Los expertos de Interior, que mantienen el nivel dos de la alerta antiterrorista, mantienen que la acción 'relevante' anunciada por Alfredo Pérez Rubalcaba podría ser, además de un gran atentado contra un edificio policial o militar, el secuestro de un funcionario de Instituciones Penitenciarias, un «sector significativo desde el punto de vista social», como lo denominó el ministro.

Una acción que sería fácil de asimilar por la izquierda 'abertzale' y que apuntalaría la campaña de ETA para intentar afianzar la cada vez más debilitada cohesión interna y, de paso, colocar la situación de sus presos en el debate público, «atrayendo la atención de la que ahora carece», en palabras del propio Pérez Rubalcaba.

Los analistas de Interior apuntan que el nivel de amenaza contra el colectivo no era tan alto desde que en octubre de 2000 los terroristas asesinaron en Vitoria al funcionario de la cárcel de Nanclares de Oca Máximo Casado con una bomba-lapa en los bajos de su vehículo privado.

La preocupación es creciente en el Ministerio, pero también entre los trabajadores penitenciarios. El jueves, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, y una comisión integrada por varios expertos de seguridad del Ministerio se reunieron en la sede de Interior con responsables de los dos mayores sindicatos del área, ACAIP y CSI-F, con un solo punto en el orden del día: «revisar, actualizar, mejorar e intensificar» la protección de los funcionarios tras la ofensiva de ETA que ha puesto las cárceles y a sus trabajadores en su punto de mira.

Medidas concretas

Responsables penitenciarios explicaron que en ese encuentro, «estrictamente técnico y sin contenido político», además de estudiar el nivel de amenaza, se analizaron «una por una y centro por centro» las deficiencias de seguridad detectadas en los últimos meses en los traslados, perímetros de los centros, contravigilancias, autoprotección, aparcamientos o intervención de comunicaciones, entre otros ámbitos. Dedicaron especial atención a la seguridad de los empleados de los 53 centros gestionados por la Administración central que acogen miembros de ETA, 586, según el último recuento de este mes de enero.

De esa reunión -señalaron fuentes de Instituciones Penitenciarias- salieron «numerosas decisiones concretas» para «extremar la protección» ante la nueva campaña de los terroristas, que por supuesto no se harán públicas por seguridad.

La propia Mercedes Gallizo pidió en varias ocasiones la «máxima discreción» a los sindicatos para evitar la filtración de las nuevas medidas de prevención para neutralizar cualquier intento de ETA de atacar a miembros del colectivo penitenciario.

A pesar de las órdenes de extremar la protección y las mejoras que Interior se comprometió a acometer de inmediato, los representantes de los trabajadores no salieron, ni mucho menos, contentos. Responsables de las dos centrales aseguraron que Instituciones Penitenciarias «minimizó» el riesgo, sin reparar en que durante todo enero se han sucedido los altercados leves con internos de ETA, unos enfrentamientos que han coincidido con la puesta en marcha el 12 de enero de la campaña del Colectivo de Presos Políticos Vascos. Interior negó que minimizara los riesgos y apuntó que reconoció que los funcionarios, como otros colectivos, estaban en la diana de ETA.

Informes internos

Los informes internos y comunicaciones de CSIF, además de denunciar varias deficiencias concretas en la protección del colectivo de funcionarios, insisten en el «recrudecimiento de las amenazas de la banda terrorista ETA». La organización envió el 14 de enero una solicitud a Gallizo en la que planteó «el aumento de la seguridad de los trabajadores, cuya indefensión ante un atentado terrorista es más que patente». En ese mismo documento, los representantes sindicales reclamaban a la Secretaría General la aplicación con el «máximo rigor» de la «normativa relativa a la seguridad interior de los establecimientos penitenciarios».

La otra central, ACAIP, también en enero, denunció el aumento de la amenaza terrorista. Según los documentos del sindicato, «desde finales de diciembre los trabajadores de los centros penitenciarios estamos siendo objeto de amenazas por parte del entorno de la organización terrorista ETA».

La entidad gremial, que desvelaba que «medios afines» a la banda han puesto a los funcionarios en su «punto de mira», entregó a Interior un informe sobre los problemas de seguridad y un resumen de las informaciones distribuidas por el colectivo de familiares de presos de ETA, Etxerat, referidas a los trabajadores de centros penitenciarios y a las supuestas trabas a los familiares de internos etarras.