Fuente: Diario Noticias de Álava

Que el testimonio desnudo de varios presos del penal alavés de Nanclares de la Oca se hiciera ayer oir en Vitoria al mismo tiempo que el Parlamento vasco abría sus puertas a este debate tiene ya un importante valor en sí mismo y supone un logro para aquellos colectivos, abogados y trabajadores sociales que llevan años denunciando el decadente cuadro que se vive en las cárceles, muchas veces en condiciones atentatorias contra la propia dignidad humana, ante el silencio y ocultamiento institucional.

Las palabras de los reclusos narradas en primera persona fueron únicamente un pequeño botón de muestra de la situación de hacinamiento, problemas de higiene, falta de las más mínimas condiciones sanitarias, denuncias por abusos sexuales, tráfico de droga y otras paupérrimas condiciones que se ocultan tras los muros de Nanclares de la Oca -donde han llevado a suicidio a seis presos en un año- y que en gran medida resultan perfectamente extensibles a otros centros penitenciarios. Las soluciones ya no pasan sólo por una mera mejora de las condiciones internas en las prisiones o por planes improvisados, como el que puso en marcha Instituciones Penitenciarias para salir al paso de la alarma social suscitada por los suicidios, porque las instituciones se ven obligadas a abordar problemas estructurales. El cierre, cautelar o definitivo, de las cárceles de Nanclares, Martutene y Basauri -planteado ayer abiertamente por el consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, que aportó interesantes cálculos para el diseño de un modelo alternativo- empieza a apuntarse ya más como una imperiosa necesidad que como una solución. La demolición de unas prisiones en decadencia debería suponer todo un símbolo y la premisa que pueda dar paso no sólo a la construcción de nuevos centros -como avanzó el Consejo de Ministros el pasado 18 de noviembre-, sino también al debate sobre el diseño de los mismos, sobre las transferencias en materia penitenciaria, sobre el modelo penitenciario y la revisión, finalmente, de toda una filosofía de rehabilitación social que el Gobierno del PP echó por los suelos con sus medidas legales de endurecimiento de penas y supresión de las redenciones de las mismas, con la consiguiente masificación en las cárceles.