Fuente: Sur.es
Más de cien alumnos participan desde hoy en la celebración del curso "Alternativas a la prisión y asistencia a los penados", en el que expertos en instituciones penitenciarias analizarán las medidas opcionales que existen a la pena de cárcel, sobre todo ante la "crisis" que existe en el sistema.
El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, ha sido el encargado de impartir la lección magistral inaugural en la que ha puesto de manifiesto el deseo que existe desde hace mucho tiempo sobre la necesidad de revisar la pena privativa de prisión.
Según ha defendido, es necesario llevar a cabo acciones alternativas a la pena privativa, sobre todo, por dos motivos fundamentales: el alto coste que supone y las dudas que existen sobre la eficacia de esta medida, fundamentalmente en algunos casos.
Yuste ha dicho que, aunque existe una percepción ciudadana cada vez más a favor de medidas alternativas, de momento no existen fórmulas que sean "más efectivas" para salvaguardar la paz social que la pena privativa de libertad.
En España, hay una media de 147 presos por cada 100.000 habitantes, una cifra "alta" en comparación con la media de la Unión Europea, que es de 122 reclusos y que, sin embargo, dista mucho de la tasa de Estados Unidos, con 700 presos por cada 100.000 habitantes.
Para el secretario general de Instituciones Penitenciarias, existe actualmente una "crisis" de la prisión y ha defendido la necesidad de evitar las penas "cortas" en la cárcel, apostando por otro tipo de mecanismos.
Ha argumentado que esto se fundamenta en que las personas condenadas a penas cortas, consideradas como "pequeños delincuentes", entran en contacto durante el periodo que están en prisión con otros presos que pueden generar una influencia sobre el reo.
Además, Yuste ha sostenido que las penas cortas no conceden el tiempo necesario para favorecer la reinserción del penado, de manera que las condenas de menos de seis meses "distorsiona" el tratamiento al que son sometidos los reclusos para evitar la reincidencia.
Ha abogado, por todo ello, por buscar los mecanismos necesarios para equilibrar las razones que permitan encajar las dos posturas, la de la prisión y la que apuesta por las medidas alternativas, aplicables a los delitos de menor calado.
Entre esas medidas, Yuste ha citado los servicios a la comunidad, donde la persona condenada deja de convertirse en una carga para ser un trabajador.
También se ha referido a la modalidad de la suspensión de la condena para delitos de menor calado, con la condición de que el penado no vuelva a delinquir, una medida que tiene cierto "parentesco" con la libertad condicional.
A la crisis del sistema también se ha referido el juez de Vigilancia Penitenciaria de Melilla y coordinador del curso, el magistrado Juan Rafael Benítez Yébenes, quien ha señalado que la prisión en sí tiene ciertos "déficit" a la hora de cumplir con su papel de prevención para evitar delitos.
Pese a ello, ha dicho que todavía "no se ha inventado nada" que sustituya esas deficiencias del sistema de prisión, iniciado ya en el siglo XVIII.
"Hoy por hoy es una pena -la de prisión- que está en crisis, pero que es necesaria", ha apostillado Benítez Yébenes.
El juez ha incidido en el papel importante que tienen las ONG y la sociedad en su conjunto dentro de la institución penitenciaria, ya que la tarea de reinsertar a las personas privadas de libertad requiere de un esfuerzo conjunto para lograr una "normal convivencia".