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Interior excluye a los etarras de un plan para suavizar el régimen de los presos conflictivos

Prisiones crea un programa para reducir el número de internos en aislamiento a los casos imprescindibles, del que no se beneficiarán los arrestados de ETA.

Fuente: idealdigital

El Gobierno ha ordenado mostrar su faceta más dura contra ETA, también en el ámbito penitenciario. Los casi 370 presos etarras en 'primer grado', el más duro del régimen carcelario, no se beneficiarán de los nuevos planes de Instituciones Penitenciarias para reducir el número de reclusos en aislamiento a los casos imprescindibles, después de constatar que la incomunicación está provocando graves problemas mentales en numerosos penados.

La directora de prisiones, Mercedes Gallizo, ha ordenado que los presos conflictivos 'comunes' sólo continúen en 'primer grado' si persisten en su «inadaptación grave» dentro del centro, con independencia de su «historial delictivo» pasado. Sin embargo, según anunciaron ayer altos responsables del Ministerio del Interior, los miembros de ETA seguirán sujetos a otras normas especiales mientras sigan fieles a la disciplina de la banda y se nieguen a cualquier tratamiento.

Las nuevas órdenes para el tratamiento de los reclusos más peligrosos están incluidas en la instrucción interna 9/2007 denominada 'clasificación y destino de los penados' y que el pasado 21 de mayo, quince días antes del final del alto el fuego de ETA, se envió a los directores de las 67 prisiones dependientes del Ministerio del Interior.

Circular

La circular de 23 páginas, que sustituye a las hasta ahora vigentes instrucciones sobre trato a los presos peligrosos que databan de 1996, afecta a unos 1.300 internos (el 2 por ciento del total de la población penitenciaria). Dentro de este colectivo están unos 370 miembros de ETA, aproximadamente el 80 por ciento de los 462 presos de la banda recluidos en España. Estos terroristas -explicaron los máximos responsables de prisiones- no serán sometidos, como el resto, a programas de seguimiento y resocialización para salir de la incomunicación, porque todos ellos se «autoexcluyen», al insistir en rechazar las normas y tratamientos penitenciarios, siguiendo las instrucciones de la organización terrorista.

Interior durante los últimos días ha recordado a los centros que para la atención de los miembros de ETA sigue en «plena vigencia» la instrucción 6/2006 de 21 de febrero del pasado año (denominada 'protocolo de actuación en materia de seguridad'), que fija que todos los acusados de pertenencia o colaboración con banda armada, en principio, serán incluidos en el Fichero de Internos de Especial Seguimiento reservado a los terroristas (FIES 3 BA), con las limitaciones regimentales que ello conlleva (limitación de movimientos e interceptación de las comunicaciones, entre otras medidas).

«Peligrosidad extrema»

La nueva premisa dictada por el Ministerio del Interior para los presos no terroristas es reducir al mínimo los casos de aislamiento y limitarlos a aquellos presos con «peligrosidad extrema» y que protagonicen «alteraciones regimentales muy graves».

A partir de ahora, estos reclusos 'comunes' serán seguidos por un «equipo técnico específico de atención a los internos en régimen cerrado», compuestos por un psicólogo, un jurista, un médico, un educador social y un representante del área de vigilancia. Estos especialistas cada tres meses escribirán un informe sobre la situación del penado y controlarán su evolución para saber si está dispuesto a «participar en las actividades ofertadas por el centro» y si muestra «respeto hacia las normas básicas» de la prisión. Todo ello, con vistas a poder decretar cuanto antes el fin de su aislamiento.

Los responsables de prisiones insisten en que estos programas de rehabilitación no pueden ser aplicados a los miembros de ETA, que rechazan sistemáticamente cualquier entrevista con los especialistas.

Patologías psiquiátricas

Mercedes Gallizo explica en la circular que su decisión de modificar la tradicional línea de dureza penitenciaria con los presos inadaptados se debe a la constatación de que el 'primer grado' «intensifica la desocialización y dificulta la reintegración y la reinserción del interno». Además, la directora asegura que en «múltiples ocasiones, particularmente en internos que se ven sometidos a intensos y prolongados períodos de soledad, se ha puesto de manifiesto la concurrencia de patologías de índole psiquiátrica».

Instituciones Penitenciarias, ante estos problemas, ordena a todos los directores considerar el 'primer grado' como «la última solución», porque el régimen cerrado «no es una sanción y su objetivo debe ser el de obtener, en el menor tiempo posible, la reincorporación del interno al régimen ordinario».

Informes más rigurosos

La circular interna, que insiste en que la incomunicación debe ser una «medida excepcional» con una «dimensión temporal limitada», recalca que el 'primer grado' no seguirá siendo una suerte de limbo penitenciario en los presos inadaptados sean encasillados casi de manera automática. Por ello, Gallizo establece que en todas las prisiones se hagan informes médicos y psicológicos de presos candidatos al 'primer grado' con «planteamientos más rigurosos» que los que hasta ahora se hacían.

La directora de prisiones es tajante: con independencia del pasado criminal del recluso, deberán hacerse exámenes sobre su adaptación en el momento actual, sobre todo «evitando en el futuro informes (estandarizados) con fórmulas impresas y generales del tipo: no hay inconveniente para la aplicación del régimen cerrado». «Debido al carácter transitorio y excepcional de este régimen -insiste la responsable de Interior- las revisiones no pueden revestir, meramente, un carácter formal respecto a los plazos», sin entrar a estudiar si el preso está en condiciones de volver a un régimen penitenciario normal.

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