Los partidos políticos de Leioa han formado piña contra el Centro de Inserción Social (CIS). Todos se oponen a la construcción en su localidad, para finales de 2013, de estas instalaciones penitenciarias con capacidad para 200 internos que cumplirán su pena en régimen abierto. Los concejales del equipo de gobierno y de la oposición se quejan de que desde ninguna instancia se les ha informado del proyecto, pese a que se organizó un concurso de licitación de las obras. Tampoco les parece acertado el lugar escogido. Mantienen que este equipamiento, que ocupará una parcela en la periferia de 15.000 metros cuadrados, perjudicará el desarrollo de un futuro parque de ocio y negocios planeado para esa zona.

El alcalde de Leioa, Eneko Arruebarrena (PNV), asegura que sigue «sin constancia formal ni escrita» del proyecto. Ni siquiera se lo comunicaron, asegura, cuando fue convocado el concurso público al que se presentaron 30 empresas. Le duelen las formas, porque «no se ha seguido el procedimiento administrativo adecuado. Es preciso cumplirlo para cualquier tipo de instalación y, en este caso, el Ayuntamiento no es conocedor de nada», lamentó ayer.

Tampoco le gusta al primer edil leiotarra el fondo, así que adelanta que se opondrá «con todas las fuerzas» al proyecto. Arruebarrena utilizará «todos los argumentos legales» y advierte de que «si está en mi mano concederles la licencia, no la van a tener». El alcalde reprueba que no hayan contado con el Consistorio desde instancias superiores. «Me parece que hay una falta de respeto absoluto con el municipio. No es de recibo que no hayan contactado con nosotros», protestó antes de denunciar el silencio mantenido en todo el proceso por el Ministerio del Interior, Instituciones Penitenciarias y el SIEP (Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios). «La única documentación que ha llegado a este Ayuntamiento -con un equipo de gobierno formado por el PNV y Ezker Batua- es que pedían la exención del impuesto de plusvalía por la venta de unos terrenos», se quejó Arruebarrena.

La oposición de Leioa también rechazó ayer de forma contundente las actuaciones previstas. Desde el PSE apuntaron que «no es el emplazamiento ideal por el desarrollo urbanístico que quiere darse en el futuro a la zona». La portavoz socialista, Susana González, explicó que en esa área, cercana al solar donde se ubicaba el viejo hospital que se derribó, está previsto crear un centro de ocio y negocios: el parque de Santsuena. Próximo al Centro de Inserción Social anunciado también estará el complejo científico de la UPV. Para González, que asegura estar conforme con la llegada del centro penitenciario, «pero no con su ubicación», el CIS «puede poner en riesgo dos proyectos muy importantes para Leioa».

Para el portavoz del PP, Xabier Olabarrieta, existen «inconvenientes importantes para llevar a cabo el proyecto» en la citada localización. Asegura que su grupo «no se opone al CIS en sí», pero considera «inadecuado» el lugar. Olabarrieta aclaró que el anterior gobierno socialista lo seleccionó «porque tenían un terreno ahí y no se han parado a pensar lo que el Ayuntamiento quiere para esa zona».

Todos los partidos políticos con representación en Leioa remitieron hace varios meses un escrito al Ministerio del Interior para trasladarle su oposición. El portavoz popular espera que el Ejecutivo central «escuche al Ayuntamiento y tenga en cuenta su opinión». Desde Bildu también denuncian que «el Estado español no es nadie para imponer esta infraestructura. No reconocemos esa competencia». Además, el portavoz de la coalición, Arkaitz Fullaondo, tampoco comparte las formas empleadas: «Se han saltado todo a la torera». Según Fullaondo, se trata de «otro equipamiento» que nos quieren imponer, «igual que la 'macrodepuradora' de Lamiako».