Fuente: Las Provincias

El Gobierno no aclara el futuro de la nueva prisión pese a que funcionarios de Picassent urgen que se construya ante la congestión del centro.

El centro penitenciario Levante II, más conocido como cárcel de Siete Aguas, debería haber sido una realidad el año pasado. Al menos así se proyectó en tiempos del Gobierno de Zapatero. Sin embargo, la futura cárcel valenciana destinada a descongestionar Picassent es hoy un esqueleto vallado de ladrillos y cemento en el paraje de El Campillo. Y sin más actividad que la de un vigilante que vela para que lo poco que hay construido no acabe saqueado.

Y lo más sorprendente es que ningún organismo gubernamental es capaz de ofrecer una respuesta sobre el futuro de unas instalaciones edificadas, a medias, con el dinero de todos. La Delegación del Gobierno en la Comunitat, que anunció que las obras se reanudarían en abril de 2016, calla ahora y cede la palabra a Instituciones Penitenciarias.

El organismo dependiente del Ministerio de Interior, consultado desde hace una semana, lo resume todo en una frase: «No tenemos nada nuevo de la cárcel de Siete Aguas». Ni respuesta al tiempo que lleva el proyecto paralizado. Tampoco a lo más básico: si va a continuar adelante, si este año se retomará la actividad o en qué fecha se estima que volverán las máquinas a la obra. Tampoco lo aclara el contratista, Sacyr: «Quien tiene que responder sobre Siete Aguas es el cliente, el Gobierno». También silencio en la otra firma de la UTE, Indra.

En esta tesitura, son los sindicatos los que aportan algo de información y muchas quejas. En la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) echan la vista atrás y recuerdan los últimos trabajos entre septiembre y diciembre de 2013. A partir de esa fecha, la prisión se ha quedado en la estacada.

Un proyecto «necesario»

El sindicato resalta que la cárcel de Siete Aguas es «urgente y necesaria» para la provincia de Valencia. «Mientras la población reclusa en muchas prisiones ha descendido un 30%, en Picassent no ha sido así. Y si no fuera por las obras que se están realizando seguiría prácticamente con la misma ocupación que ha venido manteniendo a lo largo de su historia». De ahí que apremien al Gobierno a seguir adelante con «otro centro en la provincia que contribuya a descongestionar».

ACAIP considera que la cárcel de Picassent «no debería seguir acogiendo a internos en internas clasificados en primer grado». Son los presos más peligrosos, «los que han protagonizado numerosos incidentes como agresiones a trabajadores o a otros reclusos».

El sindicato sustenta esta petición en «la antigüedad, la estructura y la falta de medidas de seguridad» del centro, construido en 1990 y dotado de 1.329 celdas. «En Picassent cuando un interno de este tipo protagoniza un incidente para separarlo de resto se le traslada a otro módulo que dispone de menos medidas de seguridad», lamenta un portavoz sindical.

En su opinión, y si algún día llega a abrirse el nuevo penitenciario de Siete Aguas, la actual cárcel valenciana debería quedar reservada «para módulos de respeto, módulos terapéuticos o módulos experimentales, pues su estructura sí que es más acorde para ello».

Las críticas ante la paralización de Siete Aguas y la falta de explicaciones del Gobierno llegan también desde la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP). «Es increíble. Aquello está parado, con un vigilante las 24 horas para evitar robos. Las obras se han abandonado y el clima, con lluvias fuertes o nevadas, debe estar deteriorando el edificio. Hay estructuras por terminar y ni siquiera la cimentación está completa», describe un funcionario de prisiones tras una reciente visita a las obras.

Celdas dobles en Picassent

«La obra tendría que estar ya entregada y cada año que pasa Picassent empeora», revela APFP. La cárcel está soportando una ocupación del 170%, denuncia el sindicato. «La ley marca que debe haber un preso por celda y dos en caso excepcional. En Picassent, lo excepcional es lo habitual y todas las estancias de reclusos son dobles salvo en aislamiento y en departamentos especiales, donde están los de primer grado».

También los funcionarios de CSI-F se muestran indignados. «La Comunitat necesita con urgencia una cárcel como la de Siete Aguas», reclama uno de ellos. «En Picassent se han invertido 15 millones en la actual reforma de instalaciones, pero esas obras no conllevan un aumento de plazas, que es lo importante». El sindicato admite que el número de reclusos se ha reducido en España, «pero en Picassent el descenso ha sido muy bajo». En CSI-F apuntan otra consecuencia: «seguramente, el tiempo sin actividad en Siete Aguas habrá estropeado parte de lo construido y habrá sobrecostes si las obras llegan a retomarse».