Durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, el ministro aseguró que la «constitucionalidad» de este nuevo modelo que quiere instaurar el Ejecutivo está garantizada precisamente por su carácter revisable. No obstante, advirtió, la prisión permanente revisable se aplicaría «en supuestos muy restrictivos» y para casos «que hayan alcanzado el máximo de reprochabilidad social».

La noticia de Ruiz-Gallardón no cayó bien en algunos grupos parlamentarios, como Izquierda Unida, que ironizó sobre la voluntad de regeneración que el ministro había expresado. «Será un difícil papel el de un ministro regenerador ponerse al frente de la cadena perpetua en nuestros días», dijo Llamazares.

Gallardón contestó que el concepto de prisión permanente es contradictorio con la cadena perpetua, porque lo perpetuo no es revisable», argumentó el titular de Justicia en el turno de réplica a los portavoces de los grupos parlamentarios. Y recordó que en países como Italia, Francia o Grecia tienen modelos similares. Además, explicó, la prisión permanente revisable estará sujeta a los límites legalmente establecidos y su finalidad es evitar que los delincuentes no rehabilitados vuelvan a delinquir. «De cadena perpetua nada, prisión cuya finalización no se produce solo con el paso de los años, sino porque se cumpla de verdad el objetivo de la reinserción», dijo.

En nuestra legislación penal el máximo de cumplimiento de las penas se sitúa en los 30 años para los delitos comunes y en 40 para los delitos de terrorismo.