Fuente: La Voz de Galicia

En este sentido, desde hace varios años, la totalidad de centrales sindicales demandan que las dependencias olívicas dejen de depender de la prisión de A Lama y cuente con su propio catálogo de personal. A este respecto, las fuentes consultadas recordaron que hace, algo menos de un año, la propia directora general de Instituciones Penitenciarias había reconocido en Pontevedra que «los centros de este tipo más recientes cuentan con personal propio, pero no ocurre lo mismo con los que se abrieron hace unos años, que son atendidos por personal del centro penitenciario», unas declaraciones que fueron recogidas por al agencia Efe.

Esta aparente discriminaciones entre unos centros y otros era algo sobre lo que, según había anunciado Mercedes Gallizo, se estaría trabajando. Sin embargo, la reciente decisión de la Administración que dirige es asumida con un freno y marcha atrás a esta política, con lo que «la disfunción se mantendrá indefinidamente».

Los sindicatos volvieron a recuperar sus reivindicaciones de hace ya casi dos años para criticar y reiterar que el CIS de Vigo tenga que verse obligado a recurrir a los funcionarios de A Lama por lo que no dudan en definir como incumplimientos de los pactos alcanzados entre las centrales e Instituciones Penitenciarias.

Ampliación de instalaciones

Cabe recordar, a este respecto, que ya durante la pasada festividad de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, la plantilla de la prisión pontevedresa se movilizó para denunciar otras cuestiones relativas al Centro de Inserción Social.

Así, demandaron la ampliación de las dependencias existentes, dado que por aquel entonces las instalaciones estaban masificadas. Construida con capacidad para 140 personas -setenta habitaciones-, lo habitual es que estén adscritos al centro olívico un número bastante mayor de reclusos.

Ante esta tesitura, lo sindicatos, que declararon hace algunos meses el conflicto colectivo, consideran que la solución a esta problemática pasaría por volver a sentarse a la mesa de negociación y abordar la situación laboral de los funcionarios penitenciarios. En cualquier caso, inciden en el hecho de que existe «un acordó que a Administración decidió incumplir unilateralmente».