AL SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Don Angel Luis Ortiz:

En esta semana, hemos tenido conocimiento de la entrada en los centros penitenciarios de un Protocolo de denuncias por malos tratos elaborado por la Subdirección General de Análisis e Inspección supuestamente complementaria de la Orden de Servicio de 1 de julio de 2019 de la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social sobre el “Deber del parte de Lesiones”.

De nuevo, la Administración Penitenciaria que usted dirige vuelve a faltar al respeto, la profesionalidad y la honorabilidad del personal penitenciario, reiterando, en el tiempo, la mezquindad de sembrar dudas en nuestra actuación profesional.

Ya en el año 2019, esta organización sindical presentó un escrito al Ministro del Interior solicitando su cese y la retirada de la Orden citada por motivos realmente obvios y que siguen siendo perfectamente aplicables a este momento temporal:

1. Cuando se habla de “erradicar la duda sobre la existencia de posibles abusos y desviaciones de poder por parte de quienes ejercemos una función pública”, se generaliza y criminaliza a un colectivo sin ningún motivo objetivo. Sobre todo, cuando usted conoce perfectamente los datos referidos a los expedientes disciplinarios y las sanciones a los trabajadores penitenciarios: sobre 758 Informes de Inspección por supuestos malos tratos en el periodo 2009-2018 únicamente se han producido 11 sanciones y en los nueve primeros meses de 2020 según una respuesta parlamentaria se habían recibido 18 denuncias, estando todas archivadas excepto cuatro que seguían investigándose judicial o institucionalmente.