Reportaje realizado en el centro penitenciario de Albocasser al representante de Acaip  un dia de trabajo en dicho centro

Fuente: El Periodico

Las organizaciones que trabajan en prisiones denuncian la ausencia de psiquiatras en las cárceles.

La prevalencia de los trastornos de la salud mental es hasta siete veces mayor entre la población reclusa y se calcula que hasta el 40% de los presos padece una patología mental. A pesar de ello, las organizaciones que trabajan en prisiones denuncian la ausencia de psiquiatras en las cárceles.

Así lo asegura a Efe el director de Àmbit. Dignidad y Justicia Social, Javier Vilalta, responsable de una entidad que desarrolla programas destinados a la recuperación y la promoción de la autonomía de los presos y expresos en la cárcel de Picassent (Valencia), muchos de ellos con problemas de salud mental.

Destaca el gran problema de "puertas giratorias" que existe en España con los reclusos que padecen algún tipo de trastorno mental y que, al no ser correctamente diagnosticados ni tratados en prisión, al obtener la libertad, recaen y vuelven a cometer algún delito que les lleva de nuevo a la cárcel.

 
Abuso o dependencia de drogas
Porque a este elevado porcentaje de patología mental, hay que añadir que casi uno de cada dos presos tiene antecedentes de abuso o dependencia de drogas.

De hecho, según expone Vilalta, los delitos cometidos por las personas con trastorno de salud mental son de robo en 2 de cada 3 casos.

"Se trata de personas vulnerables, que trapichean con drogas, cometen un pequeño delito para consumir y acaban en prisión", explica. El problema es que en las cárceles no hay psiquiatría. Y expone el caso de la prisión de Picassent, donde un psiquiatra acude al centro cuatro veces al mes para atender a una población de más de 600 presos con algún tipo de patología mental.

Aparte de esto, Vilalta lamenta que "no haya un tratamiento digno en las cárceles" y advierte de que si el preso no recibe el adecuado tratamiento de acompañamiento, "lo normal es que vuelva a prisión".

Pero la escasa atención a la salud mental no es una cuestión aislada dentro de la sanidad penitenciaria, como han denunciado recientemente varias organizaciones en las Jornadas "Presente y futuro de la sanidad penitenciaria en España" organizadas por Cesida.

Situación "dramática"
Durante estas jornadas, el presidente de Cesida, Ramón Espacio, reclamó la transferencia de competencias en sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas, un refuerzo de la plantilla de sanitarios que atienden a este colectivo y una mejor comunicación dentro del sistema sanitario del historial médico de los reclusos.

Y es que, según los datos aportados por Àmbit, "la situación es dramática" en las prisiones españolas, donde solo hay 200 médicos y, de aquí a un año, se prevé que este número se reduzca a 100 por las jubilaciones previstas.

"Un país de la UE como España no puede tener una sanidad penitenciaria que es equiparable a un país del tercer mundo", critica Vilalta que advierte, además, de que los médicos que trabajan en las cárceles cobran un 25 % menos que sus colegas del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Por eso, reclama más recursos para cumplir con la ratio de médico por interno (1 facultativo por cada 100 reclusos).
En el caso de Picassent, esto se traduce en que de los 20 médicos que debería haber, solo trabajan 8 y 3 de ellos están de baja.

"Hace 15 años la sanidad penitenciaria española era una referencia a nivel europeo, pero se ha dejado que caiga, no se han cubierto las plazas, las personas se van jubilando, mientras que la población reclusa tiene un mayor número de patologías, como VIH, salud mental o distintas adicciones", señala. 

Acaip presenta ANUNCIO DEL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO en contra de las bases del concurso de traslados 2018 tras el recurso de reposición interpuesto.

Fuente: El Cierre Digital

Un interno fue trasladado al Hospital Reina Sofía por una posible fractura en la mandíbula y otro fue llevado de urgencia al mismo centro para ser intervenido quirúrgicamente tras haberle seccionado otro recluso un trozo de oreja. Se trata de dos nuevos casos de violencia entre presos, esta vez en la cárcel de Córdoba, cuyos funcionarios denuncian falta de personal y masificación.
En apenas dos días en el centro penitenciario de Córdoba se han protagonizado varios episodios violentos entre internos en los que algunos de los presos implicados han tenido que ser trasladados al hospital.

El martes 19 de marzo, durante el reparto de la cena, se produjo un tumulto en el patio del módulo 5 en el que un reo agredió a otro provocándole una herida en la mandíbula y una posible fractura en la misma, según el comunicado del sindicato de prisiones Acaip (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias). Tras una primera atención en la enfermería del centro, fue trasladado al Hospital Reina Sofía.

Un día después, a las 18:50 horas de la tarde de este miércoles, tuvo lugar en el módulo 9 del penal de Córdoba un enfrentamiento a golpes entre tres reclusos junto a las cabinas de teléfono del departamento. Los funcionarios que estaban de servicio se alertaron de la pelea e inmediatamente fueron a separar a los presos involucrados en este violento episodio.

Al intervenir, observaron que uno de ellos sangraba de una oreja luego que le habían seccionado un trozo con algún tipo de cuchilla. Tras el incidente, el preso herido fue trasladado a la enfermería del centro y más tarde le derivaron de urgencia al Hospital Reina Sofía para la reconstrucción de la oreja.

Masificación en la cárcel de Córdoba

Los funcionarios de prisiones de Acaip denuncian la “masificación existente en este centro penitenciario”, uno de los tres con mayor población reclusa actualmente en España. Asimismo, reclaman un incremento del personal en todas las áreas “incluida lógicamente la de vigilancia” por las dificultades que esta labor supone para garantizar la seguridad, tanto de internos, como de trabajadores que ponen en riesgo su integridad física. Por ello, aseguran que trabajan en “condiciones precarias, pese a la importancia de la tarea que por mandato constitucional tienen encomendada”.

Del mismo modo, lamentan que “a pesar de llevar dos años en una situación de conflicto colectivo” la situación en los centros penitenciarios del territorio español no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado por “la inacción absoluta de los responsables del Ministerio del Interior, y por ende, de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias”.

Fuente: Valencia Plaza

Dicen que, a veces, hasta los presos se solidarizan con ellos. Son los funcionarios de prisiones. Plaza se ha reunido con miembros de este colectivo destinados en Castellón II (Albocàsser), aunque su testimonio podría ser el de los trabajadores de cualquier otra prisión de la Comunitat o de España. Así se vive cuando se trabaja entre rejas 

-«Madre mía, señorita. No sé cómo aguanta». Cuando María [nombre ficticio] escuchó esta frase por primer vez dice que casi se hundió en la miseria. La anécdota no tendría mucho más recorrido si no fuera porque quien la cuenta es una funcionaria de prisiones, una profesión a la que las mujeres comenzaron a incorporarse en 2007. Ella está destinada en Castellón II (Albocàsser), la más reciente de las cinco cárceles que hay en la Comunitat Valenciana. Sin embargo, su testimonio podría haber sido el mismo si trabajara en cualquier otra de España ya que ese incidente aparentemente trivial refleja el hartazgo de un colectivo que se siente olvidado y ninguneado. Motivos para estarlo tienen muchos, insisten. Por ejemplo el económico (aunque no es del que más se quejan). María cobraba más de prácticas que ahora ya que durante la crisis ella y sus compañeros perdieron un 10% del sueldo y solo han recuperado el 4%. Para estos profesionales es un dato que refleja hasta qué punto se sienten olvidados por la administración.

Marcos Álvarez sí da su nombre. Es delegado sindical de Acaip (agrupación de los cuerpos de la administración de los centros penitenciarios) de este centro penitenciario. La central es la mayoritaria en el sector y conoce bien todo lo que pasa de puertas para adentro en una cárcel. «El problema —lamenta— es que no importamos a nadie. A la gente no le preocupa lo que pasa en la cárcel, y eso vale tanto para los internos como para nosotros. Y como no somos visibles para la sociedad, tampoco somos una prioridad para la administración».

Por lo que respecta a la población reclusa, España es un caso curioso ya que se cometen 44,3 infracciones penales por cada mil habitantes, lo que nos convierte en el tercer país de Europa con menos criminalidad (solo Portugal y Grecia son más seguros). Paradójicamente, según los datos que Space1 (un informe que realizan conjuntamente el Consejo de Europa y la Universidad de Lausana), tenemos 130,7 presos por cada 100.000 habitantes, mientras que la media europea es de 127,2.

Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria, convocadas por Resolución de 21 de noviembre de 2018.

Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias
Resolución de 1 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se modifica el Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por el sistema de promoción interna, al Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias, convocado por Resolución de 30 de octubre de 2018.

Entrevista a Ricardo delegado de Acaip tras el intento de fuga en el centro penitenciario de Las Palmas 1

¿Como se solicita?

Los trabajadores interesados en realizar el reconocimiento médico anual o en ser vacunados contra la gripe, deberán cumplimentar el formulario destinado a tal efecto.

¿Y despues?
Posteriormente se comunicará la fecha y el lugar de realización, y se entregarán los volantes de asistencia para poder ser atendidos por la empresa contratada.

Atención!
En ningún caso la empresa contratada asistirá a personas que no dispongan del volante de asistencia o que se personen en fechas no acordadas.

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES FINALIZA EL 15 DE ABRIL 2019

Fuente: Ok Diario

El Ministerio del Interior ha procedido a incoar expediente disciplinario contra el funcionario de prisiones que denunció 'mobbing' por ser homosexual.
El Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, ha procedido a incoar un expediente disciplinario contra el funcionario de prisiones, Víctor Somoza, que denunció al ministro y a Instituciones Penitenciarias por sufrir presuntamente acoso laboral ‘mobbing’ en la cárcel de Estremera por ser homosexual y por su ideología política.

El titular del juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla Morales, ordenó al juzgado de Arganda del Rey abrir una investigación sobre este asunto.

Un mes más tarde, el Ministerio del Interior ha emitido un documento firmado por la Subsecretaría en el que se informa que, tras llevar a cabo el procedimiento de actuación frente al acoso laboral en los centros de trabajo de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y tener acceso a la resolución de la Subdirección General de Análisis e Inspección, se ha procedido a incoar un expediente disciplinario contra el denunciante por -según dice la misiva- posible mala fe y presunta falsedad de los datos aportados en su denuncia laboral de acoso.

El funcionario de prisiones Víctor Somoza explica a OKDIARIO que ha avalado “los daños sufridos” con la documentación correspondiente, emitida por el centro sanitario, donde confirma que “se encuentra en seguimiento y tratamiento de cuadro ansioso-depresivo debido a su situación de acoso laboral”.

Por ser homosexual

La denuncia, publicada por OKDIARIO, fue presentada ante los juzgados de lo Penal de Plaza de Castilla contra Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior; Ángel Luis Ortiz González, secretario general de Instituciones Penitenciarias; Alfonso Gordillo Martínez, jefe de servicios de la subdirección general de Inspección Penitenciaria; Enrique Valdivieso de la Hoz, director de la cárcel madrileña; y Eugenio Arribas López, subdirector general de recursos humanos de la secretaria general de Instituciones Penitenciarias.

En ella, Víctor Somoza, que ha reconocido públicamente su homosexualidad, alega sufrir una “persecución” por parte del director Enrique Valdivieso de la Hoz, a quien acusa de un “cambio injustificado de servicio” y de la realización de tareas de un “rango inferior” al que ostenta.

“Acosado por ideología política”

Otro de los motivos de este presunto acoso laboral, según el denunciante, es su ideología política y su condición de pertenencia a un grupo sindical.

En la denuncia explica que su elección como presidente del partido político Unión Cidadá Galega (U.C.GA) coincidió “casualmente” con el inicio del presunto acoso laboral. “En ese tiempo he puesto a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados en un aprieto al denunciar las irregularidades del incumplimiento de tratados internacionales y nuestro ordenamiento jurídico”, alega.