Acceso usuarios

Acceder al portal

Usuario (NIF) *
Contraseña *
Recordarme

Más de 1.700 condenados por maltrato no reciben el tratamiento rehabilitador impuesto por el juez

Más de 1.700 personas condenadas por delitos de maltrato familiar o sexista no están recibiendo el tratamiento rehabilitador que les ha sido judicialmente impuesto, según el último informe anual del Defensor del Pueblo, entregado hoy por Enrique Múgica a las Cortes.

Fuente: elPeriodico.com

Más de 1.700 personas condenadas por delitos de maltrato familiar o sexista no están recibiendo el tratamiento rehabilitador que les ha sido judicialmente impuesto, según el último informe anual del Defensor del Pueblo, entregado hoy por Enrique Múgica a las Cortes.

Estas cifras han motivado la apertura de un expediente de oficio por parte del Defensor, que informó del hecho a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

En su respuesta, Instituciones Penitenciarias explica que corresponde a los servicios sociales penitenciarios gestionar que las personas condenadas por estos delitos reciban el tratamiento judicial impuesto. Aun así, remarca que no es responsable de su impartición.

"Frustración" de las expectativas generadas por la ley contra la violencia sexista

Sin embargo, "ante la ausencia o escasez de recursos externos para el tratamiento del agresor, los servicios sociales penitenciarios están empleando sus propios recursos humanos y materiales en las áreas de influencia de los centros penitenciarios de Málaga, Jaén, Granada o Villabona", añade el estudio.

Con respecto a la cuestión del maltrato, Múgica afirma también que los datos de mujeres muertas por violencia sexista en el 2006 --69 frente a las 61 del 2005-- reflejan "una frustración" de las expectativas generadas tras la aprobación de la ley de violencia sexista. El documento añade que el incremento del número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas se sitúa en el 13% durante el segundo año de aplicación de la normativa.

El 66,7% de los asesinos fueron detenidos tras el crimen

A tenor de los datos del Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia --según los cuales el 45% de las víctimas mortales habían sufrido previamente maltrato y uno de cada diez asesinos tenía una orden de alejamiento--, el Defensor se pregunta "qué razones impiden que las medidas legales previstas sean eficaces" para reducir esta lacra.

Sin embargo, tras producirse el crimen, la actuación de las fuerzas de seguridad se puede considerar positiva, pues el 66,7% de los asesinos fueron detenidos tras el crimen y solamente el 1,45% huyó. Del resto de agresores, el 21,7% se suicidó y un 10% lo intentó.

Otro importante grupo de quejas en relación con este problema lo integran las promovidas por mujeres que, tras ser víctimas de violencia, obtienen el divorcio y sus maridos no les abonan la pensión compensatoria o de alimentos que corresponde a sus hijos. Al respecto, el Defensor se congratula de que la ley estableciera la creación de un Fondo de Garantía de Pensiones, pero pasados dos años de su aprobación esa previsión legal ha quedado vacía de contenido.

Valora este artículo
(0 votos)