Fuente: Heraldo

El interno, de origen lituano, propinó mordiscos, patadas y puñetazos cuando iban a trasladarlo a otro módulo.

Un interno de origen lituano agredió la noche del jueves a varios funcionarios de la prisión de Zuera cuando se disponían a trasladarlo de la celda del módulo de aislamiento al suyo de residencia después de haber cumplido con una sanción que le habían impuesto por su comportamiento.

Fuentes del sindicato Acaip-UGT señalaron que el preso se mostró en todo momento muy agresivo y se dirigió de manera despectiva y con insultos a los funcionarios. Ante esta situación, que empezó sobre las 21.00, le conminaron para que detuviera su actitud, pero él hizo lo contrario. Según estas fuentes, el preso propinó mordiscos, escupió y hasta se dio cabezazos. Intentó propinarle un mordisco en el cuello a un funcionario, de manera sorpresiva, pero no pudo lograrlo y se lo dio en la mano. A otro trabajador le escupió cuando intentaban reducirlo.

Aunque los funcionarios iban protegidos con los chalecos antiagresiones que deben llevar cuando entran en el módulo de aislamiento para evitar estas situaciones, recibieron patadas y puñetazos del interno.

Traslado desde Daroca
Fuentes sindicales señalaron que está en prisión por robos con violencia y un delito de lesiones, y que fue trasladado recientemente del centro penitenciario de Daroca al de Zuera para intentar amortiguar su carácter violento, sin lograrlo. Los funcionarios explicaron que tuvieron que utilizar "la fuerza mínima indispensable" para reducirlo y en lugar de trasladarlo a su módulo tuvieron que llevarlo de nuevo a la celda de aislamiento, donde solo puede permanecer dos semanas seguidas.

En este segundo movimiento, el preso, que casi mide dos metros y pesa cerca de 100 kilos, volvió a revolverse agrediendo a los funcionarios en el momento que iban a esposarlo y les respondió con patadas y puñetazos. Incluso llegó hasta a autolesionarse dándose cabezazos contra la pared.

"Todo ello estuvo acompañado de gritos en los que alentó a los demás internos del módulo de aislamiento a que le secundaran en su actitud", señaló un portavoz de Acaip-UGT, el sindicato mayoritario en las prisiones.

El ambiente en la noche del jueves en la prisión de Zuera fue bastante caldeado. Aun así, los funcionarios no tuvieron que ser atendidos por los servicios médicos del centro carcelario de sus heridas.

Fuente: El Pais

El Consejo de Ministros acordó ayer licitar la renovación del contrato por el que, desde 2013, cuando gobernaba el PP, se privatizó parte de la seguridad exterior de las cárceles. Serán 64 millones de euros, IVA no incluido, para contratar durante dos años cerca de mil vigilantes para las 68 cárceles dependientes del Ministerio del Interior. El Gobierno aspiraba a eliminar progresivamente este despliegue y volver a la situación anterior, cuando esta labor era exclusiva de policías y guardias civiles, pero el déficit de agentes lo ha impedido, admite Interior.

En la actualidad, Interior tiene destinados a proteger las cárceles a 3.643 agentes de la Guardia Civil —1.500 de ellos dedicados a realizar traslados de presos entre cárceles o a los juzgados y hospitales, las llamadas conducciones— y 215 de la Policía Nacional, además de 23.000 funcionarios de prisiones que se encargan de la seguridad interior de los centros penitenciarios. Junto a ellos, y siempre bajo la supervisión y dirección de los responsables policiales de la seguridad exterior, trabajan desde hace casi cinco años 937 vigilantes privados, que se encargan de cubrir los diferentes turnos de 210 puestos de trabajo. La función de estos últimos se limita a la seguridad de los puntos de acceso a las prisiones y la observación de las imágenes que facilitan las cámaras de videovigilancia del perímetro exterior.

La idea del Gobierno de Pedro Sánchez era que, progresivamente, los puestos que ahora desempeñan los trabajadores de las empresas de seguridad volviesen a ser ocupados por policías y guardias civiles. Así lo apuntó en una de sus primeras comparecencias parlamentarias el actual secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz. Sin embargo, el déficit de agentes en ambos cuerpos policiales ha llevado al ministro Fernando Grande-Marlaska a paralizar de momento estos planes, como refleja el nuevo contrato licitado. “Cuando asumimos la cartera, [RO]nos encontramos un déficit de 12.000 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Estamos revertiendo esa situación con las nuevas ofertas de empleo público, pero estamos lejos de poder compensar la falta de agentes con la rapidez necesaria para volver a asumir a corto plazo la totalidad de las labores de seguridad de las cárceles”, detallan fuentes de Interior.

Un déficit que, según destacan estas fuentes, puede verse agravado antes de que acabe el año porque la Guardia Civil deberá asumir en los próximos meses nuevas tareas de seguridad. En concreto, sobre las llamadas infraestructuras críticas, y que supondrán, según las primeras estimaciones, el despliegue de 500 agentes del instituto armado en las nuevas funciones. “Esto dificulta aún más que se puedan asumir por parte de las Fuerzas de Seguridad las funciones que hacen los vigilantes privados en las cárceles”, recalcan las fuentes consultadas.

Con esta perspectiva, el Consejo de Ministros autorizó ayer a la Secretaría de Estado de Seguridad a poner en marcha la licitación de un contrato que debería entrar en vigor el próximo 1 de enero y que. en su primer año, obligará al Estado a desembolsar 37 millones de euros. El concurso contempla ya una posible prórroga por otro año, que elevaría el importe a pagar hasta los 64 millones. El contrato ha sido dividido en cinco lotes que agrupan las prisiones por su situación geográfica. El contrato anterior, que tuvo que ser prorrogado en abril, había costado 36 millones en los doce primeros meses.

La privatización parcial de la seguridad de los Centros Penitenciarios se empezó a fraguar al poco de la llegada de Mariano Rajoy a La Moncloa y con Jorge Fernández Díaz al frente de Interior. Entonces, el Gobierno del PP “justificó” el proyecto en la necesidad de recolocar a los escoltas destinados en el País Vasco y Navarra que se habían quedado en paro tras el fin de la violencia etarra y en un supuesto ahorro económico. También argumentó que la medida permitiría destinar a funciones operativas al millar de guardias civiles que dejaban de realizar las tareas que asumían los vigilantes.

En mayo de 2013 se puso en marcha el proyecto piloto en 21 cárceles, lo que supuso entonces un desembolso inicial de 7,3 millones. Se contrató a 254 vigilantes y, aunque estaba previsto que durase nueve meses, se terminó prolongando ocho meses más con el consiguiente coste añadido. En octubre de 2014 se inició una segunda fase de la privatización de las cárceles. En ella se incluyó a las entonces 67 prisiones dependientes del Ministerio del Interior —en el último contrato se ha sumado el Centro Penitenciario de Archidona (Málaga), la última inaugurada— y se hicieron 550 nuevas contrataciones. El importe de aquel contrato se elevó entonces a los 33,3 millones al año. Desde entonces, el Gobierno del PP fue licitando los nuevos concursos.

UNA EMPRESA EN CONCURSO DE ACREEDORES
El acuerdo del Consejo de Ministros para licitar el contrato de la seguridad privada de las cárceles se produce en un momento especialmente sensible para una de las firmas adjudicatarias. Ombuds, la empresa que se hizo con uno de los lotes del último concurso —que incluía las siete cárceles madrileñas, las de Castilla-La Mancha y Cáceres— declaró recientemente concurso de acreedores y algunos de sus vigilantes dejaron de acudir a sus puestos los últimos días de julio al no tener asegurado que les pagasen las horas extra. La Guardia Civil tuvo que enviar de urgencia a agentes para reemplazarles.
La situación creada ha sido denunciada por los sindicatos de prisiones y por la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC). Un portavoz de Acaip-UGT, mayoritario entre los trabajadores penitenciarios, la califica de “extremadamente preocupante”. Los representantes de los agentes también critican lo ocurrido. Interior, sin embargo, rebaja la incidencia del problema y asegura que “no afectó de manera significativa” a los centros implicados, ya que las ausencias se cubrieron rápidamente con guardias civiles.

Declaraciones del presidente de Acaip en La Sexta noticias sobre incautaciones de móviles en los centros penitenciarios.

Fuente: Press Digital

El Consejo de Ministros ha autorizado este viernes a la Secretaría de Estado de Seguridad para renovar el plan de vigilancia privada en el perímetro exterior de las cárceles que dependen del Ministerio del Interior en un contrato por valor de 64 millones de euros que entrará en vigor en 2020.

Según la referencia del Consejo de Ministros, el contrato tiene un valor de 64.045.800 euros (cantidad calculada conforme al presupuesto de licitación sin impuestos e incluida la posible prórroga) e incluye a los 68 centros penitenciarios vigilados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se excluye, por tanto, los centros radicados en País Vasco y Cataluña, cuya vigilancia exterior es asumida por sus policías autonómicas.

El 1 de junio de 2018 entró en vigor el último contrato, por un valor inicial de 35,9 millones de euros, y que luego fue prorrogado hasta diciembre de 2019. El apoyo de las empresas privadas se lleva a cabo "bajo supervisión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se centra en la seguridad en los puntos de acceso, los puntos fijos, el impedimento de los tránsitos no autorizados, la observación de los sistemas técnicos de vigilancia y la comunicación de alarmas e incidencias".

Según ha informado el Gobierno, este apoyo permite destinar un mayor número de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a funciones exclusivas de dichos Cuerpos, como la custodia de presos y penados fuera de los recintos en hospitales o sedes judiciales, o el traslado de los mismos.

UN PLAN QUE FUE CRITICADO POR EL PSOE
El nuevo expediente de contratación se iniciará el 1 de enero de 2020 o el día siguiente al de su formalización si fuese posterior, con una duración de un año y una posibilidad de prórroga por un máximo de otro.

Fue en el 2013 cuando se puso en marcha este plan de vigilancia privada en el perímetro exterior de las cárceles, lo que levantó las protestas de los sindicatos de prisiones, de asociaciones de guardias civiles y de algunas formaciones políticas, como el propio PSOE e Izquierda Unida.

La medida impulsada por el Gobierno del PP fue justificada por la necesidad de ofrecer una salida a los escoltas del País Vasco que quedaban liberados por el cese de la violencia de ETA. También se explicó que muchos agentes de la Guardia Civil destinados en esos puestos de vigilancia exterior se iban a recuperar para labores de seguridad ciudadana.

En una comparecencia en el Congreso el pasado enero, el director general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, abogó por que la seguridad exterior de las cárceles volviera a ser asumida por las Fuerzas de Seguridad del Estado. Su intención, según explicó, era rescindir progresivamente de los contratos a medida que se reponían efectivos en la Policía y la Guardia Civil.

HOMENAJE "CONRADA MUÑOZ 2019"

TRAVESÍA POPULAR  POR  SOPOROTÚJAR  (HOMENAJE A LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO)

29 DE SEPTIEMBRE DE 2019

El Grupo Montañero Chordí, con  la colaboración de lAyuntamiento de Soportujar, estamos organizando la travesía de montaña “ Memorial Conrada Muñoz” “Travesía montañera por Soportujar” (homenaje a todas las víctimas del terrorismo) que como viene siendo habitual se realiza anualmente en diferentes entornos de las montañas Granadinas, en esta ocasión se ha elegido una marcha montañera por el parque natural y nacional de Soportújar y su entorno. Dicha travesía es una actividad sin ánimo de lucro no competitiva que tiene como finalidad el recuerdo y homenaje a todas las personas que han sufrido la barbarie del terrorismo, así mismo paralelamente también se pretende  la promoción del deporte de la montaña y a la vez fomentar el respeto a la naturaleza, su flora, fauna y medioambiente en general.

ITINERARIO Y HORARIO :

La travesía se llevará a cabo el día 29 de Septiembre de 2019, empezando el recorrido en la plaza del ayuntamiento de Soportújar y finalizando en el mismo sitio. El número de participantes será como máximo de 100.  La recepción, control y entrega de la bolsa con los regalos,  comenzará  6’45 h. en la puerta del Palacio de los Deportes de Granada, (Avda. Salvador Allende) para después y una vez finalizada la misma, dirigirnos en autobuses dispuestos por la organización  hacia el pueblo alpujarreño de Soportújar donde se iniciará la travesía.   Para los participantes que no vayan en autobús desde Granada, deberán estar en la plaza del ayuntamiento de Soportújar a las 8.15 h. para realizar el control y entrega de la bolsa.

INSCRIPCIONES EN:

http://www.meapunto.net/ampliaevento/1559

El Secretario de Salud Laboral de Acaip, Alberto Tellez denuncia en el espacio de Antena 3 Espejo Público que los inhibidores de moviles de los centros penitenciarios no pasan las revisiones oportunas poniendo en riesgo la salud de los trabajadores penitenciarios e internos.

La respuesta de la Administración penitenciaria a la consulta de este sindicato sobre la informacion solicitada es:  ES UN TEMA DE SEGURIDAD NACIONAL.

Se adjuntan instrucciónes 12 y 13/2019  de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sobre

I: 12/2019: Investigaciones en el medio penitenciario

I:13/2019: Acceso Expediente de Internos

Fuente: 20 minutos

El Sindicato de prisiones Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) ha alertado este miércoles de "una nueva agresión a un empleado público penitenciario" en la cárcel Sevilla I, ubicada en Mairena del Alcor. 

Según el sindicato, sobre las 14,00 horas, en el Módulo 7 de la Unidad de Preventivos, un interno ha reclamado "mayor cantidad de medicación de la prescrita" y "se negaba a introducirse en su celda, desobedeciendo las órdenes de los funcionarios e incumpliendo el horario regimental tras la subida a celdas para el descanso de la población reclusa tras el reparto del almuerzo". Cuando el funcionario titular del departamento trataba de convencerlo de que cesara en su actitud, según el sindicato, fue víctima de una "acometida" por parte del reo, quien "le desequilibró violentamente hacia el suelo, provocándole contusiones diversas en el forcejeo y una lesión ósea en el pie que le impidió poder continuar desarrollando su actividad profesional, obligándole a acudir al hospital, donde se le ha detectado una fisura en un dedo".

El sindicato ha reclamado a la dirección de la prisión "el inmediato traslado del interno a otro centro penitenciario, solicitando su correspondiente revisión de grado penitenciario para que el agresor pueda estar sujeto a medidas de seguridad más apropiadas a su perfil penitenciario". "Ante una muestra más del alarmante estado de conflictividad creciente de las prisiones españolas, con episodios recientes como los ocurridos en los centros penitenciarios de Segovia con un funcionario con grave lesión en un ojo y otro con brazo escayolado, Tenerife con un intento de clavar un bolígrafo en la cara de un funcionario o Campos del Río (Murcia) con un trabajador con fractura en los dedos de una mano, y los graves altercados acaecidos en Algeciras con tres internos con sobredosis en la misma tarde", por ejemplo, el sindicato defiende que no va a "cesar en ningún momento en el empeño de denunciar el olvido institucional por parte de la Administración hacia sus trabajadores, que ha relegado al colectivo de empleados penitenciarios al rincón más denostado del departamento ministerial de Interior".

Fuente: El Mundo

Casi el 90% de los 1.500 teléfonos anuales requisados en las prisiones españolas ya es de este tipo. Interior instaló inhibidores hace 10 años, pero ya casi no funcionan, denuncia Acaip-UGT.

Son tan pequeños como la tapa de un bic o menos que un mechero. Si fueran de juguete, serían más grandes. El mercado ilegal de teléfonos móviles en las prisiones españolas está al alza desde hace años, pero hace un tiempo que el protagonismo se lo llevan los minimóviles. La media general, entre minis y normales, se mantiene en torno a los 1.500 móviles requisados por año, lo que muestra que es algo habitual que cualquier preso tenga acceso a un teléfono, pese a tenerlo prohibido.

Los datos oficiales hablan de una gran subida a partir de 2007, hasta llegar a los 1.606 teléfonos requisados a presos en 2018, último año con datos. En 2017 fueron 1.383 y en 2016, 1.189. Muy lejos de los 81 de 2003 o los 500 de 2006. En 2007, con esa subida ya en marcha, se requisaron 1.244 y en 2008, 1.594. Y 2009 fue el año que más teléfonos se pillaron en las celdas: 1.784 unidades. Los datos son oficiales, provenientes de una respuesta parlamentaria. Entre 2000 y 2018 se han requisado más de 13.000 móviles en las cárceles españolas, pero es el mercado de los minimóviles el que lo copa todo en los últimos tiempos.

En 2008 Interior decidió tomar una medida: implantar inhibidores de frecuencia, para que los teléfonos no funcionaran aunque los presos los tuvieran. Sin embargo, han pasado los años y los inhibidores están obsoletos, como denuncia el sindicato de prisiones Acaip-UGT. En su día se colocaron estos aparatos para inhibir la frecuencia de teléfonos 2G o 3G, y desde que hay 4G da igual que el inhibidor esté encendido, porque no sirve para los nuevos terminales. La llegada del 5G obviamente agravará el problema.

 
A esto se suman la falta de mantenimiento y las averías. José Ramón López, presidente de Acaip-UGT, explica que «a partir de 2014 o 2015 se dejaron de instalar inhibidores, y eso ha hecho que se queden anticuados. Ha habido algunos pocos casos en los que se tuvieron que apagar porque la prisión estaba cerca de una población y las interferencias provocaban las quejas de los vecinos. Sin embargo, en la mayoría de los casos lo que ocurre es que la Administración no hace bien su trabajo de mantenimiento o actualización de equipos, y los presos saben que los móviles se pueden utilizar. En el fondo esto es cuestión de dinero, porque hay medios para solucionarlo».

Cuando los funcionarios han pedido información a Interior sobre el mantenimiento de estos inhibidores y la fecha de su puesta en marcha, como ocurrió este mismo mes con los funcionarios de la cárcel de Jaén, la Secretaría de Estado de Seguridad ha contestado que no pueden dar esos datos «porque afectan a la Seguridad del Estado».

Los minimóviles tienen un aliado en su precio: son muy baratos (entre 10 y 20 euros por internet), aunque pueden cobrarse mucho más caros en el mercado negro de la cárcel. No tienen grandes prestaciones, pero sirven para hablar. Por eso desde hace tiempo los funcionarios han detectado un gran descenso del número de cartas que reciben los presos: ahora pueden hablar por teléfono cuando quieran. Acaip-UGT calcula que el 90% de las incautaciones de móviles ya son de estos modelos.

Y los métodos de introducción en las cárceles son muy ingeniosos. Son tan pequeños que, por ejemplo, se hallaron dos en la suela de un zapato. Al propio Francisco Correa, preso por la trama Gürtel,le pillaron uno hace unos meses. El problema, más allá de incumplir la normativa, es que a muchos les sirve para seguir dirigiendo sus negocios criminales desde la cárcel. Narcotraficantes, corruptos y hasta yihadistas pueden continuar en el mercado. En febrero, una operación contra yihadistas en la cárcel de Valdemoro también acabó con un funcionario arrestado que les facilitaba móviles.

Aunque hay muchas visitas que los meten también, incluso en lugares tan recónditos como... el ano. Así lo demuestran algunas radiografías que se hacen de vez en cuando a los visitantes en los hospitales, ante la sospecha de que intentan colar un teléfono en la prisión.

Desde Instituciones Penitenciarias no quisieron opinar sobre el tema, aunque aseguraron que se están explorando posibilidades o distintas vías para mejorar el control sobre los móviles y la capacidad de usar teléfonos en sus centros.

Fuente: El Pais

El agresor, que había ingresado en mayo en la cárcel de Fontcalent (Alicante), asegura que empujó al otro recluso y que este se golpeó la cabeza al caer al suelo

Un interno del Centro Penitenciario de Fontcalent (Alicante), que responde a las iniciales C. G. E., ha reconocido que mató este lunes por la noche a su compañero de celda tras discutir porque sus ronquidos no le dejaban dormir, según confirman a EL PAÍS fuentes penitenciarias. El hombre, de 37 años, había ingresado en prisión el pasado mayo para cumplir una condena de cuatro meses por impago de una pensión. En su historial solo contaba un encarcelamiento anterior, en febrero, de 20 días por un delito de desobediencia. Tras el suceso, el interno fue trasladado a dependencias policiales para tomarle declaración como presunto autor de un delito de homicidio.

El suceso ocurrió sobre las 23.30 en el interior de una de las celdas del Módulo 2, en el que están recluidos presos poco conflictivos de los algo más de 700 encarcelados en el Centro Penitenciario de Fontcalent. Según el relato que el arrestado hizo a los funcionarios que acudieron a socorrer a la víctima, el suceso de produjo en el transcurso de una discusión originada por los ronquidos de su compañero. El agresor había llegado a pedir unos minutos antes a los funcionarios que le cambiaran de celda porque no podía conciliar el sueño, y al no conseguir, despertó a la víctima e inició con discusión con él. Siempre según el relato del interno detenido, en el transcurso de la misma, empujó al fallecido, identificado como Mohamed, de 57 años y origen argelino, quien cayó al suelo y se golpeó en la cabeza causándole de la muerte.

Las fuentes de Instituciones Penitenciarias consultadas detallan que fue el propio agresor quién avisó al funcionario de servicio a través del intercomunicador de su celda de que su compañero de reclusión estaba en el suelo y sangraba. Al recibir el aviso, los funcionarios se personaron en la celda e intentaron reanimar a la víctima sin éxito. Los médicos de la prisión solo pudieron confirmar el fallecimiento del otro reo. Al lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional, que se han hecho cargo de la investigación. Es la primera muerte por agresión registrada en los que va de año en las cárceles españolas.

Hay que remontarse al 26 de diciembre de 2018 para encontrar un suceso similar. Aquel día,J. M. R. H, de 28 años y nacionalidad española —que había ingresado en prisión por primera vez unas horas antes— mató a su compañero de celda en el Centro Penitenciario de Madrid V, en la localidad de Soto del Real, tras discutir ambos sobre quién iba a dormir en la litera de abajo y quién en la de arriba. El agresor, experto luchador de muay thai (un arte marcial de origen tailandés), la emprendió a golpes con la víctima. Cuando llegaron los funcionarios, lo encontraron tendido en el suelo muy grave y con severos traumatismos craneoencefálicos que finalmente le causaron la muerte. Aquel fue el único fallecimiento por agresión dentro de las cárceles españolas en 2018. Desde 2006, el número de muertos en las prisiones por hechos similares se eleva a 27, según las estadísticas oficiales.

El sindicato ACAIP-UGT, mayoritario entre los funcionarios de prisiones, hizo público este martes una nota de prensa en la que denuncia el déficit de personal que sufren las cárceles españolas y, en concreto, la de Fontcalent. Una situación que, en su opinión, ha provocado que en el centro haya dos módulos ordinarios cerrados, además del de aislamiento, lo que ha obligado a que prácticamente en todas las celdas estén alojados dos reclusos, en lugar de uno como recomienda la ley general penitenciaria. Para el sindicato, esta situación ocasiona un incremento del número de "problemas de convivencia" entre los reclusos.

Desde Instituciones Penitenciarios se niega este extremo. Un portavoz asegura que la plantilla de la cárcel alicantina está cubierta al 92% y achaca el cierre de los módulos al descenso del número de presos, que ha llevado al centro penitenciario alicantino a estar al 70% de su capacidad. Prisiones también insiste en que el uso compartido e las celdas "es reglamentario" y que, de hecho, están diseñadas para acoger a dos presos cada una.