El Gobierno quiere dar cobertura legal a una mayor presencia de la seguridad privada en ámbitos que hasta ahora eran coto de la seguridad del Estado. El PP trabaja en una nueva Ley de Seguridad Privada, mientras el sector privado toma posiciones en la vigilancia de recintos que antes no eran de su competencia, como las cárceles, sustituyendo a funcionarios en el control exterior de las prisiones, en barreras o ante los monitores de los centros penitenciarios. La nueva ley está ya “muy avanzada”, según fuentes cercanas al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que señalan que la entrada del sector privado en una veintena de cárceles es un primer paso, entre otras cosas, para ahorrar costes. Medidas de este tipo no son ajenas a los recortes y el PP lo relaciona, además, con la creación de puestos de trabajo, aunque hay empleados públicos que dejarían paulatinamente de cumplir estas funciones.