Instituciones Penitenciarias guarda un absoluto mutismo sobre la decisión del Ayuntamiento de denunciar el convenio para la permuta de los terrenos y el edificio de la antigua cárcel provincial. La entidad estatal dependiente del Ministerio del Interior y encargada de la gestión de las prisiones españolas ha rechazado comentar esa decisión, respaldada por todo el pleno municipal, ni aclarar cuál será el futuro del edificio.
El convenio recogía el pago de 1,2 millones de euros por el Ayuntamiento a cambio del edificio y las fincas. Esos ayudarían a aliviar las estrecheces económicas de Instituciones Penitenciarias, una entidad acostumbrada a recibir la parte del ratón en los presupuestos del Estado.
Pero el gobierno local rechaza por completo pagar lo previsto en el convenio. Sostiene que los terrenos y el edificio son suyos. Las fincas fueron adquiridas por la Administración local en los años 20 y cedidos al Estado con el único fin de construir y operar una cárcel. Pero la prisión ya no existe, así que los bienes deben volver al Ayuntamiento, entiende el gobierno local.
El trámite del convenio
El convenio de permuta del inmueble y los terrenos fue aprobado en el 2005. Aunque comprometía gastos en ejercicios futuros no fue llevado al pleno como un punto específico para su votación, sino como una toma de conocimiento. Tanto el BNG como el PP mostraron su disconformidad, pero la tramitación siguió adelante. Sin embargo, en los años posteriores nunca se presupuestaron los fondos para ejecutar el acuerdo y la cárcel siguió en manos del Estado mientras que su deterioro se aceleraba al estar desocupada y falta de mantenimiento.
La actual concejala de Interior, Rosa Gallego, reconoce que «no daba crédito» cuando examinó el expediente sobre la cárcel y comprobó la documentación de 1925. Tampoco debieron darlo los responsables de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), que han mantenido varias reuniones con el gobierno local en las que no se ha logrado alcanzar un acuerdo sobre el futuro del edificio y los terrenos.
Gallego insiste en que el «deber» del Ayuntamiento es salvaguardar el dinero de los coruñeses y, aunque la solución puede tardar, el gobierno parece decidido a no pagar los 1,2 millones. También parece decidido que se mantendrá en la zona el centro de inserción que ya está funcionando. Lo que no está claro es el uso que daría el gobierno a la cárcel, aunque la idea de sus predecesores de poner un parador parece descartada.
La postura del Estado
Instituciones Penitenciarias podría recurrir a los tribunales para hacer cumplir el convenio, pero todo indica que a la institución estatal le conviene una resolución más rápida al conflicto. La cárcel no le proporciona ningún ingreso, más bien todo lo contrario: le ocasiona pérdidas en forma de pago de impuestos como el IBI o la vigilancia de las instalaciones. Eso sin contar con el precio de las posibles obras para recuperar el edificio. Todos esos desembolsos continuarán hasta que consiga librarse del inmueble.
