Fuente: Las Provincias.es

Acaip denuncia que la medida «pone en riesgo la seguridad» de la prisión y que es el primer paso para privatizar el sistema penitenciario

La vigilancia mixta (guardias civiles y personal de empresas privadas de seguridad) es ya un hecho desde ayer en la cárcel de Picassent. Lo anunció la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias sin que el Ministerio del Interior difundiera ninguna nota o comunicación al respecto. El Gobierno alega «seguridad» para no informar sobre estos aspectos, pero para Acaip supone una muestra de «oscurantismo y falta de transparencia» (añaden que no se ha informado ni en el Congreso ni a las Fuerzas de Seguridad).

Desde ayer, como explican desde el sindicato, una quincena de guardias jurados de la empresa Segur Ibérica se dedican a vigilar el perímetro de la prisión valenciana y a controlar los monitores de seguridad. No tendrán «contacto alguno» con presos y las conducciones (traslado de internos a hospitales, otras cárceles...) seguirán siendo realizados por la Guardia Civil, según Interior. Pero la preocupación del sindicato radica en un extremo principal: entienden que la privatización del servicio «pone en riesgo la seguridad de los centros penitenciarios, de sus trabajadores e internos».

Acaip subraya que los vigilantes (que en todo momento estarán acompañados por guardias civiles) sólo han realizado «un breve curso, y no están en condiciones de garantizar la seguridad en las mismas condiciones que lo pueden hacer los miembros de los Cuerpos de Seguridad que han tenido una formación durante años».

El «breve curso» que critica el sindicato de funcionarios de prisiones tiene su reflejo en el BOE del 10 de diciembre de 2012, cuando el Gobierno dictó la orden con el temario que deben superar los vigilantes que aspiren a trabajar en prisiones. O lo que es lo mismo, un curso que oscila entre las 10 y las 20 horas presenciales, solventadas en un máximo de tres días, según academias. En dicho temario se incluye la normativa reguladora de la vigilancia en centros penitenciarios, formación sobre el control de accesos, el control de cámaras, la vigilancia perimetral de las instalaciones penitenciarias y la colaboración con las Fuerzas de Seguridad, según el BOE.

Desde el sector de seguridad privada defienden su solvencia para el cometido, como ha destacado en publicaciones especializadas Aritz Larrea, consejero delegado de Segur Ibérica: «Tenemos sobrada y demostrada experiencia». LAS PROVINCIAS trató de recabar ayer sin éxito la posición de algún portavoz de Segur Ibérica ante las críticas de Acaip.

8,8 millones de gasto

El sindicato también lamenta el «dispendio económico enorme y sin sentido» de la medida: 800.000 euros de coste en la cárcel de Picassent y 8,8 millones en todas las prisiones de la Comunitat. Los funcionarios sostienen que supone «duplicar los servicios», pues hasta ahora los realizaba un agente público y ahora los llevará a cabo un guardia civil junto al vigilante privado. El temor de Acaip es que esta privatización (defendida por Interior como forma de destinar otros guardias civiles a patrullar por zonas urbanas) sea el primer paso «para privatizar todo el sistema penitenciario español, como las cárceles privadas que ya funcionan en Gran Bretaña o EE UU».