Según han explicado a 20minutos.es distintas fuentes penitenciarias, a partir de marzo seis cárceles: Alicante, Logroño, Topas (Salamanca), Castellón, Dueñas (Palencia) y Huelva, contarán con esta vigilancia 'privada', que se encargará de los accesos al centro, el control de cámaras y las patrullas en el perímetro del recinto, las funciones encomendadas actualmente a la Benemérita.

La seguridad de estos centros, según las mismas fuentes, habría sido ya adjudicada a la empresa Ombuds, una de las más fuertes del sector. Instituciones Penitenciarias no habría sacado a concurso público este servicio, sino que como le permite la ley, ha argumentado motivos de seguridad para sacarlo por concurso restringido, es decir, invitando a empresas que normalmente trabajan con la Administración.

El consejero delegado de Ombdus es Rodrigo Cortina López, sobrino de José Luis Cortina, comandante de los servicios secretos españoles el 23-F, del CESID. Fue detenido, encarcelado y luego absuelto por su presunta participación en el golpe de Estado.

Escoltas contra ETA

Muchas empresas de seguridad que trabajaban en el País Vasco y Navarra han visto mermados sus ingresos cuando la amenaza del terrorismo de ETA se ha reducido hasta casi desparecer. Muchas han tenido que iniciar ERE, como Ombdus, que abrió un Expediente de Regulación de Empleo suspensivo que afecto a unos 260 escoltas, según los sindicatos. La recolocación de estos escoltas en las prisiones fue una salida laboral que diseñó el Gobierno del PP.

El sindicato CSIF, que ha emitido una nota de prensa, señala que Interior vulnera con esta medida el Reglamento Penitenciario, que en su artículo 63 señala que "la seguridad exterior de los establecimientos corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", y el artículo 9.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público que "establece que al funcionario público le corresponde ejercer funciones que supongan la participación en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los interés generales del Estado y de la Administraciones Públicas".

Entre 15 y 21 prisiones

En varios foros, Interior anunció en un principio que se privatizaría la seguridad exterior de entre 15 y 21 cárceles. El ya ex secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, explicó en el Congreso el 28 de junio de 2012 que los escoltas no sólo optarían a sustituir a guardias civiles, sino que también relevarían a los propios funcionarios de prisiones en determinadas funciones dentro de las cárceles.

Ulloa puso como ejemplo "mirar un monitor de seguridad dentro de la cárcel [...] no queda más remedio que buscar alternativas, la alternativa de la seguridad privada". Algo que finalmente no harán. Sólo se encargará de la seguridad exterior.

Interior recalca que el objetivo de esta medida no es reemplazar por completo a la Guardia Civil, sino que agentes de seguridad privada se encarguen de labores secundarias relacionadas con el control del perímetro exterior. Es decir, que se mantendrá un pequeño destacamento de la Benemérita, que estará al mando de escoltas privados. Este diario, intentó sin éxito, hablar con algún portavoz de Ombuds.