Fuente: La Nueva España

El sindicato acusa al Ministerio de Interior de crear puestos de trabajo ad hoc en Instituciones Penitenciarias.

El Sindicato Acaip, mayoritario en Instituciones Penitenciarias, asegura que se ha visto obligado a presentar una querella criminal por los delitos de Prevaricación Administrativa y Malversación de caudales públicos contra, Luis Aguilera Ruiz, Subsecretario de Interior, Angel Yuste Castillejo, Secretario General de Instituciones Penitenciarias y Ana María Velasco Rodríguez, Subdirectora General de Recursos Humanos de la Secretaría General de IIPP.

El sindicato denuncia un "escándalo mayúsculo" y acusa al Ministerio de Interior de crear puestos de trabajo ad hoc para otorgar y "colocar" a dedo a funcionarios públicos. "Hablamos de más de 3.400 puestos de trabajo adjudicados en el más absoluto oscurantismo y con total y absoluta falta de transparencia, con comportamientos totalmente vergonzantes de la Administración Penitenciaria", destaca la organización sindical.

Según Acaip, tras publicarse en marzo de 2017 la convocatoria de concurso de traslados en Instituciones Penitenciarias se han ido produciendo por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias una serie de "irregularidades intolerables".

Así aseguran que se han llevado a cabo actuaciones aberrantes, desde ocultación de las actas a los propios miembros de la comisión de valoración, modificación unilateral de la información y documentación aprobada por la Comisión, documentos firmados por todos los miembros de la Comisión de Valoración y cambiados posteriormente y de forma unilateral por la Administración Penitenciaria, cambios de puntuaciones al margen de la Comisión de Valoración o acuerdos adoptados después de que la Comisión de Valoración estuviese disuelta.

El sindicato asegura que la resolución del Concurso de traslados de niveles 15 - 22 en Instituciones Penitenciaras, firmada por el Subsecretario de Interior y publicada el día 6 de noviembre de 2017 en el BOE, otorga a algunos funcionarios puestos de trabajo que ni siquiera existían, ni en la convocatoria ni en las relaciones de puestos de trabajo aprobadas por Hacienda.

"Adjudica y concede puestos de trabajo en determinadas provincias a funcionarios que no han ganado los puestos de trabajo, al tener menor puntuación que los que lo han obtenido y en cambio les otorga esos mismos puestos creando dotaciones que ni siquiera existen en RPT", destaca Acaip.

La Querella Criminal se registró ante los tribunales de Justicia el pasado 9 de noviembre de 2017, tras la nula respuesta sobre las quejas realizadas por este Sindicato, tanto ante la Secretaría General de IIPP como ante el Subsecretario del Interior.