De este modo, y según las fuentes consultadas, los internos se «quejan» de que Lanzas haya sido nombrado «coordinador de actividades», una figura que «no existe» y que «utiliza para mandar y decidir» sobre sus compañeros de módulo. Los internos «están muy cabreados» con esta situación, han indicado las mismas fuentes, «pues se le ha asignado una función que no existe» y con la que «puede mandar sobre los otros reclusos», añadiendo que los presos sólo han trasladado su queja de forma verbal a los funcionarios de la prisión y no por escrito «porque no quieren problemas».

Fue el pasado día 22 de marzo cuando la juez Mercedes Alaya ordenó el ingreso en la cárcel de Sevilla-I de Juan Lanzas por los presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales y de cohecho, así como supuestos delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias.

La juez entiende que existe un «evidente» riesgo de fuga y de que pueda «manipular» los medios de prueba, así como de que «pueda hacer desaparecer dinero, documentación, o cualquier cosa de interés para la causa al existir todavía una entrada y registro pendiente de ejecutar en su entorno».

En el auto, la juez hace mención a las «relaciones» entre la conocida familia de empresarios Ruiz Mateos y el exsindicalista Juan Lanzas, a quien atribuye un «exagerado enriquecimiento» de más de 13 millones de euros gracias principalmente a las sobrecomisiones del 20 o incluso 29 por ciento conectadas con el coste final de las pólizas de seguro de rentas pagadas con la citada partida. Estas sobrecomisiones, según la juez, fueron el «alimento» del que se nutrían todas las partes de la trama.