destinar y mantener una unidad policial para este trabajo y precisa que únicamente existen asignados al servicio catorce agentes y dos vehículos, teniendo en muchas ocasiones que reclutar la Policía Nacional miembros de grupos distintos para atender la incesante demanda de desplazamientos. “Este caudal humano resulta absolutamente insuficiente para llevar a cabo todos los traslados hospitalarios, si se tiene en cuenta que también tienen asignada la conducción de presos y penados a vistas penales”, afirma.

La Fiscalía considera necesaria una revisión de los convenios existentes entre Instituciones Penitenciarias y los centros hospitalarios, a fin de unificar las conducciones, a lo que añade que, por seguridad, “se hace igualmente aconsejable cuando no urgente” el acondicionamiento de salas de espera en el hospital, o, en su defecto, que los enfermos procedentes de prisión tengan absoluta preferencia para ser atendidos.

Por otra parte, en la memoria se destaca que desde mediados de 2005, por el centro Penitenciario se dejó de remitir a la Fiscalía de Huelva, sin causa que lo justificara, la documentación relativa a los cacheos con desnudo practicados en la cárcel, para en cambio comenzar a dirigirlos al Juzgado de Vigilancia, con la consiguiente judicialización del expediente administrativo, “algo que nunca se había hecho”.

Pese a que se celebró este control judicial sobre las intervenciones corporales, se recordó al Departamento de Régimen del centro que, a efectos de velar por el respeto a los derechos constitucionales de los internos, las órdenes de la dirección debían ser remitidas a la Fiscalía.