El juez Castro recibió ayer el dictamen de la forense de la Audiencia, en el que concluye que Bolinaga sufre, efectivamente, un cáncer cerebral «de muy mal pronóstico a corto plazo», pero que, sin embargo, el preso «no se encuentra en fase terminal».

Por ello, entiende que el tratamiento actual que debe suministrarse al etarra, a la vista de la sintomatología que padece, «es compatible con ser llevado a cabo por los servicios médicos del centro penitenciario» donde cumpla condena. Es decir, que la prisión cuenta con personal y medios suficientes para atenderle en esta fase. «El tratamiento actual del enfermo, a la vista de la sintomatología que presenta, es compatible con ser llevado a cabo por los servicios médicos del centro penitenciario», afirma al respecto.

En cambio, si los médicos deciden que debe someterse a sesiones de radioterapia o a tratamiento quirúrgico, entonces sí se tendrá que realizar en un centro hospitalario y no en la cárcel.

En cuanto a las perspectivas de vida de Uribetxebarria Bolinaga, la forense señala en su informe que con los resultados obtenidos de las pruebas clínicas realizadas al recluso y basándose en el índice de Karnofsky –indicador que predice la evolución en pacientes oncológicos–, el 50 por ciento de los enfermos que padecen la misma enfermedad y grado que Bolinaga vivieron «igual o menos de 11,3 meses y el otro 50 por ciento sobrevivió igual o más de 11,3 meses».

Con este informe en su poder, el juez ya sólo espera para resolver el dictamen del fiscal, que, según fuentes solventes, previsiblemente será contrario a la libertad condicional de Bolinaga.

Una Circular de Instituciones Penitenciarias de 2010 establece los criterios para interpretar el mencionado precepto y establece los criterios para considerar que un preso padece una «enfermedad muy grave». Entre esos criterios figuran la existencia de «riesgo de muerte estimado superior al 10 por ciento en el plazo de un año, a pesar del tratamiento», «riesgo de muerte estimado superior al 50 por ciento en el plazo de 5 años, a pesar de su tratamiento» y cuando el índice «Karnosfsky sea menor o igual al 50 por ciento».

En el caso de Bolinaga, la forense establece que hay un 50 por ciento de posibilidades de que viva más de 11,3 meses, mientras que el Hospital de San Sebastián lo fijó en un año de vida como máximo.

Por otro lado, hasta ahora, según fuentes solventes, en la Audiencia no se ha negado una libertad condicional a ningún preso por enfermedad grave cuando las expectativas de vida del  enfermo  son similares a las de Bolinaga, que, según los informes médicos del Hospital de Donostia de San Sebastián la propia forense, no llega al año. Y ello, tanto de presos etarras como de  otros muchos que fueron igualmente condenados por la Audiencia –aquejados de graves e incurables enfermedades–. En ningún caso se rechazó tal petición.

En relación con ETA, en los últimos años ha habido dos casos en los que se plantearon la libertad condicional en aplicación del artículo 104.4 del Reglamento Penitenciario –el mismo que Instituciones Penitenciarias plantea para Bolinaga–, y en los dos se accedió a ella sin oposición del fiscal.

Dos precedentes sin oposición
El primero fue en 2006 y se trataba del recluso Sergio Pérez Fuertes, condenado por haber colocado un cóctel molotov en el «Eusko Tren». En ese caso, el juez le otorgó la libertad tras valorar el caso «y en plena conformidad con el informe del Ministerio Fiscal».

Más reciente es el caso de Mikel Ibáñez Oteiza, a quien se le concedió igualmente la libertad condicional, en aplicación del citado precepto del Reglamento Penitenciario, en enero de 2011. Oteiza fue extraditado por Francia a España en 2008 y ese mismo año el entonces juez  Garzón le concedió la prisión atenuada en su domicilio, bajo vigilancia policial, a causa del cáncer que padecía.

Un año después, fue juzgado y condenado por la Audiencia a 27  años de cárcel por cooperar con el «comando Eibar» de ETA en el asesinato del industrial Patxi Zabaleta, en junio de 1988.
Tras pasar dos años en prisión atenuada, la Audiencia ordenó su reingreso en prisión, donde permaneció de forma ininterrumpida desde el 10 de agosto de 2010 hasta que le concedió la libertad condicional.

Así, el 10 de septiembre de ese año, la prisión de Martutene, donde cumplía condena, acordó su clasificación en segundo grado en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, con aplicación de medidas específicas de seguimiento y control telemático. Esa propuesta del equipo directivo de la cárcel fue aprobada por el juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia el 24 de septiembre.

Apenas tres meses después, el 29 de diciembre, se le otorgó el tercer grado, en aplicación ya del artículo 104.4 del citado reglamento. El 14 de enero, el juez de Vigilancia de la Audiencia le concedió la libertad condicional.

En este caso, la Fiscalía de la Audiencia Nacional no se opuso ni a la prisión atenuada en su domicilio que acordó Garzón, ni a la progresión al tercer grado ni a la libertad condicional.

De hecho, en el auto del magistrado José Luis Castro –quien debe resolver también respecto a Bolinaga– dictado  sobre esa última medida,  se especifica que «el Ministerio Fiscal ha informado en el sentido de no oponerse a la libertad condicional propuesta».

Oteiza falleció el 8 de abril, apenas tres meses después de obtener la libertad condicional por parte de la Audiencia Nacional.

LAS CLAVES DEL INFORME FORENSE
Pronóstico grave, pero no terminal
«La enfermedad tumoral diagnosticada es de muy mal pronóstico a largo plazo», pero que, sin embargo, «no se encuentra en fase terminal y únicamente presenta leves síntomas clínicos en relación con la misma». Éste es el resumen y la valoración global que realiza la forense tras analizar los informes y el historial médico de la enfermedad de Bolinaga, cáncer cerebral. Por ello, entiende que, en esta situación, puede recibir los cuidados sanitarios que precisa sin necesidad de que sea excarcelado, ya que los servicios médicos de la prisión tienen los medios necesarios. Además, recuerda que está pendiente que se complete el diagnóstico sobre el tumor de origen y otros aspectos derivados del mismo, por lo que considera que sería conveniente «una nueva evaluación clínica, una vez que se realice la terapia específica, para evaluar la posible mejoría» que pueda experimentar con ese tratamiento. La prisión de Zaballa (Álava), por contra, entendía que precisa ser ingresado en un hospital.

El entorno etarra no acepta la decisión
Las reacciones a la decisión de la Audiencia no tardaron en llegar. El colectivo de apoyo a los presos de ETA Herrira calificó de «vergüenza» y «tomadura de pelo» que Bolinaga continúe encarcelado. No fueron los únicos, siete diputados navarros de Bildu y Aralar se encerraron 24 horas en el Parlamento para reclamar su «libertad». Amén de los presos que siguen en huelga de hambre.

LAS REACCIONES
El Gobierno defiende que actuó «cumpliendo la ley»
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, defendió tras conocerse la conclusiones de la Audiencia Nacional sobre la situación del preso, que «el Gobierno actúa cumpliendo la ley, como se viene interpretando y aplicando», pero que la decisión que tome el juez de Vigilancia Penitenciaria, José Castro, será respetada por parte del Ejecutivo. Además mostró su comprensión con las víctimas, a las que dice entender y respetar «al cien por cien, porque es muy dura la situación que han tenido que vivir, tanto ellas como sus familias». Por último, la vicepresidenta recalcó que la postura del Gobierno en materia antiterrorista es muy clara, por lo que «ni se negocia, ni se habla ni se tiene contacto con terroristas».

La AVT exige la revocación inmediata del tercer grado
Ángeles Pedraza, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, exigió ayer, tras conocer el informe de la clínica forense de la Audiencia, la «revocación inmediata del tercer grado, puesto que se ha demostrado que las circunstancias no son las que dijeron». Pedraza, además, pidió al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que explique ahora quién es el que ha prevaricado tras conocer el informe. «¿Ahora quién ha prevaricado? ¿los médicos del País Vasco?», preguntó al ministro, quien defendió el jueves el tercer grado alegando que no hacerlo habría sido incurrir en «prevaricación».