Fuente: Ine.es - La Nueva España

La Dirección General de Instituciones Penitenciarias -dependiente del Ministerio del Interior- ha ordenado el traslado fuera de Asturias de los presos que presuntamente apoyaban al funcionario de la cárcel de Villabona detenido con droga el pasado mes de noviembre. Prisiones ha adoptado esta decisión como medida de seguridad, para evitar posibles contactos entre los reclusos, según confirmaron fuentes jurídicas.

 
Tras la orden del Ministerio, Diego G. G., natural de Burgos, fue trasladado al centro penitenciario de León; el ovetense Alejandro B. D., a la cárcel de A Lama (Pontevedra) y el venezolano Guillermo Antonio G. Q., a la de Teixeiro (La Coruña). Este último, piloto comercial, está además procesado por otro alijo encontrado en la prisión asturiana, en noviembre de 2004, por el que también fue imputado otro funcionario de Villabona, A. T. G. Por su parte, el trabajador detenido se encuentra encarcelado en Mansilla de las Mulas. Junto a ellos fue también arrestada una mujer, María José B. D. -hermana de Alejandro y pareja de Diego-, internada en el módulo femenino de Villabona.

El funcionario, cuya identidad responde a las iniciales L. M. G. M., fue sorprendido el 23 de noviembre a un kilómetro escaso del centro penitenciario de Villabona, a las ocho de la mañana, cuando se dirigía al centro penitenciario para iniciar su jornada laboral. La Guardia Civil le ordenó detener su vehículo -él iba vestido con el uniforme reglamentario de Instituciones Penitenciarias- y en su interior localizó 210 gramos de heroína y pastillas. Junto a la droga, que se encontraba dentro de una bolsa, el equipo de delincuencia organizada de la Guardia Civil (Edoa) se incautó también de una balanza de precisión y un móvil. Además, el funcionario llevaba otros dos teléfonos.
Suspendido cautelarmente
L. M. G. M. declaró en el Juzgado encargado del caso -instrucción número uno de Oviedo- que la droga no era suya y que tampoco sabía que la llevara en el coche. Aseguró que lo único que pretendía introducir en la cárcel era un teléfono móvil para dárselo a un interno.

Según mantiene la Guardia Civil, dos de los presos imputados -Diego G. G. y Alejandro B. D., de profesión cocinero- supuestamente compraron la droga durante un permiso penitenciario. La investigación apunta a que la mujer detenida se la facilitó al funcionario para que la metiera en la cárcel, ya que no está sometido a controles debido a su profesión. El trabajador se encuentra actualmente suspendido de empleo y sueldo.

Los tres presos imputados fueron condenados por la misma sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial (hasta entonces ninguno de ellos tenía antecedentes penales). Según determinó el tribunal, Diego G. G. organizaba viajes desde Venezuela para introducir cocaína en Burgos y en Asturias y trataba directamente con los proveedores venezolanos. Le ayudaba Alejandro B. D. El tercer preso, el piloto, se encargaba de introducir la droga en España.

Tras el juicio (de conformidad), la Audiencia impuso seis años y medio de prisión a Guillermo A. G. y a Diego G. G. y cinco años al ovetense Alejandro B. D.