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Los brotes se extienden por las cárceles con la segunda ola del covid-19: "Esto es un caos"

Fuente: El Confidencial

Hasta 19 prisiones registraron positivos la semana pasada, entre las que destacan Alcalá-Meco II, en Madrid, y Las Palmas II, donde los brotes afectan ya a más de 30 internos

La segunda ola de covid-19 ha golpeado con fuerza las cárceles españolas. Desde Instituciones Penitenciarias, aseguran que la situación está controlada, pero en centros como Alcalá-Meco II, en Madrid, ya tienen tres módulos confinados y se enfrentan a uno de los mayores brotes que se viven en una cárcel desde que arrancó la pandemia: el pasado miércoles, última fecha en que el ministerio del Interior facilitó datos, el centro sumaba 29 contagiados, pero Juan José Rolanía, que trabaja en la prisión y forma parte del sindicato de prisiones Acaip-UGT, mayoritario en el sector, apunta a El Confidencial que este lunes ya habían alcanzado los 39.

Desde los sindicatos, inciden además en que los presos son una población de riesgo y piden más restricciones. "Hay gran parte de inmunodeprimidos, bien porque son drogodependientes, bien porque tienen enfermedades o bien porque son mayores", sostiene José Ramón López, presidente de Acaip-UGT. Según los últimos datos oficiales, hasta 19 cárceles presentaban positivos la semana pasada, situación que López considera que se ha agravado por la falta de control a nivel estatal: "Hay un problema gravísimo de coordinación, cada comunidad funciona de forma distinta y estamos continuamente discutiendo con consejerías. Esto es un caos".

Junto a Alcalá-Meco, el centro penitenciario que más preocupa en estos momentos es el de Las Palmas II, en la isla de Gran Canaria. "Tras detectar el positivo de una interna, este fin de semana se puso en marcha un estudio de contactos que ha detectado una treintena de casos, todos asintomáticos, en el módulo en el que reside", informó el Ministerio del Interior este lunes. Para controlar el brote, Instituciones Penitenciarias ha prohibido las comunicaciones ordinarias o especiales, así como las salidas del centro, limitando el acceso a los funcionarios que trabajan en la prisión y al personal externo "cuya labor sea indispensable".

En el caso de Alcalá-Meco, Rolanía critica la falta de medios que facilitan a los funcionarios: "La sensación de olvido y de inacción es absoluta. A los internos les están haciendo PCR, pero a nosotros no porque dicen que no hay contacto estrecho, cuando sí que lo hay: abrimos con llave, estamos al lado de ellos... No sabemos si estamos contagiados y hay mucha indignación". Preguntada por esta falta de pruebas a los trabajadores, Instituciones Penitenciarias se escuda en que la realización de las mismas depende de cada comunidad autónoma. "Son ellos los competentes a la hora de decidir a qué personas o colectivos se les hace una PCR", argumentan.

López, sin embargo, considera que, una y otra vez, las medidas llegan tarde. "Parece que en este país tiene que ocurrir algo grave para que la gente se ponga las pilas. Aquí, los sistemas preventivos que deberíamos estar utilizando desaparecen. Tengo la impresión de una absoluta volatilidad, de que no hay una línea común a nivel estatal". Apoyándose en esta idea, el presidente de Acaip-UGT avisa de que otras prisiones pueden vivir brotes similares a los de Alcalá-Meco o Las Palmas II en las próximas semanas, y desde su sindicato apuntan a dos casos concretos: los recientes contagios de Soto del Real, en Madrid, y del centro penitenciario de Melilla.

Ninguno de los dos centros supera por el momento la decena de positivos, pero presentan una serie de características que los diferencian del resto. En el caso de Soto del Real, fuentes que trabajan en la cárcel explican a El Confidencial que la preocupación pasa por que uno de los contagiados vivía en el módulo 1, conocido entre los funcionarios como 'el geriátrico' por la avanzada edad de sus internos. El edificio ya ha sido confinado y se están realizando pruebas al resto de internos, que se enmarcan como población de riesgo, pero una vez más denuncian la falta de PCR para los funcionarios, sobre todo para aquellos que han tenido contacto con el positivo.

En cuanto a Melilla, las críticas se centran en el reciente traslado de migrantes del centro de estancia temporal (CETI) a la prisión. "El 26 de agosto, hubo un motín muy grave en el CETI y el problema es que allí había un brote incontrolado de covid-19", afirma Rubén Cuende, funcionario en la cárcel y miembro del sindicato. "El juez decidió entonces el ingreso en prisión de 33 de ellos, situación que nunca se había vivido en esta cárcel. Esto es un centro de preventivos, con unos 250 internos y, como mucho, entre dos y cuatro ingresos al día. Eso fue un caos organizativo brutal, y más cuando venían sin identificar. Nunca había pasado nada parecido", asegura.
 
Cuende apunta a que "dispersaron" a los 33 nuevos internos por diferentes departamentos, sin que les realizaran las correspondientes pruebas a su entrada en ningún momento. "Hicieron todo improvisadamente y ahora mismo tenemos nueve contagios: ocho procedentes del CETI y un interno que ya estaba aquí. También se ha confirmado la peor noticia posible, que es que el noveno positivo trabajaba en el departamento de cocina, con el riesgo que ello conlleva...". "Ya han desinfectado el lugar y se están haciendo pruebas, pero deberían haber actuado preventivamente y no lo hicieron. Nos tememos que la transmisión sigue su curso. Ha habido una negligencia".
 
A la vista de que los brotes se están extendiendo por el sistema penitenciario, Interior ya ha suspendido "las comunicaciones íntimas familiares y de convivencia", lo que incluye los vis a vis, en 42 cárceles, entre ellas las cuatro que se mencionan en este artículo. Pese a ello, desde los sindicatos insisten en aplicar nuevas restricciones y en establecer un plan más claro a nivel estatal para evitar que los contagios se descontrolen entre rejas: "Sin estado de alarma, esto se ha vuelto un caos", critica López.

 

 

 

Junto a Alcalá-Meco, el centro penitenciario que más preocupa en estos momentos es el de Las Palmas II, en la isla de Gran Canaria. "Tras detectar el positivo de una interna, este fin de semana se puso en marcha un estudio de contactos que ha detectado una treintena de casos, todos asintomáticos, en el módulo en el que reside", informó el Ministerio del Interior este lunes. Para controlar el brote, Instituciones Penitenciarias ha prohibido las comunicaciones ordinarias o especiales, así como las salidas del centro, limitando el acceso a los funcionarios que trabajan en la prisión y al personal externo "cuya labor sea indispensable".

 

Roberto R. Ballesteros

 

López, sin embargo, considera que, una y otra vez, las medidas llegan tarde. "Parece que en este país tiene que ocurrir algo grave para que la gente se ponga las pilas. Aquí, los sistemas preventivos que deberíamos estar utilizando desaparecen. Tengo la impresión de una absoluta volatilidad, de que no hay una línea común a nivel estatal". Apoyándose en esta idea, el presidente de Acaip-UGT avisa de que otras prisiones pueden vivir brotes similares a los de Alcalá-Meco o Las Palmas II en las próximas semanas, y desde su sindicato apuntan a dos casos concretos: los recientes contagios de Soto del Real, en Madrid, y del centro penitenciario de Melilla.

Ninguno de los dos centros supera por el momento la decena de positivos, pero presentan una serie de características que los diferencian del resto. En el caso de Soto del Real, fuentes que trabajan en la cárcel explican a El Confidencial que la preocupación pasa por que uno de los contagiados vivía en el módulo 1, conocido entre los funcionarios como 'el geriátrico' por la avanzada edad de sus internos. El edificio ya ha sido confinado y se están realizando pruebas al resto de internos, que se enmarcan como población de riesgo, pero una vez más denuncian la falta de PCR para los funcionarios, sobre todo para aquellos que han tenido contacto con el positivo.

 

En cuanto a Melilla, las críticas se centran en el reciente traslado de migrantes del centro de estancia temporal (CETI) a la prisión. "El 26 de agosto, hubo un motín muy grave en el CETI y el problema es que allí había un brote incontrolado de covid-19", afirma Rubén Cuende, funcionario en la cárcel y miembro del sindicato. "El juez decidió entonces el ingreso en prisión de 33 de ellos, situación que nunca se había vivido en esta cárcel. Esto es un centro de preventivos, con unos 250 internos y, como mucho, entre dos y cuatro ingresos al día. Eso fue un caos organizativo brutal, y más cuando venían sin identificar. Nunca había pasado nada parecido", asegura.

Cuende apunta a que "dispersaron" a los 33 nuevos internos por diferentes departamentos, sin que les realizaran las correspondientes pruebas a su entrada en ningún momento. "Hicieron todo improvisadamente y ahora mismo tenemos nueve contagios: ocho procedentes del CETI y un interno que ya estaba aquí. También se ha confirmado la peor noticia posible, que es que el noveno positivo trabajaba en el departamento de cocina, con el riesgo que ello conlleva...". "Ya han desinfectado el lugar y se están haciendo pruebas, pero deberían haber actuado preventivamente y no lo hicieron. Nos tememos que la transmisión sigue su curso. Ha habido una negligencia".

A la vista de que los brotes se están extendiendo por el sistema penitenciario, Interior ya ha suspendido "las comunicaciones íntimas familiares y de convivencia", lo que incluye los vis a vis, en 42 cárceles, entre ellas las cuatro que se mencionan en este artículo. Pese a ello, desde los sindicatos insisten en aplicar nuevas restricciones y en establecer un plan más claro a nivel estatal para evitar que los contagios se descontrolen entre rejas: "Sin estado de alarma, esto se ha vuelto un caos", critica López.

 

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