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Acaip presenta denuncias antes varios juzgados por el ingreso de migrantes en la cárcel de Archidona

Fuente: La Vanguardia

El sindicato de prisiones Acaip ha registrado este miércoles denuncias en los juzgados de Vera (Almería) y de Archidona (Málaga) en relación con el ingreso de casi medio centenar de migrantes llegados en los últimos días en pateras a las costas españolas en la cárcel de esta última localidad, que aún no ha sido inaugurada ni abierta oficialmente, según ha confirmado el presidente del colectivo, José Luis Pascual.

Así, Pascual ha señalado que en el juzgado de Archidona se denunciará por supuesta "detención ilegal, que es lo que se está produciendo, porque se está manteniendo en una cárcel a alguien que no tiene un mandamiento de prisión sino tiene una orden judicial que dice justamente todo lo contrario, que es su traslado a un centro no penitenciario".

 

Fuente: La Vanguardia

El sindicato de prisiones Acaip ha registrado este miércoles denuncias en los juzgados de Vera (Almería) y de Archidona (Málaga) en relación con el ingreso de casi medio centenar de migrantes llegados en los últimos días en pateras a las costas españolas en la cárcel de esta última localidad, que aún no ha sido inaugurada ni abierta oficialmente, según ha confirmado el presidente del colectivo, José Luis Pascual.


Así, Pascual ha señalado que en el juzgado de Archidona se denunciará por supuesta "detención ilegal, que es lo que se está produciendo, porque se está manteniendo en una cárcel a alguien que no tiene un mandamiento de prisión sino tiene una orden judicial que dice justamente todo lo contrario, que es su traslado a un centro no penitenciario".

En esta denuncia, ha apuntado en declaraciones a Europa Press, solicitan como medida cautelar "que se ponga en libertad a los migrantes internados del centro penitenciario, porque no pueden seguir permaneciendo allí más tiempo".

Además, el representante de Acaip ha indicado que la denuncia registrada en la provincia de Almería "es por supuestos delitos de estafa procesal, falsificación de documento y desobediencia".

Al respecto, ha explicado que "en los autos se indica el internamiento en un centro no penitenciario, en concreto en el centro de internamiento dependiente de la Jefatura Superior de Policía de Archidona, cuando allí nunca ha habido Policía y mucho menos existe un centro que dependa de ellos".

"Alguien le habría facilitado esa información a los siete juzgados y entendemos que habría una estafa procesal y que, además, habría conllevado la falsificación de documentación pública porque le habrán facilitado un documento al juzgado que acredite que existe una cosa que no", ha indicado Pascual, quien ha apuntado que "si esto no ha sido así alguien ha desobedecido la orden clara de internamiento en un centro no penitenciario".

El sindicato tiene también previsto presentar otra denuncia por presunta vulneración del derecho de los trabajadores en relación con los funcionarios que tienen asignados sus puestos de trabajo en la cárcel de Archidona por Boletín Oficial del Estado (BOE) "y no tienen la certeza de cuándo va a poderse incorporar", recordando que la prisión fue creada como centro para el cumplimiento de penasprivativas de libertad conforme se publicó en marzo de 2017.

Al respecto, el secretario de Organización de Acaip y representante del sindicato en Málaga, Francisco Macero, ha apuntado que son "240 los funcionarios que están nombrados para ese centro que si no se abre no se sabe qué es de sus vidas". Esta denuncia no se ha presentado aún, ha explicado Pascual, "ya que hay una cuestión de urgencia que es la situación de los migrantes, que es lo más grave, y hemos considerado como lo primero sacarlos de allí".

QUEJA

Desde Acaip ya aseguraron este pasado martes que iniciarían acciones legales si en 24 horas seguían los inmigrantes trasladados desde Murcia en la cárcel de Archidona. Además, registraron una queja ante el Ministerio del Interior, en la que solicitaban que se diera la orden que impida mantener a estas personas en dicho centro y el traslado de los funcionarios de prisiones que han obtenido destino allí, procediendo a la apertura de la prisión. Además, se pedía el cese del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste.

En este documento, se precisaba que en los centros penitenciarios "no se podrá custodiar ni retener a personas que no sean allí destinadas mediante mandato judicial o por orden de detención de la Policía Judicial; siendo totalmente ilegal destinar allí a personas que no tienen un mandato judicial de prisión".

Asimismo, se insistía en que el centro Penitenciario está cerrado, "careciendo por completo de personal, tanto funcionario como laboral, para el desarrollo de las funciones de trabajo diario en el mismo", apuntando que según la legislación las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no podrán acceder al interior de los centros penitenciarios, salvo en las condiciones legalmente previstas a tal efecto".

Además, se indicaba que la prisión "carece de los servicios mínimos necesarios para alojar allí a las personas; servicios mínimos como es el agua corriente; por lo que nos encontraremos ante una violación sin precedentes de los derechos fundamentales más básicos para las personas allí destinadas".

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