AL SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

ASUNTO: SOLICITUD CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE MESA DELEGADA DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Con motivo de la información trasladada a las organizaciones sindicales, vía correo electrónico, por la Subdirección General de Recursos Humanos, de que se van a iniciar actuaciones junto con el Ministerio de Defensa, para facilitar el acceso a militares profesionales de tropa y marinería y a reservistas de especial disponibilidad al servicio público penitenciario. Y por la repercusión que tiene en las condiciones laborales del personal penitenciario, siendo materia objeto de negociación, las organizaciones sindicales representativas cumpliendo los requisitos que se especifican en el Reglamento de Funcionamiento interno de la Mesa delegada, SOLICITAMOS la convocatoria extraordinaria de la mesa delegada en los próximos días.

En Madrid, a 8 de enero de 2020.

Fuente: El País

Instituciones Penitenciarias anuncia a los sindicatos que con la medida pretenden incrementar la plantilla, que en la actualidad es de 23.000 trabajadores Los Ministerios de Interior y Defensa estudian ampliar el número de funcionarios de prisionescon la incorporación preferente a la plantilla de las cárceles españolas de soldados profesionales que abandonen el Ejército. El plan contempla ofertar plazas “de forma exclusiva a militares profesionales de tropa y marinería que se encuentren en los últimos diez años de su compromiso de larga duración y para los reservistas de especial disponibilidad” del Ejército, según un correo electrónico remitido este martes por el subdirector general de Recursos Humanos de Prisiones, Eugenio Arribas, a los sindicatos penitenciarios al que ha tenido acceso este periódico. Fuentes oficiales del departamento confirman que el plan está en estudio, pero aseguran que está en una fase muy inicial y que aún deben perfilarlo tanto con el Ministerio de Defensa como con Hacienda. Las organizaciones sindicales de Prisiones ya han mostrado sus recelos a la medida. La carta del alto responsable de Instituciones Penitenciarias detalla que la incorporación de los militares se considera “muy favorable” para incrementar el número de efectivos en servicio en las prisiones y que la medida estaba ya contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, que siguen en vigor tras prorrogarse.

La idea es que las plazas que se convoquen para militares profesionales no computen a efectos de tasa de reposición (las que se compongan para cubrir las bajas y jubilación de funcionarios de prisiones), sino que sirvan para incrementar la plantilla, cifrada en 23.000 trabajadores, muchos de ellos por encima de los 50 años, como vienen denunciando desde hace años los sindicatos de Instituciones Penitenciarias. “Lo consideramos muy favorable porque entendemos que se trataría de efectivos que se sumarían a la Oferta de Empleo Público habitual”, añade el alto cargo de Prisiones en la carta. La medida permitiría a Defensa dar una salida laboral a una parte de los aproximadamente 50.000 militares profesionales que tendrán que abandonar de aquí a 2036 las Fuerzas Armadas por cumplir los 45 años. En junio, la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, firmó un convenio similar con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el que se pretende facilitar la incorporación de este colectivo como agentes de las policías locales e, incluso, como funcionarios o personal laboral de los consistorios y diputaciones. La propuesta para Prisiones ha cogido por sorpresa a los sindicatos penitenciarios. Este miércoles, la principal organización, Acaip-UGT, ha emitido un comunicado en el que recalcaba que la propuesta era “absolutamente novedosa” y que hasta ahora nunca se había puesto sobre la mesa por parte del Ministerio del Interior.

El sindicato solicitará de manera urgente información para conocer “cuáles son las condiciones de esta posible contratación, en qué concepto, si existen cupos y cómo se estructuraría, a qué plazas accederían”, así como el contenido del convenio que se firmaría con Defensa. Fuentes de Instituciones Penitenciarias insistían este miércoles en que la idea está aún "en una fase inicial. Es verdad que existe esa posibilidad y se va a estudiar, pero aún no hemos concretado nada con Defensa", añaden.

La propuesta se conoce solo una semana después de que Interior se viera obligado a destinar a cerca de 240 guardias civiles y policíasa reforzar la seguridad exterior de las 15 cárceles existentes en Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha después de que quedase desierto el concurso público para cubrir 200 plazas de vigilantes privados en las mismas. La quiebra financiera de Ombuds, la empresa de seguridad que hasta ese momento prestaba servicio en estas prisiones, y la negativa de otras compañías a concurrir el concurso por el elevado importe de las deudas que deberían asumir obligó a Interior a poner en marcha un plan de contingencia hasta que se adjudique el nuevo concurso. La medida, que se hizo efectiva a las 12 de la noche del pasado 31 de diciembre, ha provocado algunos problemas, según denunciaron sindicatos de prisiones. Sin embargo, fuentes de la Guardia Civil insisten en que “en ningún momento se ha producido una merma de seguridad” de los recintos penitenciarios. La medida también se produce en un enquistado conflicto laboral en Instituciones Penitenciarias desde la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy, y que se ha recrudecido tras la llegada al poder del PSOE y el nacimiento de un movimiento que se presenta como “asindical” bajo el nombre de Tu Abandono Me Puede Matar. Las organizaciones sindicales tradicionales reclaman una equiparación salarial similar a la que el ejecutivo del PP acordó en su día con los representantes de los policías nacionales y guardias civiles, además de una ampliación de las plantillas y la concesión a los trabajadores penitenciarios de la condición de agentes de la autoridad. Hasta ahora, las negociaciones han estado estancadas a la espera de unos nuevos presupuestos. El anuncio de la incorporación de soldados profesionales es el primer movimiento en meses.

En el.dia de hoy el presidente de Acaip José Ramon Lopez ha mantenido una reunión con la portavoz del.Partido Popular, Cayetana Alvarez para impulsar el diálogo y encontrar soluciones a los problemas laborales que sufre el colectivo. 

El Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, es un centro de referencia de generación de conocimiento y de valor público adscrito al Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

La sociedad actual se caracteriza por profundos cambios en los modos de relación facilitados por la revolución digital que vivimos en las últimas décadas y que, a su vez, implican nuevas expectativas y demandas por parte de la ciudadanía hacia las Administraciones públicas.
Adaptarse a esos nuevos retos no implica únicamente llevar a cabo transformaciones tecnológicas de los procedimientos, sino que requiere una profunda revisión de las organizaciones públicas, incluyendo la cultura de trabajo.

Estimad@s ompañer@s:

En el día de ayer recibimos un correo electrónico del Subdirector General de Personal de II.PP., que textualmente establecía lo siguiente:

“Buenos días a todos/as:

Sin perjuicio de que sobre el tema os vayamos ofreciendo más información según se vayan produciendo avances, queremos comunicaros que, junto con el Ministerio de Defensa, la Administración Penitenciaria, por considerarlo muy favorable de cara a incrementar en número de efectivos que en la misma puedan llegar a prestar servicio, iniciará las actuaciones administrativas que puedan resultar necesarias para materializar la posibilidad que ofrece el artículo 19.10 de Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, que pasamos a transcribiros:

ADEUDA A SU PERSONAL LABORAL LA ACTUALIZACIÓN DE SALARIOS DEL AÑO 2019

Aunque la Administración ha hecho oídos sordos, hemos reivindicando sin descanso la actualización de las retribuciones que el Personal Laboral del ámbito del Convenio Único, como consecuencia de la firma del IV CÚ, tiene que percibir desde el 1 de enero de 2019. Sin embargo, el retraso continuado por parte de Función Pública a la hora de abordar y concluir los trabajos de Encuadramiento del personal en los nuevos Grupos Profesionales del IV Convenio Único ha sido la excusa perfecta para que los trabajadores aun no perciban el salario que les corresponde. La consecuencia es que la deuda que la Administración General del Estado acumula respecto a su Personal Laboral del CÚ es cuantiosa y debería ser motivo de sonrojo. No existen razones objetivas, el encuadramiento no debería haber sido impedimento dado que no hay diferencias salariales entre las distintas especialidades

Fuente: El Cierre Digital

Según ACAIP, en 2019 fallecieron 177 presos, sin contar los que murieron tras ser trasladados al hospital, y en 2020 ya han muerto tres.

Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) señaló que la campaña antidroga presentada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha resultado “inútil” ya que han encontrado en Huelva y Sevilla dos presos muertos por culpa de ellas. En la prisión de la provincia onubense el interno habría fallecido “presumiblemente por sobredosis de sustancias ilegales y psicotrópicas”, según el informe de ACAIP.
En la mañana del jueves fue encontrado al recuento de primera hora en el módulo 7 de la prisión de “La Ribera” en Huelva un interno fallecido. Según ACAIP Huelva, este recluso habría perdido la vida “presumiblemente por sobredosis de sustancia ilegales y psicotrópicas”.

En Sevilla, en el centro penitenciario “Sevilla-1” otro preso fue encontrado muerto en su celda por causas que todavía se están investigando. El fallecido, J.C.M. de 50 años, no tenía signos de violencia y una de las hipótesis que se barajan es que fuera por la misma causa que el interno de Huelva: drogas.

Por ello, la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) quisieron denunciar “la inutilidad de la campaña navideña de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que pretendía concienciar ante la entrada ilegal de drogas y sustancias psicotrópicas en prisión”.

El lema que llevaba la campaña de la Secretaría era “Si pasas droga en prisión, tu próxima visita podría ser en el cementerio”, un mensaje que no ha calado muy hondo en los presos, ya que no han pasado diez días y han fallecido dos presuntamente por las drogas.

Uno de los puntos que señala esta situación ACAIP es que “las pautas de reparto directa de medicación psicotrópica a la población reclusa, que la propia Administración considera como ingente, a modo de ejemplo durante estas fiestas navideñas en una sola atacada para cinco días. Provocando consumo abusivo y tráfico de estas sustancias entre la propia población reclusa que en su mayoría tiene antecedentes de drogodependencia”.

En el año 2019, según ACAIP, fallecieron 177 internos en las cárceles, sin contar los que murieron después de ser trasladados al hospital. En 2020 ya han perdido la vida tres, contando con el fallecido de Huelva y el de Sevilla.

Campaña de prevención

 La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias lanzó a finales de 2019 una campaña de sensibilización entre la población reclusa para prevenir la entrada de drogas y otras sustancias prohibidas en las cárceles. La campaña llevaba un lema muy conciso: "Si pasas droga en prisión, tu próxima visita podría ser el cementerio" y junto al mismo se muestra una fotografía de un cadáver tapado sobre una camilla. Con esta campaña, Instituciones Penitenciarias lo que buscaba era reducir el número de fallecidos por consumo de drogas en las prisiones y también controlar y disminuir la demanda de estas sustancias entre los internos.

Los carteles y folletos de esta campaña fueron colocados en los departamentos de comunicaciones, salas de espera, locutorios y otras dependencias de los centros penitenciarios. En los dípticos se recogen las consecuencias que tienen para los visitantes si se les descubre intentando pasar droga a un recluso. Y además lleva un código QR que, una vez escaneado, revela la siguiente frase: "¡Me mató la droga que me pasaste!".

La campaña fue creada creada y coordinada por las áreas de Seguridad, Sanidad y Tratamiento, con la pretensión de contar con la colaboración, no sólo de los trabajadores de las prisiones, sino de otros agentes que participan con la Administración Penitenciaria en su labor reinsertadora y, por supuesto, de los familiares y amigos que tienen comunicación con los internos en un centro.

Fuente: El Confidencial

Desde el pasado 1 de enero, los agentes sustituyen a medio millar de vigilantes privados que se han quedado sin empleo por la falta de previsión de Interior ante la quiebra de Ombuds

Decenas de guardias civiles se hicieron cargo de la seguridad de las prisiones de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura el pasado 1 de enero. El Ministerio del Interior les encomendó esta tarea después de que quebrara la empresa de seguridad Ombuds, que hasta el pasado 31 de diciembre tenía la responsabilidad de asumir el trabajo en cumplimiento de la adjudicación del concurso público, y de que ninguna mercantil se presentara a la nueva licitación para sustituir a esta sociedad, que no tenía capacidad para hacer frente a las nóminas de sus empleados durante más tiempo.

Los 500 vigilantes de seguridad de Ombuds, cuya esperanza solo pasaba por que alguna empresa se presentara al concurso y les subrogara, ya se han quedado en paro como consecuencia de la mencionada quiebra de la mercantil y de la licitación desierta. De ahí que el servicio tengan que prestarlo los funcionarios de la Guardia Civil, único agarradero que le queda al departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska para sacar adelante una tarea fundamental para mantener el orden en los citados centros penitenciarios.

Fuentes del instituto armado no entienden cómo Interior no ha tramitado aún un concurso público de emergencia para que una nueva empresa se haga cargo del servicio, que consideran que no pueden cumplir los escasos efectivos con que cuenta la benemérita para llevar a cabo la tarea. "No podemos garantizar la seguridad", explican con claridad las mencionadas fuentes, que aventuran que no serán capaces de llevar a cabo todos los traslados y conducciones previstos. "Habrá reclusos que no puedan salir de la cárcel", sentencian.

Añaden que el ministerio conocía la situación extrema que sufría Ombuds desde el pasado verano, pero que no hizo nada para remediar la salida de medio millar de vigilantes que se venía encima si las autoridades no ponían remedio. Ven incluso la 'mano negra' del máximo responsable del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, el comisario José Antonio Rodríguez González, conocido en la Policía Nacional como 'Lenin' por su histórica cercanía al PSOE. Su figura es clave para el entendimiento entre las dos principales fuerzas de seguridad del Estado y las fuentes consultadas consideran que ha utilizado su cargo para perjudicar a la Guardia Civil en este punto y en otros.

Decenas de guardias civiles se hicieron cargo de la seguridad de las prisiones de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura el pasado 1 de enero. El Ministerio del Interior les encomendó esta tarea después de que quebrara la empresa de seguridad Ombuds, que hasta el pasado 31 de diciembre tenía la responsabilidad de asumir el trabajo en cumplimiento de la adjudicación del concurso público, y de que ninguna mercantil se presentara a la nueva licitación para sustituir a esta sociedad, que no tenía capacidad para hacer frente a las nóminas de sus empleados durante más tiempo.

Los 500 vigilantes de seguridad de Ombuds, cuya esperanza solo pasaba por que alguna empresa se presentara al concurso y les subrogara, ya se han quedado en paro como consecuencia de la mencionada quiebra de la mercantil y de la licitación desierta. De ahí que el servicio tengan que prestarlo los funcionarios de la Guardia Civil, único agarradero que le queda al departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska para sacar adelante una tarea fundamental para mantener el orden en los citados centros penitenciarios.

 
Un error de Interior provoca que 500 vigilantes de prisiones se queden sin empleo
Roberto R. BallesterosEl comisario Lenin conocía que la empresa Ombuds estaba en situación de quiebra, pero no sacó una licitación de urgencia para sustituirla y ahora la oferta ordinaria ha quedado desierta
 
Fuentes del instituto armado no entienden cómo Interior no ha tramitado aún un concurso público de emergencia para que una nueva empresa se haga cargo del servicio, que consideran que no pueden cumplir los escasos efectivos con que cuenta la benemérita para llevar a cabo la tarea. "No podemos garantizar la seguridad", explican con claridad las mencionadas fuentes, que aventuran que no serán capaces de llevar a cabo todos los traslados y conducciones previstos. "Habrá reclusos que no puedan salir de la cárcel", sentencian.

Añaden que el ministerio conocía la situación extrema que sufría Ombuds desde el pasado verano, pero que no hizo nada para remediar la salida de medio millar de vigilantes que se venía encima si las autoridades no ponían remedio. Ven incluso la 'mano negra' del máximo responsable del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, el comisario José Antonio Rodríguez González, conocido en la Policía Nacional como 'Lenin' por su histórica cercanía al PSOE. Su figura es clave para el entendimiento entre las dos principales fuerzas de seguridad del Estado y las fuentes consultadas consideran que ha utilizado su cargo para perjudicar a la Guardia Civil en este punto y en otros.

 
La tercera compañía de seguridad de España negocia con la banca no quedarse sin crédito
El ConfidencialLa empresa Ombuds, una de las más grandes del sector, se ha visto obligada a retrasar el pago de la nómina de junio, con más de 7.500 vigilantes de seguridad afectados
 

Esta no es la primera vez que los agentes del instituto armado se hacen cargo de las tareas de seguridad de las prisiones de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura. Durante el proceso de concurso de acreedores, Ombuds dejó de pagar a sus trabajadores durante tres meses, lo que provocó que estos dejaran de hacer horas extra, una situación que obligó a la Guardia Civil a asumir parte de las funciones encomendadas a los vigilantes en el marco del concurso público que ganó la mercantil de seguridad.

Los agentes del instituto armado que han asumido la seguridad de las mencionadas prisiones lo harán al menos hasta el próximo marzo, fecha en la que se resolverá el nuevo concurso que ha convocado el Ministerio del Interior, que sigue los cauces habituales y no recurre a tramitaciones de emergencia, como reclamaban las fuentes mencionadas. Desde el departamento dirigido por Marlaska, prefieren no hacer declaraciones sobre este asunto.

El hecho de que sea la Guardia Civil la que asuma las funciones de los vigilantes es algo que ya preveían algunas asociaciones profesionales del cuerpo. No en vano, las tareas de las que se encargaron los empleados de Ombuds las hacían antes miembros del instituto armado y funcionarios de prisiones, que ahora también han vuelto a encargarse de algunas de ellas. En concreto, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ya advirtió a la Secretaría de Estado de Seguridad de que la corporación no contaba con efectivos suficientes para asumir estas funciones.

La dirección nacional de la organización sindical propuso, de hecho, que Interior destinara los 300 millones que contempla el acuerdo de equiparación salarial para incorporación de personal de reserva a este cometido. Un informe de AUGC detallaba que este montante se podía dedicar a pagar a guardias civiles en la reserva para que estos trabajaran en la vigilancia de prisiones, una tarea asumible para estos funcionarios, y para determinadas tareas de violencia de género. La asociación argumentaba que era más económico que contratar vigilantes. Interior tampoco hizo caso de esta recomendación.

Fuente: Diario de Mallorca

Siete presos se enfrentan en una reyerta en la cárcel de Palma.

Siete presos se enfrentaron el pasado jueves en una reyerta después de que dos de ellos trataran de apuñalar a otro con un pincho en la cárcel de Palma, según han informado los sindicatos ACAIP y UGT. La riña, ocurrida en uno de los módulos más conflictivos del centro penitenciario, no dejó heridos pero obligó a intervenir a casi todos los funcionarios de la prisión. El mismo día, un recluso incendió su celda y obligó a desalojar la zona.

Los trifulca tuvo lugar, según los sindicatos, el pasado día 2 por la mañana en el gimnasio del módulo 13, que acoge a los presos más peligrosos y problemáticos. Dos internos, un chileno y un colombiano, atacaron a otro preso africano con un objeto punzante de fabricación artesanal de más de 20 centímetros en un aparente ajuste de cuentas por el control del módulo. La víctima logró esquivar la puñalada y no resultó herida, pero la agresión provocó un enfrentamiento entre presos partidarios. Hasta siete internos se enfrentaron en la riña. 

 
La pelea obligó a intervenir a casi todos los funcionarios que estaban trabajando en ese momento en la cárcel de Palma. Incluso la jefa de servicios y el director de la prisión acudieron al módulo ante la gravedad de los hechos. Los funcionarios intervenieron, además del pincho, un pequeño teléfono móvil y dos jeringuillas.

Los tres internos implicados en la riña inicial han sido trasladados a celdas de aislamiento, mientras los otros cuatro han sido conducidos a otros módulos para evitar nuevos altercados. 

El mismo día por la noche, un preso que estaba en aislamiento prendió fuego a las mantas de su celda. El incendio generó una gran humareda y obligó a desalojar a varios internos. Los propios funcionarios lograron fosocar las llamas.

Los sindicatos denuncian la "sobreocupación" de los módulos 13 y 14 del centro penitenciario de Palma, que hace "muy dificíl el control de estos internos especialmente conflictivos".

Fuente: Heraldo

El preso que protagonizó este suceso con un mechero en el centro penitenciario padece una patología psiquiátrica mental y es indigente.
 

Un interno del departamento de aislamiento de la prisión de Zuera quemó ayer el colchón de la celda y provocó su traslado al hospital Miguel Servet al resultar herido, según informaron fuentes penitenciarias.

 
El preso que protagonizó este suceso con un mechero en el centro penitenciario padece una patología psiquiátrica mental y es indigente. Tras haber quemado el colchón se tuvo que enfrentar con funcionarios que tuvieron que utilizar el material antidisturbios y máscaras de respiración para resolver la situación.

La Guardia Civil tuvo que trasladar al interno afectado por el incendio que protagonizó en la celda de la zona de aislamiento a primera hora de la mañana de ayer.

Por otro lado, en la prisión de Zuera se decidió el pasado jueves que cuatro internos ingresaran en la zona de aislamiento por los ajustes de cuentas entre los presos en uno de los días en los que se recargan las tarjetas electrónicas de pago.