Fuente: Diario de León

Casi 5.400 miembros de 305 organizaciones no gubernamentales (470 si se cuentan sus ramas locales y regionales) contribuyen a humanizar el sistema penitenciario y sus 77 centros. De las 64.500 personas condenadas a prisión, un 13% la cumple en régimen de semilibertad, la mitad que en los países de nuestro entorno. Como telón de fondo aparecen un Código Penal endurecido (los delitos oscilan entre tasas de aumento y descenso del 2-4%, pero la población penal ha crecido un 20%) y un importante 22% de presos preventivos, que convierten a España en el país de la Unión Europea con más reclusos (146) por 100.000 habitantes.

En este contexto, la reinserción social se dibuja como el gran objetivo compartido por Administración y ONGs, cuyo trabajo dentro y fuera de los muros carcelarios resulta fundamental para intentar hacerlo realidad. La directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, subraya que para que la pena de prisión sea eficaz, «hay que preparar al interno para la vida social». Y, en nombre de la asociación zaragozana para la inserción sociolaboral Piso, Mamen López remacha que el esfuerzo solidario «debe hacerse ya dentro de prisión; hay que trabajar en la calle, y también antes, porque si no, van a estrellarse al salir».

Jornadas

Los propios internos o «moradores», como bromean ellos mismos son conscientes de esa tarea de las ONGs. En palabras del grupo teatral El Kakao, del Centro Penitenciario Madrid IV, «son quienes nos ayudan a no perder la fe y la esperanza, quienes nos muestran que existe otro mundo, que no es teoría». Y de eso, precisamente, se ha hablado a fondo en unas Jornadas sobre «La intervención de las organizaciones no gubernamentales en centros penitenciarios», convocadas por la Fundación Atenea Grupo GID para «ofrecer un lugar de encuentro y diálogo» entre Administración y movimiento asociativo, «iniciar un espacio de coordinación» y «articular el trabajo en red» para atender mejor a las personas privadas de libertad.

En una realidad tan compleja como la penitenciaria, los análisis desvelan múltiples aristas. Empezando por la severidad penal que hace preguntarse a Enrique Boronat, subdirector de Tratamiento del Centro Penitenciario El Palmar (Murcia), «por qué España ha derivado hacia el sistema penal que más encarcela del contexto europeo». Siguiendo por la pervivencia de viejos talantes en un sector del funcionariado. Y acabando por los retos pendientes señalados por el presidente de la Fundación Atenea, Domingo Comas, sobre la «relación del Servicio Social Penitenciario con los servicios sociales del exterior» y la necesidad de mayor «implicación del sistema judicial en la reinserción social».

También en el propio ámbito no gubernamental quedan asignaturas sin aprobar. Miguel Pérez-Lozano, director de Atenea, apunta la «casi nula coordinación, con ONGs en la misma prisión que ni siquiera se conocen»; la atomización -«la inmensa mayoría trabaja en uno o en poquitos centros»- y la «falta de una planificación estratégica». Una idea que remacha José Luis Castro, juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, al «distinguir entre el voluntariado y la voluntariedad». Convencido de que «cada vez es más importante la especialización y profesionalización» de las ONGs que trabajan en el ámbito penitenciario, considera que su inicial función de «cubrir carencias» en el sistema debe dejar paso ya a un papel de auténtico «complemento». A su juicio, sin embargo, se trata de «un problema colectivo».

Reducir los muros

En esa línea, Boronat reserva un protagonismo especial al mundo asociativo, cuya actuación coherente -«el interno tiene expectativas sobre sus actividades, y no hay que dejarle en la estacada»- puede favorecer una actitud comprensiva de la opinión pública ante el sistema penitenciario y sus «esfuerzos por abrir las cárceles». Comas reconoce que «en los últimos años ha habido un cambio profundo de orientación», y valora el «nuevo espíritu en Instituciones Penitenciarias», confirmado por la creación de la Subdirección General de Medio Abierto y Medidas Alternativas y la puesta en marcha de los Centros de Inserción Social.