ACAIP - Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) es el sindicato mayoritario en el sector
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Fuente: Vozpopuli
- En los últimos meses han quedado desiertos los dos concursos de Interior para adjudicar la gestión de las más de 250 cuentas de Instituciones Penitenciarias
- Los bancos consideran inadmisible que Prisiones exija llevar cuatro veces al mes dinero en efectivo a cada una de las 84 cárceles españoles "sin coste alguno"
- Interior ya reconocía en una instrucción interna del pasado mes de enero que "los justificados vaivenes del sector privado" le obligaban a tomar medidas de urgencia
Las entidades financieras se niegan por segunda vez en pocos meses a presentarse al concurso para administrar las cuentas de Instituciones Penitenciarias, entre ellas las que acogen el dinero de los reclusos. Admiten que dada su falta de rentabilidad sólo pujarán si el departamento de Juan Ignacio Zoido incluye otros depósitos del Ministerio que sí lo sean.
Otra vez desierto. El segundo concurso convocado en los últimos meses por el Ministerio del Interior para administrar las más de 250 cuentas de Instituciones Penitenciarias en las que se ingresan al año cerca de 800 millones de euros no ha recibido ninguna oferta de las entidades financieras para hacerse cargo de su gestión. Según reconocen los principales bancos españoles consultados por Vozpópuli, la principal causa de ese desinterés no es otro que la complejidad y nula rentabilidad de gestionar las 84 cuentas a través de las cuales se centraliza el dinero que pueden gastar los reclusos entre rejas, el conocido como peculio. La situación, por inédita, ha puesto en serios aprietos al departamento que dirige Juan Ignacio Zoido, que se ha visto obligado a reactivar una 'ventanilla' en cada cárcel atendida por funcionarios de Prisiones para facilitar que las familias de los internos puedan hacer llegar fondos a éstos para que puedan hacer pagos en el economato de la prisión. El principal sindicato de funcionarios de prisiones, ACAIP, ya ha alertado de los diferentes riesgos que ello supone, entre ellos el blanqueo de capitales. Portavoces oficiales de Instituciones Penitenciarias han declinado atender los requerimientos de información realizados por este diario en los últimos días.
El Ministerio del Interior publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 30 de julio el primer pliego de prescripciones técnicas del concurso para adjudicar la gestión durante los próximos tres años de éstas cuentas, que hasta ahora ha gestionado el Banco Santander. Sin embargo, a esa primera convocatoria no se presentó ni la entidad que dirige Ana Patricia Botín ni ninguna otra, lo que obligó a Instituciones Penitenciarias a hacer una nueva licitación. Ésta se realizó el pasado 18 de octubre, con idéntico resultado. Según comunicó el propio Ministerio en la plataforma de contratación del sector público el pasado 31 de enero, de nuevo ninguna entidad financiera hizo oferta en un concurso "negociado con publicidad" al que se invitó a un mínimo de tres entidades.
Varios de los principales bancos españoles consultados por este diario reconocen que el interés por hacerse con este concurso es mínimo, cuando no nulo, sobre todo por la complejidad de gestionar el peculio de los presos. En este sentido, destacan que prestar este servicio obligar a dedicar numerosos recursos para un servicio que los bancos no pueden rentabilizar. Por ello, ven difícil salida a este proceso salvo que la Administración decida 'añadir' al concurso de los depósitos de Prisiones los de otro departamento del Ministerio para hacerlo atractivo. Por ejemplo, en el caso de la Policía sí hubo dos aspirantes ya que ganarlo suponía manejar cuentas por las que pasan 2.100 millones de euros al año y la posibilidad de sumar a su base de clientes a los 75.000 agentes cuyas nóminas se tramitaban. Caixabank se hizo el pasado mes de septiembre con él por tercera vez consecutiva.
Condiciones inadmisibles
Los bancos están actualmente sumidos en una guerra por captar clientes y así compensar el pinchazo de márgenes. Pero necesitan que éstos sean rentables, ya sea a costa de no remunerar los depósitos (como hacen la mayoría de entidades) o con el cobro de comisiones (como Santander). En el caso de Prisiones, el mero hecho de tener que encargarse del peculio rompe esta ecuación. No obstante, también destacan la existencia de otras condiciones incluidas en el pliego del concurso que consideran inaceptables. Así, se incluía el compromiso de prestar "sin coste alguno" el servicio de transporte de dinero en efectivo a todas las cárceles y a la sede central de Instituciones Penitenciarias, situada en la madrileña calle de Alcalá, para dotar con efectivo a "las cajas pagadoras". Y todo ello"con una periodicidad mínima de cuatro envíos mensuales, en viaje de ida y vuelta".
El pliego, que recuerda la "inembargabilidad de los fondos públicos", también ponía como condición que el banco tuviera "oficinas propias abiertas al público en, al menos, el 50% de las localidades donde están ubicados los establecimientos penitenciarios", en un momento en el que todos los bancos están cerrando sucursales. Todo ello con un coste '0' para la Administración. Otra condición recogida en el pliego es que en los depósitos destinados a pagar las nóminas de los funcionarios no se imputaran intereses de demora. "Independientemente de que por parte del Tesoro Público se haya o no librado el oportuno mandamiento de fondos, la entidad adjudicataria se compromete al pago de las retribuciones a todo el personal". Pago que, además, debía hacer efectivo "el penúltimo día hábil de cada mes".
Riesgo de blanqueo
Además el documento recogía la necesidad de que "la entidad adjudicataria" adquiriese el compromiso de "efectuar adelantos de nómina de hasta 1.500 euros" sin intereses a cada funcionario, así como la suscripción de un seguro de fallecimiento de 4.500 euros y otro de 30.000 euros de accidente "para los supuesto de muerte e invalidez permanente derivado de actos violentos o terroristas" siempre que los trabajadores hubieran domiciliado la nómina en ese mismo banco. Instituciones penitencias también exigía a los aspirantes que la recepción de fondos para los internos en las cuentas de peculio se hiciera de forma gratuita para los familiares de éstos, además de obligar a los empleados de las sucursales a detallar tanto la identidad de la persona que hacía el ingreso como del preso que iba a recibir el dinero. Todo ello con el fin de detectar posibles casos de blanqueo de capitales a través de estos ingresos. Un control que se ha extremado al haberse detectado supuestos casos de blanqueo e, incluso, pagos por transacciones de droga en los movimientos de los peculios, como adelantó en su día Vozpópuli.
La situación obligó al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, a dictar el pasado mes de enero una instrucción interna para que todas las cárceles reactivasen a partir de la segunda quincena de ese mes las llamadas 'ventanillas de peculio' con "los medios personales y recursos necesarios" para facilitar que las familias de los internos pudieran hacer llegar a éstos fondos con los que hacer frente a sus gastos dentro de las cárceles. En el escrito se reconocía que con esta decisión Interior quería "evitar que los justificados vaivenes del sector privado influyan en la capacidad de realizar aportaciones al fondo de peculio". El principal sindicato de funcionarios de prisiones, ACAIP, ya ha mostrado su oposición a la medida al considerar que la misma va a suponer que al menos 300 trabajadores penitenciarios tengan que abandonar sus funciones "para acabar de 'cajeros de banco" en las cárceles. De hecho, ha remitido sendas cartas al propio Yuste y a la Agencia Tributaria para alertar de los riesgos que suponía poner en marcha dichas 'ventanillas', un medida que podía provocar "problemas de seguridad" en las cárceles además de dificultar la lucha contra el 'lavado' de fondos dentro de prisión.
Tres tipos de cuentas y 800 millones de euros
El contrato para la gestión de las cuentas bancarias de Instituciones Penitenciarias incluye tres grupos de depósitos. En primer lugar, la denominada "de gestión de gastos de Administración", a través de la cual Interior hace frente a los gastos de funcionamiento de los distintos establecimientos dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias". Se trata, en concreto, de 84 depósitos, uno por cada prisión o Centro de Inserción Social (CIS), además de uno de los órganos centrales. En las mismas se ingresaron cerca de 78 millones de euros durante 2015, último periodo del que se tienen datos. El segundo grupo de cuentas es el de "pago de haberes", y tiene por objeto el abono de las nóminas de los cerca de 26.000 funcionarios de prisiones. Es, con diferencia, la que más fondos mueve: más de 605 millones de euros, De hecho, los depósitos de 21 cárceles reciben anualmente más de 10 millones de euros cada una por este concepto. En el caso de la de Valencia, el año pasado la cifra ascendió a cerca de 27 millones. Finalmente, el tercer grupo es el de las cuentas abiertas para la "gestión de peculio". En estos depósitos se ingresaron durante 2015 algo más de 111 millones de euros, según la propia documentación que Interior adjuntó al pliego de prescripciones técnicas. En total, aproximadamente 800 millones de euros en ingresos al año.