En una comparecencia celebrada en Madrid, el presidente de la formación, José Ramón López, explicó que “no nos han contado el plan y nos hemos enterado de su contenido por la Prensa”. El líder sindical fue contundente en su exposición de los hechos: “Ni el ministerio ni la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias nos han enviado el plan, cuando somos nosotros los que en teoría tenemos que aplicar esas medidas. No se ha enviado a los sindicatos, tampoco a los equipos de tratamiento, no se ha puesto en conocimiento de los funcionarios. Se ha enviado a los medios de comunicación, pero el personal penitenciario no ha tenido oficialmente ningún tipo de explicación hoy día, lo cual es bastante sorprendente”.

Tanto Acaip (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias) como otros cuatro sindicatos de prisiones presentaron el pasado 5 de junio un escrito dirigido al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para pedirle que se convocase la Mesa Especial de Seguridad. En concreto, el documento pedía que se reuniese dicho organismo, creado en su día por el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, para tratar dos asuntos: el citado plan de reinserción de terroristas y la posibilidad de que los perímetros de las cárceles estén vigilados por agentes de seguridad privada. “Este escrito ni siquiera se han dignado a contestarlo”, afirmó López.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias aseguraron a LA GACETA que “la información sobre el programa de reinserción de presos terroristas la tiene quien debe tenerla”. Y es que la denuncia de los sindicatos choca frontalmente con el hecho de que en las últimas semanas se hayan producido dos encuentros en las cárceles entre presos etarras y sus víctimas, dado que dichas reuniones están enmarcadas precisamente, según Interior, en el marco del plan de reinserción.

Cuando le preguntaron por esos dos encuentros, el representante de Acaip recordó que Consuelo Ordóñez, hermana del concejal asesinado por ETA Gregorio Ordóñez, denunció públicamente que al asesino de su hermano no le habían solicitado que colabore con la Justicia, “cuando es un requisito que está en el propio plan”. Según los trabajadores en las cárceles, lo habitual en este tipo de planes es que haya “una instrucción” a los trabajadores que en este caso no se ha producido. “Aquí no hay instrucción, ni programa de tratamiento, como tal no existe”, afirmaron.

“Interinos”
En la misma comparecencia, los representantes del sindicato mayoritario de prisiones mostraron su contrariedad por la posibilidad de que el Ejecutivo acabe por privatizar parte de los servicios que ellos prestan en las cárceles. Este temor trae causa de una comparecencia que protagonizó la semana pasada en el Congreso de los Diputados el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa. Consideraron esta posibilidad como una “línea roja” que no están dispuestos a permitir y anunciaron que llevarán a cabo “movilizaciones”. Por ello, exigieron al ministerio que rectifique su postura. Y propusieron como alternativa a la externalización de servicios que el Ejecutivo apueste por contratar “a funcionarios interinos” mientras no pueda haber oposiciones.

Los sindicalistas se mostraron especialmente críticos con Ignacio Ulloa. Y aseguraron que en su comparecencia aportó numerosos datos erróneos. “Dijo que en las cárceles españolas hay 80.000 plazas disponibles, pero no llegan a 42.000”.