Fuente: ABC

Así, entre los casos más significativos de atentados contra trabajadores del complejo, cabe recordar el acaecido el 15 de marzo, cuando tres funcionarios fueron brutalmente agredidos por un interno muy peligroso y conflictivo.
El incidente ocurrió cuando los funcionarios de servicio en dicho módulo se dieron cuenta de que estaba ocurriendo algo extraño en el gimnasio del departamento, por lo que se dirigieron hacia allí. En ese momento salió el interno, se encaminó hacia ellos y, sin mediar palabra, comenzó a darles patadas y puñetazos.
Los operarios, que no llevaban ningún medio de defensa, consiguieron reducir al preso. A consecuencia de la agresión, los tres funcionarios resultaron heridos con múltiples contusiones, hematomas y erosiones en distintas partes del cuerpo teniendo que ser atendidos por los servicios sanitarios del centro penitenciario y después por servicios de urgencias de la ciudad.
En cuanto a las peleas entre los propios internos, Acaip destacó una que se registró el pasado mes de febrero, cuando un preso le rebanó el cuello a otro con la tapa de metal de una lata de atún. Casi le alcanza la yugular y la víctima tuvo que estar hospitalizada un tiempo.
Acaip apunta a que la mayoría de los episodios violentos se producen en cuatro módulos: 9, 10, 13 y 14. «Los denominamos «zona cero», porque en ellos se concentran los reclusos que están peor adaptados al reglamento penitenciario. Se trata de los internos más agresivos, los que suelen ocasionar más problemas», manifestó el sindicato.
En el origen de esta situación está «la altísima masificación» de la prisión cordobesa, un centro que fue concebido inicialmente para albergar a 1.008 internos, y que ha alcanzado ocupaciones punta en distintas épocas hasta alcanzar la semana pasada los 1.884 reclusos.
Dos para 140 reclusos
La situación, según Acaip y el resto de sindicatos, va en perjuicio de las medidas de control necesarias, y atenta contra el derecho a la reinserción de los reos, «a los que nos resulta materialmente imposible atender adecuadamente para garantizar su seguridad y su reintegración social».