La prisión Sevilla I, situada en la carretera de Mairena del Alcor, sufrió ayer el incendio de una celda del módulo 6 de la Unidad de Cumplimiento, que provocó heridas graves a un recluso y propagó rápidamente el humo por toda la galería, lo que obligó a sacar de sus celdas a otros ochenta internos y llevarlos al patio del centro penitenciario en tanto se sofocaba el fuego.

El sindicato Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) pidió hoy más medios económicos para el centro penitenciario de Albolote (Granada), que el pasado sábado quedó incomunicado y sufrió múltiples averías que impidieron a los funcionarios ejercer adecuadamente su trabajo.

Las cárceles españolas padecen una situación crítica. Según un estudio presentado por la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), nuestras prisiones presentan unos preocupantes niveles de hacinamiento, que llegan al 170 por ciento. Las nuevas leyes en relación con la violencia de género y la seguridad vial han provocado que la población reclusa no pare de crecer. Sólo en los últimos meses han ingresado en prisión 3.198 personas, llegando el cómputo total a 76.756 presos, con un índice de extranjeros del 35 ciento y una tasa de reincidencia que alcanza el 54,95 por ciento. Ante este panorama lo lógico era pensar que desde el Gobierno se impulsaría un incremento, tanto de medios económicos como humanos, para paliar la situación. Nada más lejos de la realidad; la crisis económica que está padeciendo nuestro país también afecta al sistema penitenciario. En este año, la oferta global de empleo público para instituciones penitenciarias es de 390 plazas, cuando en 2009 fue de 1.667. Así las cosas, nos encontramos con la sorprendente cifra, por escasa, de que hay un funcionario por cada 70 presos. El incremento del número de cárceles también es insatisfactorio. En su programa electoral, el PSOE se comprometía a crear 18 nuevos centros penitenciarios y 32 centros de reinserción hasta 2013. Sin embargo, a día de hoy sólo se han inaugurado cuatro, y 24 centros de inserción social.

El Gobierno se comprometió a construir dos nuevas cárceles para las que harían falta 1.200 agentes, sin embargo sólo ha ofertado 390 plazas para 2010 / La tasa de hacinamiento es del 170 por ciento
En apenas 75 días ingresaron 667 nuevos reclusos. El coste anual de cada uno de ellos es de 25.000 euros.

La población ha aumentado un 16% en los últimos dos meses, desde los 242 internos

Se roza la situación que motivó el año pasado las quejas de los funcionarios y el traslado de presos a otros centros

Los funcionarios de la cárcel del Salto del Negro (Gran Canaria) insisten en la necesidad de aumentar el personal

Denuncian que la cárcel "es insegura", cuenta con pocas medidas de seguridad y exige una sobrecarga a los trabajadores.

Un total de tres funcionarios del Centro Penitenciario de Palma de Mallorca fueron agredidos por un interno del mismo el pasado viernes, 26 de marzo, de los cuales uno se encuentra hospitalizado con pronóstico médico grave, en una situación de la que los sindicatos culparon a la "masificación y a la repetida falta de personal", que se actualmente en la prisión mallorquina, cuya población penal se sitúa en torno a los 2.000 reclusos.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en un comunicado, el juez instructor ha incoado hoy diligencias previas para investigar las circunstancias en las que tuvieron lugar posibles fallos de seguridad en el centro penitenciario de Picasent (Valencia).

Un total de 1.628 personas cumplen condena en el centro penitenciario de Villabona, según datos del sindicato Acaip, actualizados a 19 de marzo de 2010. En relación con las 889 plazas que existen en el centro, la tasa de hacinamiento de la prisión asturiana se eleva hasta el 183,13 por ciento, casi diez puntos por encima de la media nacional, del 173,21 por ciento.