El proyecto cuenta con el beneplácito del director del macrocomplejo penitenciario onubense, Alejandro Zulueta, que está tan "entusiasmado" que incluso ha mostrado -en una visita reciente- a Pontón, al comisario de la Policía Nacional, Antonio Placer, y la secretaria coordinadora, Rosa María Berenguel, las dependencias en que se ubicará la oficina dentro de la prisión. "Las instalaciones son magníficas y cuentan con una sala de videoconferencias extraordinaria", remarca el presidente de la Audiencia.

Precisamente en esta sala se desarrollará la mayor parte de los actos judiciales que se efectuarán en la futura oficina penitenciaria, lo que evitará el traslado de los reclusos a las sedes judiciales onubenses. Es decir, que cuando el juez llame a declarar a un preso, no será necesario que se desplace hasta la capital para luego retornar al presidio. Lo hará por videoconferencia.

Esto supondrá un ahorro de unos 800 traslados anuales de internos, conducciones en las que van acompañados por funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es decir, que los policías y guardias civiles que prestan este servicio "se podrán dedicar a otros menesteres, se ahorrará en combustible y, evidentemente, se ganará en seguridad".

Algo similar ocurrirá con las decenas de funcionarios de la administración de Justicia que diariamente se desplazan al centro penitenciario para realizar los actos de comunicación a los internos. Aunque no pudo precisar cuántos de ellos viajan desde los juzgados a la cárcel, Antonio Pontón si calculó que "llegan a ser más numerosos que los policiales, con lo que conseguiremos una importante reducción de horas de traslado; el personal invertirá ese tiempo en otras tareas que contribuirán a agilizar la justicia onubense".

En materia de seguridad, aduce Pontón, hay que agregar la protección de los documentos: "En Madrid se llegó a falsificar hasta un auto de libertad que generó este verano un problema grave. Llegaron a coger el sello, realizaron un auto modelo desde un cibercafé y lo enviaron por fax a un juzgado de guardia. Con la oficina penitenciaria desaparecen estas prácticas".

El presidente de la Audiencia Provincial ya ha transmitido los detalles del proyecto al delegado del Gobierno de la Junta en Huelva, José Fiscal, que se reunirá con el consejero de Justicia, Emilio de Llera, quien "ya me ha indicado que le parece adecuado y correcto". Esta experiencia, una vez que eche a andar, será "pionera en Andalucía, la primera que exista en nuestra comunidad".

Para poner en marcha la oficina judicial de la prisión se hace imprescindible la creación de dos nuevos puestos de funcionarios: uno de auxilio judicial y otro de gestor. Ellos serán los encargados de cumplimentar desde las notificaciones a las citaciones, pasando por los requerimientos, emplazamientos, embargos o mandamientos de libertad, entre otros trámites, que descargarán no sólo al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, sino a todos los órganos judiciales de la provincia. También será necesario dotar a la oficina de medios materiales, como ordenadores. No obstante, Pontón considera que "este coste, en comparación con los beneficios que podemos obtener, es bastante bajo y perfectamente asumible por las administraciones a las que corresponde otorgarnos los medios".

Con la salvedad de alguna modificación relacionada con las características de los servicios comunes de Huelva, la oficina judicial del penal de La Ribera se regirá por el protocolo de actuación fijado por los ministerios de Interior y Justicia, documento al que ha tenido acceso este rotativo y en el que se detallan de manera exhaustiva todas sus características.

La oficina depende funcionalmente de los órganos judiciales, aunque existirá una interrelación intensa con la institución penitenciaria. El personal de la delegación judicial del penal estará sometido a las órdenes del secretario judicial del juzgado en cuestión y la comunicación entre ellos debe ser habitual. Éste debe facilitar al establecimiento carcelario sus datos de identificación personal y profesional y, en principio, el penal le permitirá el acceso a las oficinas generales, los locutorios, la sala de videoconferencia o el departamento de ingresos.

Corresponde a la dirección de penitenciaría determinar las franjas horarias en que se producirán las notificaciones y el traslado de las resoluciones judiciales a los internos, aunque se ha establecido un turno de mañana (9:00 a 13:30) y de tarde (16:30 a 20:30).

Los funcionarios despacharán a diario con el jefe de la Oficina de Gestión Penitenciaria los asuntos que afecten a notificaciones, libertades, diligencias, juicios o videoconferencias, entre otros, y podrán asistirse del Sistema de Identificación Automatizado (SIA) para poder reconocer a los internos afectados por cada acto. El administrador de la cárcel controlará lo referente a la ubicación de los trabajadores y los medios facilitados para llevar a cabo su labor, mientras que el área de informática asistirá técnicamente al personal adscrito. La Junta de Andalucía debe dotar a la oficina de fax, escáner e impresora, mientras que la prisión le dará línea telefónica y acceso a internet.

Cualquier órgano judicial que precise realizar una videoconferencia con un recluso debe remitir a la cárcel un oficio comunicando la fecha y hora previstas para llevarla a cabo, algo que se producirá de mutuo acuerdo. A través de este sistema acontecerán declaraciones de testigos y peritos en la celebración de vistas de los órdenes civil, social y contencioso administrativo. En fase de instrucción penal, se podrán desarrollar interrogatorios y declaraciones de imputados, testigos y peritos, asegurando la presencia virtual del acusado en el juicio durante todo su desarrollo. También se podrán llevar a cabo ruedas de reconocimientos, auxilios judiciales extraprovinciales acordados en comisiones rogatorias, entrevistas de los reclusos con el juez y el fiscal de Vigilancia Penitenciaria, la intervención del Ministerio Fiscal en los procedimientos penales, o las declaraciones, interrogatorios y entrevistas a menores recluidos en centros de internamiento.

El objetivo es que este protocolo de actuación "se firme también en Huelva entre el director del centro penitenciario y el representante máximo de la Junta de Andalucía", aclaró el presidente de la Audiencia, aunque todavía no se ha fijado una fecha para ello.