Fuente: El comercio.com

548 presos de los alrededor de 1.600 que abarrotan la cárcel llanerense de Villabona -esto es, uno de cada tres- recibieron el año pasado tratamiento con psicotrópicos. Bien por problemas psiquiátricos puros, bien por una patología derivada del consumo de drogas -contra la que se ha instalado una «máquina de última tecnología» para evitar que se introduzcan estupefacientes en la prisión- o por una combinación de ambos.

Así lo pone de manifiesto la memoria de Vigilancia Penitenciaria referida a 2009, que fue presentada ayer por el fiscal superior del Principado, Gerardo Herrero.

El documento refleja que esta cifra supone «un 34,25% de la población reclusa» y que la situación «dificulta su tratamiento», puesto que «los centros penitenciarios psiquiátricos sólo admiten a penados con eximentes totales» y debido también a que «el desmantelamiento de la red pública de centros psiquiátricos cerrados conlleva el que personas que suponen un peligro para la sociedad terminen en centros penitenciarios».

El varapalo del fiscal a la red regional de Salud Mental contrasta el aplauso de un fiscal a un convenio suscrito con el Servicio de Salud Pública del Principado por el que el pasado año se realizaron 1.553 consultas psiquiátricas en la cárcel sin necesidad de que los presos se desplazasen al HUCA.

Otra de las denuncias de Gerardo Herrero es la «importante carga de trabajo para el fiscal especialista», ya que el volumen de asuntos incoados en 2009 por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ascendió a 6.395, frente a los 5.799 de 2008.

A entender esa sobrecarga puede ayudar otro dato: el año pasado, el volumen de ocupación de Villabona rondó los 1.600 internos, llegándose a un pico de 1.648 reclusos en enero, de los que 1.388 eran penados y 260, preventivos. La mayoría, vinculados con delitos de tráfico de drogas.

Por sexos, el predominio masculino es claro: 1.509 eran varones y 140 mujeres. Y eso, a pesar de que «la capacidad asignada al centro penitenciario de Villabona es de 993 internos, contando un recluso por cada celda, que sería lo ideal». «Pero eso es imposible», admitió Gerardo Herrero, que precisó, no obstante, que la ocupación se encuentra «dentro de lo normal».

Además, el año pasado se concedieron 997 permisos ordinarios de segundo grado, permisos que se quebrantaron en ocho ocasiones. Y de estos reclusos fugados (tres más que en 2008), cuatro aún permanecen evadidos de la Justicia.

En cuanto al tercer grado, el año pasado se produjeron 347 calificaciones, una cifra «muy superior a los 245 del pasado año». Además, entre los meses de enero y junio de este año, precisó el fiscal, se registraron 226, con lo que en diciembre el cómputo global podría experimentar un «aumento considerable», hasta llegar a los 500.

«Incluso ya hay 31 que no tienen necesidad de pernoctar en el centro penitenciario, porque van con la pulsera» que permite su localización en todo momento, apuntó Gerardo Herrero, que reclamó a la Administración de Justicia «que sea más generosa» a la hora de conceder terceros grados.

Respecto al comportamiento de los reclusos en el interior de Villabona, la memoria refleja que la comisión disciplinaria de la cárcel impuso 228 faltas muy graves, 538 graves y otras 13 leves. La mayoría, relacionadas con insultos o agresiones a los funcionarios.

Por su parte, los reclusos presentaron 1.680 peticiones y quejas «que tuvieron un carácter disperso, ya que aludían al tratamiento que recibían y que fueron resueltas puntualmente por el juzgado, siendo en su mayor parte desestimadas».