NOTA DE PRENSA

LOS SINDICATOS ACAIP-UGT, GIG Y CSIF PIDEN A MARLASKA UN ESFUERZO PARA DESBLOQUEAR LA NEGOCIACIÓN DE LA LEY DE FUNCIÓN  PÚBLICA  PENITENCIARIA

El pasado 24 de febrero se celebró una reunión extraordinaria de la mesa delegada de Instituciones Penitenciarias, en la que se informó de la remisión del borrador al ministerio de Interior, sin que se haya aclarado la situación y el recorrido de este texto normativo desde entonces.

 En julio del año pasado se inició el grupo de trabajo entre los sindicatos representativos y la administración penitenciaria. El objetivo era sacar adelante un texto con rango de ley que respondiese a las necesidades y objetivos del personal penitenciario, que, reconociendo las especificidades del colectivo, supusiera una modernización de nuestra institución y la unificación de una legislación dispersa, a la vez que mejorara las condiciones de trabajo de los empleados públicos penitenciarios.

 En una reunión mantenida el 3 de diciembre el Ministro Grande Marlaska dio un impulso a la negociación de la futura ley e indicó a la administración penitenciaria la necesidad de iniciar los trabajos para adjuntar una memoria económica que debería acompañar a la norma. También declaró que el proyecto debía estar cerrado en el primer trimestre de este año.

 ACAIP-UGT, CIG y CSIF han presentado en el grupo de trabajo la memoria económica que recoge los costos necesarios para llevar a cabo los objetivos de la Ley, además de distintas propuestas para llegar a un acuerdo en beneficio de la institución.

 Después de varias reuniones, la administración penitenciaria presentó un borrador de la Ley de Función Pública penitenciaria el pasado 17 de febrero que no recoge aspectos imprescindibles para poder dar apoyo al proyecto normativo. Por lo que estas organizaciones sindicales presentaron alegaciones al texto y solicitaron una reunión extraordinaria de la mesa delegada que se celebró el 24 de febrero. En dicha reunión, la administración penitenciara expuso que el texto presentado no era definitivo, que se iban a realizar las gestiones necesarias para que la futura Ley tuviera memoria económica dotada presupuestariamente, y que se había remitido al Ministerio del Interior para subsanar las posibles dificultades técnicas.

Fuente: El Confidencial

Entre 2015 y 2019, fallecieron 862 internos en centros penitenciarios, y 203 lo hicieron a causa de las drogas, según los datos de Instituciones Penitenciarias.

l consumo de drogas es el origen de casi una cuarta parte de los fallecimientos en las cárceles españolas. Entre 2015 y 2019, fallecieron por esa causa 203 internos, un 23,5% de todos los fallecidos en los centros penitenciaros. Los funcionarios de prisiones explican que la falta de personal y medios dificulta impedir la introducción de sustancias estupefacientes.

El total de fallecidos en ese periodo fue de 862, a los que hay que sumar otros 204 durante 2020. Los datos han sido proporcionados a este diario por Instituciones Penitenciarias (IIPP), dependiente del Ministerio del Interior, tras una solicitud de acceso a la información pública. Incluyen los fallecimientos (en las cárceles o en los hospitales) de internos de todos los centros del país a excepción de los situados en Cataluña, única comunidad que tiene transferidas las competencias penitenciarias. También están contemplados los centros de inserción social y los hospitales psiquiátricos.

"La principal vía de entrada [de las drogas] son las comunicaciones, y sobre todo los 'vis a vis'. A pesar de que hay controles y de que los familiares están avisados de las consecuencias. Es el modo que se utiliza para introducir la droga en las prisiones de manera general", explica Joaquín Leyva, portavoz de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), que cita las suelas de las zapatillas, las etiquetas de la ropa, cartas o sellos como otras formas de introducción. Si un familiar o un interno introduce la droga en sus cavidades corporales, a veces cuando vuelve de un permiso, es muy difícil detectarlo. Sería necesario realizar un cacheo con desnudo integral, y ni se puede hacer a todo el mundo, ni se tienen los medios para ello ni esto asegura encontrar la droga, apunta Leyva.

"Para poder proceder a un cacheo con desnudo integral, tiene que haber una sospecha inicial de que esta persona pueda introducir elementos prohibidos en la prisión. Hay que comunicarlo al jefe de servicios, que a su vez tiene que comunicarlo al mando de incidencias. Cuando se realiza el cacheo, se elabora un informe, y luego hay que informar al juzgado de vigilancia. No pueden ser cacheos indiscriminados. Luego está la opción de someter al interno a rayos X, pero no podemos hacerlo constantemente, y además no tenemos esos medios en el centro", explica. "Cuando se introduce droga en cavidades corporales, es muy difícil su detección. Y un cacheo con desnudo integral tampoco te garantiza localizarlo. Si está introducido por vía anal, no lo vas a encontrar".

Los 'vis a vis' están regulados por el Reglamento Penitenciario, que desarrolla lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria. El artículo 45 del reglamento dice que "todos los establecimientos penitenciarios dispondrán de locales especialmente adecuados para las visitas familiares o de allegados de aquellos internos que no disfruten de permisos ordinarios de salida" y que "previa solicitud del interno, se concederá una comunicación íntima al mes como mínimo, cuya duración no será superior a tres horas ni inferior a una, salvo que razones de orden o de seguridad del establecimiento lo impidan".

La causa de muerte más común es la natural: 466 de los 862 fallecimientos entre 2015 y 2019. Le siguen las muertes por drogas (203), suicidio (148), sida (19), accidental (15) y agresión (3). Además, en ese periodo hubo otras ocho muertes de causa indeterminada. A la fecha de la respuesta, IIPP aún no disponía de "la totalidad de la información de autopsias, informes toxicológicos o informes hospitalarios" de las muertes de 2020. Sí facilitó la información de las causadas por covid-19: dos en la cárcel de Madrid VII (Estremera) y una en Alicante.

Tanto en términos absolutos como relativos, la cárcel con mayor número de muertes por drogas sobre el total es el Centro Penitenciario Sevilla II, en Morón de la Frontera. De los 47 fallecimientos acaecidos entre 2015 y 2019, 20 fueron por drogas. Otros tres centros tuvieron más de 10 muertes por drogas en esos cinco años: Sevilla I (12), Cádiz. Puerto III (12) y Pontevedra (11). En Morón, se han instalado dos unidades caninas, confirma Acaip.

"Cualquier fallecimiento dentro la prisión preocupa a los trabajadores, por todo lo que conlleva, pero preocupa más cuando no es por causas naturales, sino por un elemento externo, como el consumo de drogas", lamenta Leyva. Las drogas más comunes son el hachís, la heroína y la cocaína. Su mezcla con la medicación que reciben muchos internos, sobre todo en los dos últimos casos, puede ser fatal. "La combinación de sustancias que vengan de la calle con los tratamientos médicos nos lleva a que se pueda producir un cóctel mortal".

El riesgo cero no existe, señala Leyva, pero con más personal y medios se podría reducir ese tipo de muertes. "Si tuviéramos bien cubierto el área de comunicaciones para realizar cacheos de manera más ordenada, más herramientas jurídicas y técnicas... También tenemos un gran déficit de personal sanitario en las prisiones. El control médico sobre los internos podría ser mucho mejor", dice Leyva, que espera que los datos de 2020 reflejen una caída de las muertes por drogas debido a que las visitas se redujeron por la pandemia.

REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO DE VESTUARIO Y CALZADO

Con fecha 30 de marzo 2021, se ha celebrado la reunión del grupo de trabajo de forma presencial para realizar una evaluación in situ de calzado, tejido y prendas confeccionadas.
En dicha reunión ha participado el Subdirector General Adjunto de RRHH, personal de planificación, Entidad Estatal y los sindicatos.
Este grupo de trabajo tiene como fin primordial modificar el actual uniforme de Instituciones Penitenciarias para que sea más práctico y funcional, de mejor calidad en aras de una mejor imagen institucional del colectivo. Empezó a trabajarse el 21 de enero y tras tres reuniones celebradas por videoconferencia en los que se decidió metodología de trabajo, prendas a suprimir , calidades de las prendas escogidas, tejidos, equipamiento de calzado ….Por fin en el día de hoy presencialmente hemos podido valorar tanto tejidos como calzado.

Tras realizar una evaluación de todo el calzado propuesto tanto de zapato como de bota, por varias empresas líderes en el mercado de la uniformidad, el Grupo de trabajo ha escogido el diseño y las prescripciones técnicas del próximo calzado del colectivo en los que destacan valores de antideslizamiento, comodidad, transpirabilidad y seguridad.

Fuente: El Cierre Digital

El sindicato ACAIP-UGT ha mandado una carta a Ángel Luis Ortiz, secretario de Instituciones Penitenciarias, en protesta por la orden

CECIR APRUEBA LAS NUEVAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO, LAS TABLAS RETRIBUTIVAS Y LOS ATRASOS DEL PERSONAL LABORAL DEL IV CÚ

Como anticipamos en el Informa del miércoles, la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR), en su pleno de ayer 25 de marzo de 2021, resolvió favorablemente y dictó las Resoluciones correspondientes para aprobar el nuevo modelo de Relación de Puestos de Trabajo (RPT) (así como las RPTs de cada Departamento) y autorizar la aplicación de las tablas retributivas que figuran en el IV CÚ, así como el abono de los atrasos adeudados al Personal Laboral adscrito a este, con efectos de 1 de enero de 2019 como se establece el Artículo 3.1 del mismo.
El extraordinario y beneficioso impacto económico, aunque se produzca con retraso, que esta medida va a tener sobre los salarios de las trabajadoras y trabajadores del IV CÚ no tiene comparación en la historia de las relaciones laborales del personal laboral de la AGE, sobre todo en los grupos profesionales con retribuciones más bajas.

Aunque próximamente haremos un estudio más detallado, sumando las medidas establecidas en el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo del trienio 2018-2020 y las medidas económicas acordadas para el IV Convenio, estamos hablando de una subida media, que la entrada en vigor del Convenio situó en un 8,6% hasta alcanzar en el presente un 12%, con una horquilla que oscila en la actualidad entre el 8,9% para el grupo M3/G1 y el 17,4% para el grupo E1.

Las afirmaciones que se han venido realizando por algunos “negacionistas”sobre la pérdida retributiva de algunos colectivos son un sinsentido, sólo pierde dinero aquel que sigue los paros caprichosos que convoca CCOO. Mientras unos siguen “tocando el tambor” frente a Función Pública y se descuelgan de importantísimos Acuerdos para las empleadas y empleados públicos, las gestiones realizadas por UGT durante este periodo de intensa “montaña rusa “negociadora en todos los ámbitos y, en concreto, en el desarrollo y aplicación del IV CÚ, finalmente han dado sus frutos. Las consecuencias de los Acuerdos de encuadramiento firmados por UGT,CSIF y la Administración son ya tangibles.
LA ACTUALIZACIÓN DE RETRIBUCIONES Y EL COBRO DE ATRASOS SON UNA REALIDAD

AL SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Don Angel Luis Ortiz:

En esta semana, hemos tenido conocimiento de la entrada en los centros penitenciarios de un Protocolo de denuncias por malos tratos elaborado por la Subdirección General de Análisis e Inspección supuestamente complementaria de la Orden de Servicio de 1 de julio de 2019 de la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social sobre el “Deber del parte de Lesiones”.

De nuevo, la Administración Penitenciaria que usted dirige vuelve a faltar al respeto, la profesionalidad y la honorabilidad del personal penitenciario, reiterando, en el tiempo, la mezquindad de sembrar dudas en nuestra actuación profesional.

Ya en el año 2019, esta organización sindical presentó un escrito al Ministro del Interior solicitando su cese y la retirada de la Orden citada por motivos realmente obvios y que siguen siendo perfectamente aplicables a este momento temporal:

1. Cuando se habla de “erradicar la duda sobre la existencia de posibles abusos y desviaciones de poder por parte de quienes ejercemos una función pública”, se generaliza y criminaliza a un colectivo sin ningún motivo objetivo. Sobre todo, cuando usted conoce perfectamente los datos referidos a los expedientes disciplinarios y las sanciones a los trabajadores penitenciarios: sobre 758 Informes de Inspección por supuestos malos tratos en el periodo 2009-2018 únicamente se han producido 11 sanciones y en los nueve primeros meses de 2020 según una respuesta parlamentaria se habían recibido 18 denuncias, estando todas archivadas excepto cuatro que seguían investigándose judicial o institucionalmente.

Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta de acuerdo de modificación del IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado.