El recluso se ahorcó en su celda del módulo cuatro del centro penitenciario de Tahíche en la madrugada del 15 de febrero de 2010. Para ello, utilizó tiras de tela de una colcha y cordones de zapato. Fue hallado muerto por la mañana, colgado de una rejilla situada sobre el grifo de la ducha. Llevaba ingresado apenas 17 días en la cárcel y se dio la casualidad de que su compañero de celda estaba de permiso.

Justo el día antes había remitido una instancia al director del centro penitenciario en el que mostraba su deseo de que entregaran las pertenencias a su familia. El Juzgado autorizó la apertura de un par de cartas del fallecido que estaban en poder del director del centro penitenciario. En una de ellas se decía: “Muchas veces intenté hacer esto pero mi niño [tenía un hijo menor de edad] siempre se ponía por delante y me sacaba la soga del cuello”.

La Inspección Penitenciaria primero y el Consejo de Estado después rechazaron la denuncia de los familiares, que apreciaron un “anormal funcionamiento” en Tahíche, principalmente por la existencia de la reja de la que se pudo ahorcarse, por la disponibilidad de los cordones y por no ser sometido al programa de prevención de suicidios, “cuyo riesgo no se había valorado”.

La instructora del procedimiento abierto por la Inspección Penitenciaria concluyó que “la muerte se había debido a la conducta del interno” y que “el funcionamiento de los servicios penitenciarios había sido normal”, destacando que tanto la colcha como los cordones “pertenecían a los enseres propios” de una cárcel.

Pena de ocho meses

El Consejo de Estado valoró que “era la segunda vez que ingresaba en prisión, por lo que ya conocía el régimen penitenciario”, así como que no había dado “muestra alguna de cometer un suicidio”.

Sobre la instancia dirigida al director de la cárcel antes de quitarse la vida, argumenta que en la misma “no mencionaba que fuese a atentar contra sí, ni siquiera aludía a su muerte de modo expreso”.

“Cabría perfectamente entender que ese deseo” de que entregaran sus pertenencias a su familia, “plasmado por escrito, era una especie de disposición testamentaria”. Sin embargo, cabe destacar que había ingresado no por una condena larga sino con una pena de tan solo ocho meses por un delito de lesiones en el ámbito familiar.