Ante esta posible situación, la junta de tratamiento, formada por psicólogos, asistentes sociales, funcionarios y juristas, decidió reclasificar su grado, algo que deberá ser ratificado por Instituciones Penitenciarias, para trasladarla a un centro que reúna esas condiciones como Alcalá de Guadaíra o Ávila. No obstante, los sindicatos insisten que en el caso de que la mujer siguiera con las pruebas tendría que pasar alguna que otra temporada en Alhaurín de la Torre.

La junta de tratamiento es un órgano que se reúne cada seis meses para evaluar la situación individual de los presos, pero ante la gravedad de los hechos decidió analizar antes el caso de esta reclusa, que tiene reconocida legalmente la situación de mujer a pesar de tener cuerpo de hombre. Tras el primer incidente, la interna, de 33 años de edad, fue trasladada a un módulo de aislamiento masculino ante las críticas de algunos sindicatos como Acaip. Una semana después, la mujer agredió a un guardia civil que la custodiaba tras una visita al Carlos Haya. Por esta agresión, la Guardia Civil le imputó un presunto delito de atentado a la autoridad. En la primera agresión, la mujer agarró del pelo a la funcionaria, la golpeó contra la pared y la arrojó al suelo sin que existiera un detonante aparente. CSIF llegó a asegurar "que su comportamiento correspondía más al de un hombre que al de una mujer" y que utilizaba su transexualidad "como escudo, alegando discriminación a la mínima ocasión".