Se trata de una cuestión elevada por la sala de lo Social de la Audiencia Nacional y dos por el juzgado de lo Social número 5 de Santa Cruz de Tenerife.

Las demandas que se han planteado ante estos tribunales -que las elevan al Constitucional- cuestionan la legalidad del artículo 2 del Real Decreto de 13 de julio de 2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicación al personal laboral del sector público.

En virtud de esta ley se suprimió la paga extraordinaria de Navidad de 2012 a funcionarios y empleados públicos