El departamento que dirige Ángel Yuste está tranquilo. Aseguran sus responsables que van a cumplir la promesa que hizo esta misma semana Jorge Fernández Díez a la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, de que el Gobierno no tiene en su agenda la excarcelación de ningún otro recluso de ETA con problemas de salud. En Instituciones Penitenciarias saben que ninguno de los informes médicos remitidos a la secretaria general por los equipos de las cárceles donde se encuentran estos reclusos apunta a que se encuentren en fase terminal, el único diagnóstico que, según Interior, podría provocar una nueva excarcelación.

Las instrucciones a todas las prisiones son claras: ninguna junta de tratamiento propondrá la progresión de grado de un etarra, esté o no aquejado de alguna dolencia, sin consultar antes con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. El equipo que dirige Yuste ya tiene fijados los parámetros para interpretar el polémico artículo 104.4 del Reglamento Penitenciario, el mismo que fija que los "penados enfermos muy graves con padecimientos incurables (.) podrán ser clasificados en tercer grado por razones humanitarias y de dignidad personal".

La propuesta de progresión, a la vista de este precepto, solo se hará para presos aquejados de dolencias "muy graves, irreversibles, incurables" y únicamente en los casos en los que más de un médico certifique que el recluso se encuentra en fase terminal, con una esperanza de vida que se cifre en meses, más que en años. Prisiones, advierte, tendrá, eso sí, que fiarse de los dictámenes de sus propios profesionales sanitarios.

Crónicas

Con estas pautas, explicaron responsables de Interior y Justicia, no habrá más excarcelaciones porque ninguno de los 13 presos citados por la izquierda abertzale se encuentra en fase terminal. Ni siquiera cerca, salvo que haya sorpresas. Es más, según los análisis de los médicos de prisiones, es cierto que la mayoría de ellos están aquejados de enfermedades crónicas, pero que no son mortales. Sufren anomalías cardíacas, episodios reumáticos agudos, desórdenes mentales o cánceres que han sido tratados, por ahora, con éxito.

Técnicos de Instituciones Penitenciarias sostienen que serían "cientos, quizás miles", los presos que en España debería acceder a la libertad condicional si se les aplicaran los parámetros que reclaman los colectivos de familiares de presos de ETA. "Sufrir una enfermedad crónica o incurable, como sería la diabetes, una inmunodeficiencia o problemas cardiovasculares, no es equivalente a tener una patente de corso para salir de la cárcel", explicaron este jueves responsables jurídicos de Instituciones Penitenciarias.

Con estas premisas, en Interior y Justicia se muestran seguros de poder controlar la puesta en libertad de esos reclusos, a los que la izquierda abertzale ha convertido en bandera de sus reclamaciones. Los juristas recuerdan que el artículo 192 del Reglamento Penitenciario fija como paso previo a la libertad condicional la progresión al régimen de semilibertad -tercer grado- y esta decisión siempre estará en manos de Instituciones Penitenciarias.

En el Gobierno admiten que Instituciones Penitenciarias podía no haber progresado de grado a Uribetxebarria Bolinaga, pero entienden que ello hubiera sido incumplir el reglamento a sabiendas. Este jueves, no obstante, en el Ejecutivo se respiró aliviado después de que la Audiencia Nacional confirmara la excarcelación decretada por el juez de Vigilancia Penitenciaria y, de paso, diera un espaldarazo a Interior por la discutida decisión de conceder el tercer grado.

Este jueves, un día después de la excarcelación, el mensaje desde el Gobierno, a diferencia de días pasados, fue unánime: respeto a una decisión judicial a pesar del disgusto por ver a un terrorista en el calle. Alberto Ruiz-Gallardón, el miembro más crítico del Gobierno con la decisión de Fernández Díaz, evitó la polémica. "Lo que todos tenemos que hacer es acatar las sentencias que dicta quien puede hacerlo que es el Poder Judicial, nos guste más o menos", apuntó el ministro de Justicia.