Fuente: ABC.es

«La política penitenciara actual en España ha ido dilatando la búsqueda de una solución»

Nadie quiere ir a la cárcel. Resulta evidente.

Bueno, los funcionarios de prisiones sí quieren ir. Es su puesto de trabajo y, lógicamente quieren acudir cada día a desempeñar sus funciones laborales. Y lo quieren hacer con dignidad y con seguridad. Y con estabilidad laboral. Y con salarios dignos, adecuados a un trabajo complicado, especializado y con plantillas y medios suficientes.

Este planteamiento, que resulta evidente, no se compadece con la realidad de las prisiones españolas. El problema, latente desde hace mucho tiempo, va mucho más allá de la coyuntura política del momento. Viene de antes y, en lo que toca a responsables políticos, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. La política penitenciara actual en España ha ido dilatando la búsqueda de una solución con diferentes administraciones y diferentes partidos en los gobiernos de turno. A estas alturas, los informes y las cifras son demoledores.

No les voy a aburrir con datos porque unas pocas pinceladas son suficientes. En los últimos ocho años han desaparecido 3.400 empleos en Prisiones. Tres cuartas partes de la plantilla global superan los 40 años y en los últimos nueve años sólo se ha cubierto con un funcionario nuevo una de cada tres jubilaciones. A fecha de hoy hay 26 módulos sin abrir en distintas prisiones en toda nuestra geografía nacional. Eso no sólo perjudica a los trabajadores. También a los reclusos. Y no es un tema menor.

Recuerden, nadie quiere ir a la cárcel, pero si alguien ha de ingresar, ha de hacerlo en las mejores condiciones posibles. Insisto. Los funcionarios sí quieren ir. A trabajar, pero es bastante habitual que el desempeño de sus funciones se vea dificultado por la abrumadora carencia de medios. Es bastante habitual que en prisiones ya saturadas, nos encontremos con tan sólo dos funcionarios de servicio por cada 140 internos. Y la solución no parece próxima.

A mí, desde la mirada del observador ajeno al mundo penitenciario, me da la sensación de que la gestión del sector no es la más adecuada. Funcionarios cambiados de puesto, creación de empleos no previstos y una reserva mínima de profesionales en las bolsas de interinos. Es lo que hay.

Lejos de tener una mirada catastrofista, suelo ceñirme a la realidad de los datos. Y los datos, en un tema como este, espantan. Además necesito que alguien me explique por qué es una cuestión silenciada durante años. Diferentes gobiernos han intentado pasar por Prisiones como de puntillas. Como si al no hablar del problema, el problema no existirá. Seguramente vende más hablar de inversiones en sanidad o en educación. Y, además, con un agravante. La diferencia salarial de los funcionarios con destino en diversas Comunidades Autónomas con respecto a los destinados en las cárceles de Cataluña, gestionadas directamente por la Generalitat. Una diferencia que se cifra entre los 300 y los 520 euros al mes. Casi nada para el que mira su nómina a final de mes.

Y no se nos olvide un dato. Los funcionarios de Prisiones son el colectivo de la Administración que más agresiones sufre en el desempeño de su trabajo.

Recuerden… nadie quiere ir a la cárcel, pero las cárceles están llenas. Piénselo. Tal vez sea el momento de que todos nos concienciemos de este problema que nadie parece ver.

Fuente: Alcala Hoy

Un sindicato mayoritario en el sector penitenciario quiere denunciar, una vez más, el problema que se está generando en el centro debido a la escasa plantilla

Los funcionarios de la cárcel Alcalá Meco de Madrid están cada vez más indignados ante la situación por la falta de personal en la prisión. Se enfrentan a una situación muy difícil de sostener si no se adoptan lo antes posible las “medidas imprescindibles” tendentes a solucionar esta escasez. Lo han vuelto a denunciar debido al desinterés por parte de los responsables.

La sección sindical de ACAIP, sindicato mayoritario en prisiones quiere poner de manifiesto, una vez más, los graves problemas de personal que se vienen dando desde hace tiempo en los tres centros: Madrid I, Madrid II y CIS, llegándose en el momento presente a una situación prácticamente insostenible.

Repasando los centros uno a uno nos encontramos con que Madrid I se encuentra con un déficit de personal del 17%, lo que viene a significar que tiene 40 vacantes de la RPT sin cubrir, teniendo la mitad de la plantilla una edad superior a los 55 años.

Por su lado, Madrid II presenta un déficit cercano a los 70 funcionarios, con el 40% de trabajadores públicos con una edad superior a los 55 años, con lo que ello conlleva asociado (bajas por enfermedad, riesgo en intervenciones, etc.).

Por último, señalar que la ausencia de personal en el CIS tiene una especial relevancia en el área de vigilancia, donde el déficit de funcionarios está rondando el 30% de la RPT del centro siendo sus causas, entre otras, el elevado número de comisiones de servicio que, en algunos casos, tienen difícil justificación.

Dicha carencia de personal da lugar a que, por ejemplo, en Madrid II el trabajo que, normalmente deberían desarrollar al menos dos funcionarios, la práctica totalidad del tiempo es ejercido por uno solo, con lo que ello conlleva de carga de trabajo y de incidencia negativa tanto en la seguridad de los trabajadores, como de los propios reclusos.

De otro lado, la pérdida de funcionarios en Madrid II, no es correlativa a la disminución de la población reclusa, ya que el centro fue construido para albergar, inicialmente, un número de internos no superior a 500, estando la población reclusa, en la actualidad, cercana a los 750 internos, es decir, un contingente de reclusos superior en un 25% al inicialmente previsto.

Hay que decir que esta calamitosa situación ha venido siendo denunciada, de forma repetida, por esta sección sindical, sin que, hasta la fecha, nos conste que nuestras autoridades penitenciarias hayan realizado acción alguna tendente a solucionar de una vez esta problemática que desde hace tanto venimos sufriendo los trabajadores penitenciarios. Problema que no sólo es exclusivo de las cárceles alcalaínas sino que, lamentablemente, está extendido por todo el territorio nacional.

Fuente: El Adelantado

os parlamentarios populares reconocen la importancia de las reivindicaciones del colectivo.

El senador del Partido Popular por Segovia Juan Ramón Represa Fernández, que iba a defender en el senado la Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica General Penitenciaria, para el reconocimiento del carácter de Agentes de la autoridad a los funcionarios de cuerpos penitenciarios en el ejercicio de sus funciones, informó a los sindicatos que la misma no ha visto la luz por la convocatoria de las elecciones generales.

Según explicó el parlamentario nacional en la reunión que mantuvo con los representantes sindicales de CSIF del Centro Penitenciario de Segovia como al resto de sindicatos, la modificación formulada por el Grupo Popular en el Congreso se encontraba ya en el Senado y se lamentó, porque en poco más de un mes se podría haber aprobado.

En la jornada del pasado jueves y a petición del grupo parlamentario del PP, se convocó a los sindicatos presentes en el Centro Penitenciario de Segovia CSIF, ACAIP y CCOO. A la reunión asistieron los senadores del Partido Popular de Segovia, Paloma Sanz, Juan Ramón Represa y Juan Carlos Álvarez, los diputados Beatriz Escudero y Jesús Postigo y el candidato a la alcaldía Pablo Pérez.

Los representantes sindicales trasladaron la problemática de prisiones en general y del Centro Penitenciario de Segovia en particular y solicitaron el compromiso de recoger en su programa electoral, las reivindicaciones de la Plataforma Sindical de prisiones o en su caso el apoyo desde el Gobierno o la oposición, en el reconocimiento de agentes de la Autoridad a los funcionarios de los cuerpos penitenciarios, una adecuación salarial basada en la revisión de la clasificación de centros penitenciarios y la equiparación salarial con los cuerpos penitenciarios de Cataluña.

Así mismo en la reunión se hablaron de otros temas de relevancia como la necesidad de una oferta especial que cubra las vacantes reales que hay en las prisiones españolas con más de 3000 plazas, 47 en Segovia, el envejecimiento preocupante de las plantillas, pase del Grupo C1 al B del Cuerpo de Ayudantes y una auténtica carrera profesional que afecte a todos los grupos de la Institución, con una reasignación de niveles adecuada, como tiene el resto de Administraciones, la situación de la sanidad penitenciaria, contratación a través de un seguro el asesoramiento y defensa de los funcionarios cuando sufran una agresión.

Por su parte, los parlamentarios se comprometieron a trasladar la situación y seguir defendiendo las justas reivindicaciones del colectivo de Instituciones Penitenciarias, al reconocer su trascendental importancia por tratarse un servicio esencial de la comunidad.

PRESO INCENDIA CELDA EN MODULO AISLAMIENTO. LOS FUNCIONARIOS DE LA PRISION DE NUEVO EVITAN UNA TRAGEDIA

En la tarde de ayer se originó un grave incendio en el módulo de Aislamiento,provocado por un interno con graves problemas psiquiátricos utilizando sus prendas para provocar el incendio. La magnifica actuación de los funcionarios del área de vigilancia, poniendo en riesgo su propia integridad física, hizo posible que se salvará la vida de al menos cinco internos más peligrosos de la prisión de Huelva, incluido el propio interno que originó el incendio. Desalojando en un tiempo récord el ala de módulo aislamiento donde se produjo el suceso. Tanto el interno que ha provocado el incendio como los funcionarios que lo han sofocado, han sido atendidos en primera instancia por los servicios médicos del centro. El interno que ha provocado el incendio ,posteriormente, ha tenido que ser traslado de urgencia al hospital de referencia para ser atendido por la inhalación de humo. Este el tercer incendio que se produce en el espacio de tres meses en el módulo de aislamiento. Y hemos visto que este tipo de situaciones se está convirtiendo en algo demasiado habitual en las prisiones españolas. Los funcionarios de prisiones tenemos una escasa formación para extinción de incendios, de hecho, la prisión de Huelva no fue elegida para la realización de un curso de extinción de incendios el pasado año. En cualquiera de los casos la habitualidad y la gravedad de las situaciones que se han producido en estos tres meses, nos hace pensar que ni siquiera la subsanación de esta carencia formativa sería la solución. Porque la realidad es que los funcionarios de prisiones no somos bomberos, y nos estamos enfrentando a situaciones que, literalmente, nos estamos jugando la vida. Por ello la administración penitenciaria debe aportar soluciones más eficaces, por un lado que hagan reducir este tipo de incidentes y por otro no exponga de esta manera la vida de trabajadores. Por otra parte, el incremento de personas que ingresan en prisión con graves problemas psiquiátricos va en aumento. Prácticamente el 30 por ciento de la población reclusa tiene problemas mentales. Tal es el caso que ingresan en centros penitenciarios, personas que han sido condenadas con medidas de seguridad no privativas de libertad porque no existe sitio donde internarlas. Ante este panorama, la administración penitenciaria no reduce el déficit de facultativos en todo los centros penitenciarios, y en concreto, en el centro penitenciario de Huelva donde después de estos tres meses siguen sin realizarse consultas por la falta de facultativos. Y ,por tanto, no se puede hacer un seguimiento adecuado del estado sanitario de la población reclusa, ni mucho menos de internos con estas graves patologias . Circunstancia que al menos reduciría el riesgo que se produjera este tipo de situaciones. Esta circunstancias que estamos describiendo son una muestra de la dejadez de la administración penitenciaria que se preocupa más de actividades o actos para vender a la opinión publica que resolver los graves problemas que venimos denunciando desde hace tanto tiempo. Y es que l@s trabajador@s penitenciari@s no desarrollamos el mismo trabajo que cualquier funcionario de la administración general del Estado y necesitamos por tanto una regulación especifica de nuestras duras condiciones laborales y nos proteja tanto físicamente como jurídicamente ante estas situaciones.

Fuente: El Pais

Quince condenados por asesinato han participado en la investigación, realizada en las cárceles de Huelva y Córdoba.

El Ministerio del Interior ha “paralizado cautelarmente” una investigación científica que, desde 2016, ha aplicado una estimulación eléctrica cerebral a 41 presos violentos, 15 de ellos homicidas, para estudiar su agresividad, según ha confirmado a EL PAÍS un portavoz de Instituciones Penitenciarias. El experimento, realizado en las cárceles de Huelva y Córdoba, consiste en suministrar una leve corriente de 1,5 miliamperios en la frente de los reclusos y evaluar antes y después sentimientos como la hostilidad y la rabia.

Raquel Martín, una psicóloga de 25 años, lleva desde 2016 encontrándose en estas prisiones españolas con hombres condenados por asesinato y robos con violencia. Primero, la investigadora se interesa por los delitos por los que están en la cárcel y realiza un cuestionario de 40 puntos. Los reclusos deben responder si son falsas o verdaderas afirmaciones como “Si se me provoca lo suficiente, puedo golpear a otra persona” o “Algunas veces me siento como un barril de pólvora a punto de estallar”.

Después, Martín coloca electrodos en el cráneo de los reclusos y, durante media hora, procede a la llamada estimulación transcraneal con corriente directa, con el objetivo de activar su corteza prefrontal, un área del cerebro potencialmente relacionada con la agresividad. Son tres sesiones durante tres días. Al terminar, vuelve a hacer las mismas 40 preguntas.

“Antes de la estimulación eléctrica, los presos suelen responder de manera muy violenta. Dicen que si se la hacen, se la pagan. Después de las tres sesiones, se sienten relajados y muchos dicen notar una especie de paz interior”, explica Martín. La investigación es su tesis doctoral. Los primeros resultados se publicaron en enero en la revista especializada Neuroscience y fueron divulgados ayer en la revista británica New Scientist. Esta tarde, Instituciones Penitenciarias ha paralizado la segunda fase hasta recibir un informe solicitado a la subdirección general de Sanidad Penitenciaria. El permiso para realizar el estudio se concedió con el PP en el poder, subrayan las fuentes de Interior.

El estudio está coordinado por los psicólogos Andrés Molero, de la Universidad de Huelva, y Guadalupe Nathzidy Rivera, de la Universidad Autónoma de Baja California, en México. Molero muestra su sorpresa ante la paralización cautelar, ya que la segunda fase ya había sido aprobada por las autoridades penitenciarias el 22 de enero de 2019 y se iba a empezar a llevar a cabo este mismo mes en la cárcel de Huelva.

“La estimulación eléctrica tiene un potencial de uso muy alto”, explica el psicólogo. Sus resultados muestran caídas de hasta un 37% en sentimientos como la agresividad física. Los presos se apuntaron al experimento de manera voluntaria y no registraron efectos adversos relevantes. Un grupo de control, que fue sometido a un paripé de estimulación eléctrica, no mostró una reducción de la agresividad.

“La estimulación transcraneal con corriente directa es una técnica no invasiva, portátil, barata y sencilla. Si hay evidencia científica de que funciona, sería cuestión de regular su uso”, defiende Molero. Estudios recientes han mostrado su potencial como tratamiento de trastornos como la ansiedad y la depresión.

El neurocientífico alemán Michael Nitsche también ha participado en los trabajos en las cárceles españolas. “En mi opinión, el resultado más interesante de este estudio es que sugiere una contribución del control prefrontal en, al menos, la agresividad subjetiva, por lo que mejora nuestra comprensión básica de los mecanismos de percepción de la agresión y, quizá, también del control neuronal del comportamiento agresivo”, apunta el científico, del Centro de Investigación Leibniz, en Dortmund. “Futuros estudios dirán si esta percepción de una disminución de la agresividad se corresponde con una reducción real de la conducta agresiva”, advierte. En España, de momento, estas investigaciones están pendientes de la decisión de Instituciones Penitenciarias.

Se adjuntan los dos examen de acceso al proceso selectivo al Cuerpo de ayudantes de II.PP, OEP 2018

Fuente: Malaga Hoy

El sindicato recalca que las normas de seguridad "obligan a que las obras se realicen sin presencia de personal ajeno a ella"

 JUNT@S, MÁS PROFESIONALES, MÁS UNID@S, MÁS IGUALES, SUMANDO…

 Se acerca LA FECHA, 8 de marzo, en el que tod@s nos rendimos ante la evidencia, la necesidad de DENUNCIAR por todos los medios posibles la injusta realidad que vivimos, la discriminación que todas las mujeres sufrimos en numerosos ámbitos de nuestra vida. Las mujeres de ACAIP, desde la responsabilidad que asumimos como agente social de las empleadas de prisiones, nos unimos a esta visión feminista en el ámbito profesional en el que trabajamos. Nos encontramos con un entorno de trabajo en el que, por definición, nos enfrentamos con la máxima expresión del machismo. Sí, es a nosotras a quienes nuestro Estado de Derecho confía la reeducación y la reinserción de aquellos que realizan las conductas más crueles y vejatorias contra las mujeres por el simple de hecho de ser mujeres. Jamás ninguna profesional de prisiones ha alegado motivos de objeción de conciencia para realizar esta imprescindible labor social, a pesar de que, nosotras sabemos, que en muchas ocasiones nos sobran las razones… Nuestra femenina templanza, el sentido de la responsabilidad, y la gran profesionalidad que mostramos en el desarrollo de nuestro trabajo, merecen la reflexión y honra de este gran colectivo con ocasión de la celebración del día Internacional de la Mujer. Es por ello, que el 8 de marzo, nos hermanamos y nos dirigimos de forma especialmente afectuosa y, sobre todo, admirativa, a nosotras mismas en nuestra condición de MUJERES. A nuestros compañeros os hacemos el guiño de que os unáis en estas justas reivindicaciones, que nos apoyéis en la DENUNCIA, que empaticéis con nuestra realidad, porque en ACAIP sabemos que junt@s hacemos más que sumar….

Feliz 8 DE MARZO a tod@s,

LAS MUJERES DE ACAIP.

EUNIÓN GRUPO DE TRABAJO GUANTES DE CACHEO --6 MARZO 2019
En el día de hoy se ha celebrado una nueva reunión del grupo de trabajo de guantes de cacheo constituido en diciembre del 2017. Asisten a la misma el Subdirector General de Recursos Humanos, el Subdirector Adjunto de Recursos Humanos, la Coordinadora de los Servicios de Prevención y varios técnicos de PRL.
Con carácter previo las Organizaciones Sindicales indican que la Administración tiene la obligación de ofrecer la misma protección en materia de riesgos laborales a todos/as sus trabajadores/as.
Se retoma este grupo de trabajo sobre la base de los 4 modelos de guantes que en la última reunión del grupo fueron preseleccionados, tras un profundo análisis y estudio, entre los 19 presentados.
La Administración, además, por medio del Subdirector de Seguridad del Centro Penitenciario de Málaga I, presenta un modelo de guante que se ha adquirido recientemente en ese centro, y que no cumplen con los valores mínimos de protección que exigen las OOSS, de hecho, tienen el mismo nivel de protección frente al riesgo de pinchazo que los actuales de jardinero, por tanto, son desechados.
Además, nos reservamos el derecho de iniciar las acciones legales a que en Derecho hubiera lugar por esa presunta irregularidad cometida.
De los 4 guantes analizados y valorados se seleccionan dos que ofrecen la misma protección en todos los parámetros:

-Desteridad: Nivel 5
-Resistencia frente a la abrasión: Nivel 4
-Resistencia frente al corte por cuchilla: Nivel F (nueva normativa EN)
-Resistencia frente al desgarramiento: Nivel 4
-Resistencia frente a la perforación: Nivel 4

Se decide que estos guantes deben ser probados para que sean valorados por el personal funcionario, se elige para esa prueba el módulo de ingresos/tránsitos de Valdemoro y el módulo de aislamiento de Estremera.
Se enviarán a esos dos centros los dos modelos seleccionados para que ambos sean probados y evaluados durante 6 semanas por quienes prestan servicio en esos departamentos.
La Administración manifiesta su compromiso que en pocas semanas estará en condiciones de remitir los guantes a esos centros para iniciar las pruebas. Junto con los guantes se suministrará un portaguantes para una más cómoda y accesible utilización de los mismos.
Las Organizaciones Sindicales ponemos de manifiesto que no basta sólo con los guantes, que muchos de los accidentes biológicos no se producen sólo a la hora del cacheo y la requisa, sino de la posterior manipulación de los objetos encontrados, hasta llegar a la Dirección, a la Oficina de Seguridad o al Juzgado.
Es necesario dotar a los centros de unos contenedores transparentes que eviten esos accidentes con riesgo biológico.
El Subdirector General Adjunto y la Coordinadora de los Servicios de Prevención indican que les parece adecuado y que se podría implementar esa medida fácilmente. Sin embargo, si es tan sencillo, ¿por qué no se ha hecho hasta ahora?
Asimismo, aunque no se trate de un Equipo de Protección Individual (EPI) como los guantes, las Organizaciones Sindicales solicitamos se dote de unas “bragas de cuello anticorte” que complementen los distintos equipamientos de intervención.

Madrid, 6 marzo 2019