El Ministerio del Interior ha aparcado sin fecha el proyecto de ampliación del centro penitenciario de Burgos, que contemplaba levantar 3 módulos más en el complejo de la barriada Yagüe y aumentar en otros 300 reclusos la capacidad de internamiento de unas instalaciones que llegaron a superar los 600 presos en 2008 y 2009. Pese a que la cifra media ha bajado hasta los 530, aún queda muy lejos de la ratio de celda por persona establecida como adecuada en la legislación. Se mantienen varias celdas de 4 plazas, en las que se han llegado a ubicar hasta 8 individuos.
Estos eran los planes que el Gobierno barajaba desde hace al menos 2 años y que comunicó a los representantes de la plantilla en 2009. En septiembre de ese año, un ingeniero técnico de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), la empresa pública creada en 1992 para la construcción y equipación de las prisiones españolas, visitó Burgos y comprobó que la gran cantidad de terreno disponible en el perímetro de las instalaciones hacía viable cualquier proyecto. La cárcel ocupa una superficie construida de 26.524 metros cuadrados, en una parcela de casi 300.000 (298.529)
Un mes después, el entonces director general de Gestión de Recursos de Instituciones Penitenciarias, Antonio Puig, anunció sus intenciones de acometerlo «a corto plazo» y dejar para más adelante la ubicación de un Centro de Inserción Social (CIS).
El tiempo no ha confirmado los planes de este alto cargo, más bien al contrario. El CIS sí se ha puesto en marcha en lo que anteriormente se denominaba Sección Abierta (el anexo al recinto principal, ubicado a la derecha, según se accede), con una inversión para la reforma de las infraestructuras de escasa cuantía y una dotación de plantilla también pequeña. La capacidad se aumentó en 24 plazas, hasta las 48, con una dotación de 11 puestos de trabajo, que en parte se han cubierto con traslados de la plantilla del propio centro, con las consiguientes vacantes generadas, según denunció en su día el sindicato Acaip. En concreto, se han creado los puestos de subdirector del CIS, coordinador de servicios, 5 encargados del Departamento de Interior y otros 5 trabajadores del mismo.
Extrañados por la ausencia de noticias y el paso de los meses, los senadores del Partido Popular recurrieron de nuevo al cauce que más noticias del Gobierno central genera para la provincia de Burgos en los últimos meses, el Parlamento. En una respuesta a la que ha tenido acceso este periódico, el Gobierno reconoce que «el actual escenario presupuestario no permite, por el momento, contemplar otro tipo de ampliación en el referido centro penitenciario», que no sean las relacionadas con el citado CIS.
Un Centro de Inserción Social es un establecimiento penitenciario destinado al cumplimiento de penas privativas de libertad en régimen abierto y de las penas de arresto de fin de semana, así como al seguimiento de penas no privativas de libertad. También se controla a las personas en libertad condicional que tenga adscritos la prisión.
Para integrar en el CISotros servicios, el Gobierno anuncia en la misma respuesta parlamentaria (fechada en junio pasado) la próxima adjudicación de la construcción de un edificio anexo.
Según explicó la diputada socialista por Burgos María del Mar Arnáiz en octubre de 2010, para la redacción y ejecución de esta ampliación se contaba con un presupuesto de 270.000 euros. Los trabajos consisten en dotar a las instalaciones de la antigua Sección Abierta de salas para desarrollar programas de tratamiento y ubicar el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas. El nuevo edificio albergará los actuales Servicios Sociales, salas de formación, la zona de administración y la telemática.