Fuente: Voz de Galicia

Como cualquier turista descontento con los servicios de un hotel, desde el pasado 1 de julio los presos también tienen derecho a protestar oficialmente por las deficiencias que encuentren en las cárceles.

La directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, ha dictado una orden interna que aprueba un formulario donde se recogerán y tramitarán las demandas de los usuarios, así como las iniciativas para mejorar la calidad de los servicios y las instalaciones de los penales dependientes del Ministerio del Interior.

La nueva normativa busca extender la imagen de que las cárceles son otro servicio más de la Administración y que sus usuarios siguen siendo ciudadanos con sus derechos intactos, incluido el de reclamar al Gobierno un mejor servicio. Sin precedentes en la historia penitenciaria española, la orden establece que los formularios se podrán presentar en los centros de atención que se crearán dentro de cada cárcel.

Pero los vientos aperturistas de Gallizo tendrán límites. Y para evitar el colapso en las oficinas y que los internos demanden por demandar, la orden define de manera taxativa qué se entiende por queja y qué es una sugerencia. Así, queja es «la facultad que pueden ejercer los ciudadanos de poner de manifiesto cualquier tardanza, desatención o anomalía observada en el funcionamiento o calidad de los servicios prestados por la administración». Y sugerencia es «toda iniciativa que puede proponer el ciudadano para lograr la mejora en la organización, en el funcionamiento o en los medios personales y materiales de los servicios administrativos».