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“No había ninguna razón que hiciera previsible” lo sucedido en la madrugada del 15 de febrero de 2010 en una celda de la cárcel de Tahíche, donde un interno se quitó la vida. Tampoco cabía exigir “mayor vigilancia o atención por parte de los distintos funcionarios o la adopción de medidas de cautela especiales que, no hay que olvidar, en muchos casos pueden chocar con derechos fundamentales de la persona”. Eso es lo que concluye una sentencia de la Audiencia Nacional, que ha rechazado el recurso presentado por la mujer y los cinco hijos del fallecido, que reclamaban inicialmente una indemnización de 96.026 euros al Estado.
La secretaría de salud laboral del sindicato de prisiones Acaip (Agrupación de los Centros de la Administración de Instituciones Penitenciarias) ha elevado una queja a la subdirectora general de Recursos Humanos de IIPP por la "forma en que se han realizado los reconocimientos médicos de la campaña de Vigilancia de Salud 2014 a los trabajadores de los centros de Huelva, el de La Ribera y el CIS (Centro de Inserción Social). Una de las críticas es que los funcionarios han tenido que utilizar sus vehículos particulares ya que la delegación de la empresa adudicataria (para realizar los reconocimientos) se encuentra "en un polígono industrial alejado del núcleo urbano", por lo que resulta "imposible" llegar en transporte público.
